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Trump recurre ante el Tribunal Supremo su exclusión de las primarias de Colorado

Internacionales / Victor Gonzalez / 03/01/2024

El País .- El expresidente sostiene que el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 “no fue una insurrección” Donald Trump es el asunto estrella del año en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Aunque ya hay varios casos que le afectan de forma directa o indirecta, el recurso presentado este miércoles por el expresidente definirá el futuro electoral de Estados Unidos. Trump ha recurrido ante los jueces su exclusión de las papeletas electorales en las primarias de Colorado, una decisión tomada también en Maine y que podría ser replicada por otros estados. Hay más de una treintena en los que su participación está impugnada. Los magistrados tendrán que decidir si debe dejarse a Trump al margen de las elecciones por haber participado en una insurrección, en referencia a sus intentos de alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden, y que desembocaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En su recurso, Trump sostiene que aquello no fue una insurrección. La presentación del recurso se daba por segura. El expresidente y ahora candidato tenía de plazo hasta este jueves 4 de enero para acudir al Supremo, que cuenta con una supermayoría conservadora de seis de los nueve jueces, tres de ellos nombrados por el propio Trump durante su presidencia. El recurso se suma a otro presentado por el Partido Republicano de Colorado la semana pasada. Llega además al día siguiente de otro presentado por Trump ante el Tribunal Superior de Maine contra su exclusión en las primarias de dicho estado. En ambos Estados las primarias se celebran el próximo 5 de marzo, el conocido como Supermartes, la fecha en que se eligen más de un tercio de los delegados que designarán al candidato presidencial republicano. El Tribunal Supremo de Colorado decidió por cuatro votos a tres que a Trump se le debía aplicar la sección tercera de la 14ª enmienda, declarándole inelegible para el cargo de presidente por haber participado en una insurrección. Por tanto, decidieron que su nombre no debería figurar en las papeletas de las elecciones primarias de cara a las presidenciales del 5 de noviembre de 2024. El recurso de 43 páginas elevado al Supremo comparte los argumentos del presentado ante el Tribunal Superior de Maine. Los recursos ante el Alto Tribunal se formulan como preguntas y en este caso la cuestión es directa: “¿Se equivocó el Tribunal Supremo de Colorado al ordenar excluir al presidente Trump de las presidenciales de 2024?”. “En nuestro sistema de ‘gobierno del pueblo, por el pueblo, [y] para el pueblo’, el fallo de Colorado no es ni puede ser correcto. Este Tribunal debe admitir el recurso para considerar esta cuestión de suma importancia, revocar sumariamente la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado y devolver a los votantes el derecho a votar por el candidato de su elección”, dice el escrito. “La cuestión de la elegibilidad para servir como presidente de los Estados Unidos está debidamente reservada al Congreso, no a los tribunales estatales, para considerar y decidir. Al considerar la cuestión de la elegibilidad del presidente Trump y excluirlo de la votación, el Tribunal Supremo de Colorado se arrogó la autoridad del Congreso”, argumentan los abogados. Una “protesta política” El recurso dice que el tribunal de Colorado se equivocó en cómo describió el papel del presidente Trump en los acontecimientos del 6 de enero de 2021. “No fue una ‘insurrección’ y el presidente Trump de ninguna manera ‘participó’ en una ‘insurrección”, señala la introducción del escrito. Más adelante, en el cuerpo del recurso, los abogados de Trump insisten en que “los sucesos del 6 de enero de 2021 no fueron una ‘insurrección’ en el sentido en que se utiliza ese término en la sección tercera [de la 14ª Enmienda]”. “Insurrección’, tal como se entendía en el momento de la aprobación de la 14ª Enmienda, significaba tomar las armas y hacer la guerra a los Estados Unidos. Cuando se considera en el contexto de la época, esto tiene sentido. Estados Unidos había sufrido una horrible guerra civil en la que murieron más de 600.000 combatientes, y la propia supervivencia de la nación estaba en entredicho”, continúa el recurso. Es una enmienda aprobada en 1868, tres años después del final de la Guerra Civil, que pretendía impedir que los rebeldes confederados ocupasen posiciones de poder. El asalto al Capitolio, en cambio, según los argumentos de la defensa de Trump, no es propio de una insurrección, sino que se engarza en la “larga historia de protestas políticas que se han vuelto violentas” en Estados Unidos. “En el contexto de la historia de las violentas protestas políticas estadounidenses, el 6 de enero no fue una insurrección y, por tanto, no había justificación para invocar la sección tercera”, dice el recurso. El escrito sostiene que, en todo caso, incluso si se consideraran aquellos actos una insurrección, el entonces presidente no habría participado en ella: “El presidente Trump nunca dijo a sus seguidores que entraran en el Capitolio, ni en su discurso en la Elipse [desde donde partieron los asaltantes tras el mitin] ni en ninguna de sus declaraciones o comunicaciones antes o durante los actos en el Capitolio”, señalan, pese a la retórica incendiaria de Trump de aquel día. El texto de la norma Además, los abogados se detienen en el análisis del texto legal para concluir que no es aplicable al caso actual. La sección tercera de la 14ª enmienda señala: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente apoyar la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de Estados Unidos o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país”. Añade que ese veto podrá ser levantado por el Congreso

