El País .- La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil apura sus últimos días en el cargo y quiere dejar huella en un asunto tan capital como controvertido. La magistrada Rosa Weber ha votado este viernes a favor de despenalizar el aborto hasta la semana 12 al reabrir las deliberaciones sobre un caso con potencial para que Brasil deje de ser el único de los grandes países latinoamericanos donde la interrupción voluntaria del embarazo todavía sigue restringida a tres supuestos. Esa decisión de Weber en un caso del que es ponente es parte de su despedida. La semana próxima se jubila forzosamente al cumplir 75 años. Muestra de lo espinosa que es aún la cuestión, inmediatamente después del voto de la jueza la vista quedó suspendida y el debate será retomado más adelante en una fecha indeterminada. La magistrada sostiene en su decisión que, “al observar el mundo a partir de la lente de la mujer, la maternidad no debe derivar de la coerción social (…), sino del ejercicio libre de su autodeterminación para construir su proyecto de vida”. Weber ha querido dejar clara su postura en un caso que el Supremo tiene sobre la mesa hace seis años. Y en un momento en que es probable que Weber sea sustituida por un hombre y quede una única mujer entre los once togados. Desde hace siete décadas, las brasileñas pueden interrumpir su gestación en caso de violación o de riesgo para la salud de la embarazada. Y desde 2012, y gracias a una decisión de los tribunales, en caso de que el feto carezca de cerebro. La antropóloga Débora Diniz, una de las principales referencias sobre el aborto en este país, afirmaba este viernes a primera hora que “Brasil está más cerca que nunca de despenalizarlo”. La última encuesta nacional indica que una de cada siete brasileñas ha interrumpido al menos un embarazo antes de cumplir los 40. Cada año se practican en torno a medio millón de abortos. La mayoría, clandestinos. Las brasileñas negras tienen un 46% más de probabilidades de someterse a un proceso inseguro. Los legales son poquísimos, rondan los 2.000 anuales. Sostiene Diniz que el voto de la juez Weber “es muy sólido” y deja claro que el Código Penal contradice en este ámbito la Constitución. La experta recalca que el fallo responde a las principales controversias sobre la cuestión pero recalca que “tenemos que esperar al juicio”. La incógnita es si será retomado en cuestión de semanas, meses o años. Aunque Brasil fue pionero en América al aprobar en 1940 el derecho al aborto, en los últimos años ha quedado muy rezagado en la batalla a favor de los derechos reproductivos por la ola ultraconservadora que llevó al poder al militar retirado Jair Bolsonaro. Mientras Bolsonaro aislaba Brasil del mundo, sellaba una alianza política con las Iglesias evangélicas y recortaba derechos, la despenalización avanzaba veloz en Argentina, Colombia y México gracias a una potente movilización feminista. El Senado argentino lo legalizó a finales de 2020 hasta la semana 14. La Corte Suprema colombiana dio luz verde, en 2022, hasta la semana 24. Y, por unanimidad, el máximo tribunal mexicano lo acaba de legalizar este mes en todo el territorio. El caso sobre el que Weber se pronunció anoche viene de muy lejos. Es una demanda presentada por el Partidos Socialismo y Libertad (PSOL), de izquierdas, que se juzga en el Tribunal Supremo desde 2017. Como alertan los especialistas, incluso en casos evidentes como las violaciones, muchas brasileñas desconocen que tienen derecho a un aborto seguro y gratuito en la sanidad pública. Ni siquiera los médicos y enfermeras que las atienden les informan a menudo de esa posibilidad. Y luego está el arraigado conservadurismo, que coloca al embrión por encima de cualquier otra consideración. Cada tanto se conocen casos espeluznantes como el de una niña de 11 que recientemente dio a luz un segundo bebé fruto de las violaciones de un pariente. El derecho al aborto es un asunto políticamente tóxico en Brasil. Durante los 13 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), el único avance fue autorizarlo en casos de anencefalia y fue una decisión judicial. Durante la última campaña electoral, Luiz Inácio Lula da Silva insistió en la postura que defiende hace años: es un asunto de salud pública y él personalmente es contrario. Nunca ha abanderado la causa, como sí hizo el argentino Alberto Fernández, porque sabe que en el Brasil actual es una receta para perder apoyo electoral. Antes de retirarse, Weber quería asegurarse de que la corte abordaba varios temas trascendentales: el derecho al aborto, los primeros juicios por el intento de golpe del pasado enero y los derechos de los indígenas a las tierras que habitaron sus antepasadas antes de 1988. La sustitución de Weber ha alumbrado una intensa e ingeniosa campaña impulsada por movimientos negros y feministas para que el presidente Lula designe una mujer, mejor si es negra, para ocupar la plaza. Él insiste en que busca alguien de máxima confianza y todo indica que nombrará a un segundo varón, como hizo en junio, cuando premió al abogado que le sacó de prisión. En ese caso quedaría una sola jueza en el Supremo. Un hecho nada baladí cuando el máximo tribunal tiene pendiente el debate sobre si despenalizar la interrupción del embarazo. El Supremo es ahora mismo la única opción para alcanzar ese objetivo en vista de que el actual es el Congreso más conservador de la historia. En una de sus primeras entrevistas tras asumir el cargo de ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, advirtió abiertamente del riesgo de perder lo conquistado si cuestión aterriza en las Cámaras parlamentarias: “De la manera cómo está siendo planteado hoy por el Congreso, en cualquier discusión sobre el aborto vamos a perder más que ganar”. Añadió la ministra que, “en lo que sea posible avanzar, avanzaremos. Ahora, si es para retroceder, mejor asegurar lo que ya está garantizado por la ley”.