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Los sindicatos argentinos protestan en la calle por el desmantelamiento del Estado decretado por Milei

Internacionales / Victor Gonzalez / 27/12/2023

El País .- Las principales centrales obreras del país convocan una concentración que acaba con al menos seis detenidos. El ultraderechista afirma que hará un plebiscito si la medida es rechazada por el Congreso Miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones han protestado este miércoles en el centro de Buenos Aires contra un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para desmantelar el Estado argentino. La marcha ha aunado a las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que calcula una asistencia de 20.000 personas, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La concentración se ha realizado en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y ha transcurrido sin incidentes hasta la desconcentración, al mediodía, cuando la tensión entre los manifestantes y la policía ha crecido. Los diferentes sectores concentrados durante la mañana han apelado a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”. “El DNU destroza nuestros derechos y lo hace, además, de forma antidemocrática”, ha señalado Juan Vita, integrante de la CTA, durante la concentración este miércoles. “Si este Gobierno, que fue elegido democráticamente, piensa que es necesario [el decreto], que lo lleve al Congreso”, ha demandado. El sindicalista ha explicado que esta manifestación es parte de “un plan en crecimiento”: “Iremos viendo en cada momento cómo seguir. No descartamos otras medidas”. Alrededor se alzaban más consignas que criticaban la forma y el fondo del decreto. “Sin derechos no hay democracia”, se leía en los carteles que alzaban los sindicatos. Los partidos y movimientos de izquierda, en otro sector de la plaza, pedían el fin del “plan motosierra” y acabar con “la represión a los que luchan”. Un grupo se trasladaba, cuando aún era posible moverse entre la masa, con la imagen de una virgen de Luján, patrona de Argentina, en los hombros. El movimiento feminista criticaba en redes sociales que el decreto es “una clara muestra de autoritarismo” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaba que el paquete de modificaciones “viola la división de poderes”. Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete. El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y la CGT también presentó una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada este miércoles por la Justicia, según informan medios nacionales. La CGT ha reclamado este miércoles a la Justicia “que cumpla con la función de controlador del Poder Ejecutivo” y ha interpelado a Milei en un comunicado: “No se confunda, señor presidente. No somos la casta, somos los trabajadores”. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto en las Cámaras. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según han señalado, y definiendo sus estrategias con prudencia. Ni la CGT ni la CTA han anunciado aún un paro general, una medida que está sobre la mesa y que exigen las organizaciones de izquierda. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, es “una mala señal” que las centrales sindicales no hayan convocado a una huelga de 24 horas. “Esta marcha es casi simbólica. Sin masividad ni calles cortadas. Necesitamos una acción de fondo”, ha exigido Kane. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, ha señalado el legislador y ha demandado un “plan de lucha” acorde a la “gravedad” del decreto. Tensión en las calles Las primeras reacciones contra el DNU sonaron desde los balcones tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”. Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo para controlar los alrededores de Plaza Lavalle. La concentración ha transcurrido sin incidentes

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Coca-Cola pierde un nuevo asalto de su multimillonaria batalla fiscal en Estados Unidos

Internacionales / Victor Gonzalez / 10/11/2023

El País .- La compañía recurrirá la sentencia adversa en un pleito cuyo impacto potencial supera los 14.000 millones de dólares La multinacional estadounidense Coca-Cola ha sufrido un serio revés en la multimillonaria batalla fiscal que afronta contra la agencia tributaria estadounidense (el IRS, por sus siglas en inglés). El Tribunal Fiscal de Estados Unidos ha dictado este miércoles un dictamen, publicado en su página web, en el que da la razón al fisco en un caso clave. Forma parte de una disputa en la que la compañía se juega más de 14.000 millones de dólares (13.100 millones de euros), según sus propias estimaciones, de los que tendrá que pagar unos 5.600 millones a corto plazo. Coca-Cola ha anunciado que recurrirá. El nuevo fallo es complementario de otro dictado en 2020. Ambos van referidos a los precios de transferencia o la forma en que Coca-Cola asignaba los beneficios a diferentes filiales. En opinión de las autoridades, Coca-Cola trasladaba resultados en exceso a jurisdicciones extranjeras para evitar hacer frente a unos impuestos estadounidenses más altos. El IRS rechazó esa ingeniería fiscal y efectuó ajustes en las declaraciones fiscales, que la compañía recurrió. El mismo juez que ha dictado el nuevo fallo le dio la razón a la agencia tributaria en su dictamen de 2020, de 244 páginas. En aquel momento, el Tribunal Fiscal se reservó el pronunciamiento sobre el efecto de las restricciones legales brasileñas al pago de cánones por parte del licenciatario de Coca-Cola en Brasil hasta después de que se aclarase un caso parecido sobre el conglomerado 3M, que se resolvió a principios de año. Ahora, el juez ha dictado su dictamen complementario sobre Brasil en que también da la razón al IRS y admite de forma íntegra el ajuste hecho por los inspectores a la declaración de impuestos de la empresa de los años 2007 a 2009. Después de emitido el nuevo fallo, Coca-Cola y la agencia tributaria disponen de tiempo para llegar a un acuerdo sobre el impacto fiscal de ambos dictámenes, tras lo cual el Tribunal Fiscal emitirá su resolución final sobre el caso. La empresa dispondrá entonces de 90 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito y pagar la deuda tributaria y los intereses correspondientes a los ejercicios 2007 a 2009. La reclamación inicial era de 3.300 millones de dólares más intereses por esos tres ejercicios. Coca-Cola ha revisado recientemente su estimación y en su último informe trimestral registrado ante la Comisión de valores y Bolsa calcula que el pago que deberá efectuarse en ese momento por los ejercicios de 2007 a 2009, ascendería aproximadamente a 5.600 millones de dólares, incluidos los intereses hasta el 29 de septiembre de 2023, más los intereses adicionales devengados hasta el momento del pago. Una parte o la totalidad de este importe se reembolsaría si la empresa ganara el recurso. Además, si se extrapola la nueva interpretación fiscal a los ejercicios posteriores, “la compañía estima que el pasivo potencial incremental de impuestos e intereses podría ser de aproximadamente 14.000 millones de dólares a 31 de diciembre de 2022″, una cifra que habría que actualizar con los intereses adicionales hasta el momento de los pagos. Y el nuevo criterio fiscal tendría un impacto permanente sobre sus cuentas. La compañía estima que el impacto de la aplicación continuada de esa metodología habría supuesto unos 1.200 millones de dólares más en los primeros nueve meses del año. Para ejercicios futuros supondría un aumento del tipo impositivo efectivo de aproximadamente un 3,5%, según su último informe trimestral. Es un impacto muy grande como para no pelearlo hasta el final, así que si el tribunal de apelaciones no le da la razón, lo más probable es que la compañía intentase llegar hasta el Supremo, como da entender el hecho de que alegue que el ajuste tributario es inconstitucional. “The Coca-Cola Company no está de acuerdo con las acciones del IRS y la última decisión del Tribunal Fiscal de Estados Unidos”, ha dicho la empresa en un comunicado. “Aunque no estamos de acuerdo con la interpretación del tribunal de los hechos y la ley en este caso, nos complace acercarnos a una resolución final del caso del Tribunal Fiscal para que podamos presentar una apelación, donde podemos hacer valer nuestras reclamaciones y defender enérgicamente la posición de la empresa. Esto incluye nuestra creencia de que es inconstitucional hacer frente a una responsabilidad fiscal retroactiva basada en el uso por parte del IRS de una metodología de cálculo que era diferente de la que se acordó y aprobó hace tiempo en las inspecciones durante más de una década”, añade. Curiosamente, en su defensa la compañía alegaba un viejo precedente de un caso de la multinacional Procter & Gamble en relación con los pagos por derechos de su filial española. El juez rechaza que ambos supuestos sean comparables y considera que Coca-Cola no ha aportado pruebas que sostengan sus argumentos. La multinacional estadounidense tuvo también problemas en España por los precios de transferencia y Hacienda levantó diversas actas a la compañía reclamando cantidades millonarias. La empresa pagó en 2013 más de 40 millones por sus discrepancias en el impuesto de sociedades.

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El Supremo de Brasil retoma fugazmente el debate sobre la despenalización del aborto

Internacionales / streaming streaming / 22/09/2023

El País .- La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil apura sus últimos días en el cargo y quiere dejar huella en un asunto tan capital como controvertido. La magistrada Rosa Weber ha votado este viernes a favor de despenalizar el aborto hasta la semana 12 al reabrir las deliberaciones sobre un caso con potencial para que Brasil deje de ser el único de los grandes países latinoamericanos donde la interrupción voluntaria del embarazo todavía sigue restringida a tres supuestos. Esa decisión de Weber en un caso del que es ponente es parte de su despedida. La semana próxima se jubila forzosamente al cumplir 75 años. Muestra de lo espinosa que es aún la cuestión, inmediatamente después del voto de la jueza la vista quedó suspendida y el debate será retomado más adelante en una fecha indeterminada. La magistrada sostiene en su decisión que, “al observar el mundo a partir de la lente de la mujer, la maternidad no debe derivar de la coerción social (…), sino del ejercicio libre de su autodeterminación para construir su proyecto de vida”. Weber ha querido dejar clara su postura en un caso que el Supremo tiene sobre la mesa hace seis años. Y en un momento en que es probable que Weber sea sustituida por un hombre y quede una única mujer entre los once togados. Desde hace siete décadas, las brasileñas pueden interrumpir su gestación en caso de violación o de riesgo para la salud de la embarazada. Y desde 2012, y gracias a una decisión de los tribunales, en caso de que el feto carezca de cerebro. La antropóloga Débora Diniz, una de las principales referencias sobre el aborto en este país, afirmaba este viernes a primera hora que “Brasil está más cerca que nunca de despenalizarlo”. La última encuesta nacional indica que una de cada siete brasileñas ha interrumpido al menos un embarazo antes de cumplir los 40. Cada año se practican en torno a medio millón de abortos. La mayoría, clandestinos. Las brasileñas negras tienen un 46% más de probabilidades de someterse a un proceso inseguro. Los legales son poquísimos, rondan los 2.000 anuales. Sostiene Diniz que el voto de la juez Weber “es muy sólido” y deja claro que el Código Penal contradice en este ámbito la Constitución. La experta recalca que el fallo responde a las principales controversias sobre la cuestión pero recalca que “tenemos que esperar al juicio”. La incógnita es si será retomado en cuestión de semanas, meses o años. Aunque Brasil fue pionero en América al aprobar en 1940 el derecho al aborto, en los últimos años ha quedado muy rezagado en la batalla a favor de los derechos reproductivos por la ola ultraconservadora que llevó al poder al militar retirado Jair Bolsonaro. Mientras Bolsonaro aislaba Brasil del mundo, sellaba una alianza política con las Iglesias evangélicas y recortaba derechos, la despenalización avanzaba veloz en Argentina, Colombia y México gracias a una potente movilización feminista. El Senado argentino lo legalizó a finales de 2020 hasta la semana 14. La Corte Suprema colombiana dio luz verde, en 2022, hasta la semana 24. Y, por unanimidad, el máximo tribunal mexicano lo acaba de legalizar este mes en todo el territorio. El caso sobre el que Weber se pronunció anoche viene de muy lejos. Es una demanda presentada por el Partidos Socialismo y Libertad (PSOL), de izquierdas, que se juzga en el Tribunal Supremo desde 2017. Como alertan los especialistas, incluso en casos evidentes como las violaciones, muchas brasileñas desconocen que tienen derecho a un aborto seguro y gratuito en la sanidad pública. Ni siquiera los médicos y enfermeras que las atienden les informan a menudo de esa posibilidad. Y luego está el arraigado conservadurismo, que coloca al embrión por encima de cualquier otra consideración. Cada tanto se conocen casos espeluznantes como el de una niña de 11 que recientemente dio a luz un segundo bebé fruto de las violaciones de un pariente. El derecho al aborto es un asunto políticamente tóxico en Brasil. Durante los 13 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), el único avance fue autorizarlo en casos de anencefalia y fue una decisión judicial. Durante la última campaña electoral, Luiz Inácio Lula da Silva insistió en la postura que defiende hace años: es un asunto de salud pública y él personalmente es contrario. Nunca ha abanderado la causa, como sí hizo el argentino Alberto Fernández, porque sabe que en el Brasil actual es una receta para perder apoyo electoral. Antes de retirarse, Weber quería asegurarse de que la corte abordaba varios temas trascendentales: el derecho al aborto, los primeros juicios por el intento de golpe del pasado enero y los derechos de los indígenas a las tierras que habitaron sus antepasadas antes de 1988. La sustitución de Weber ha alumbrado una intensa e ingeniosa campaña impulsada por movimientos negros y feministas para que el presidente Lula designe una mujer, mejor si es negra, para ocupar la plaza. Él insiste en que busca alguien de máxima confianza y todo indica que nombrará a un segundo varón, como hizo en junio, cuando premió al abogado que le sacó de prisión. En ese caso quedaría una sola jueza en el Supremo. Un hecho nada baladí cuando el máximo tribunal tiene pendiente el debate sobre si despenalizar la interrupción del embarazo. El Supremo es ahora mismo la única opción para alcanzar ese objetivo en vista de que el actual es el Congreso más conservador de la historia. En una de sus primeras entrevistas tras asumir el cargo de ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, advirtió abiertamente del riesgo de perder lo conquistado si cuestión aterriza en las Cámaras parlamentarias: “De la manera cómo está siendo planteado hoy por el Congreso, en cualquier discusión sobre el aborto vamos a perder más que ganar”. Añadió la ministra que, “en lo que sea posible avanzar, avanzaremos. Ahora, si es para retroceder, mejor asegurar lo que ya está garantizado por la ley”.

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La justicia argentina reabre dos causas contra Cristina Kirchner y la envía a juicio oral

Internacionales / streaming streaming / 18/09/2023

El País .- La justicia federal argentina ha reabierto dos causas y ha llamado a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal, el último tribunal antes de la Corte Suprema, ha resuelto este lunes revocar el sobreseimiento de la expresidenta (2007-2015) en dos casos: uno por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de una inmobiliaria familiar y de la empresa administradora de sus hoteles en la Patagonia, archivada en noviembre de 2021; y otro en el que se la acusa de encubrir a los iraníes acusados de ser los autores ideológicos del atentado contra la mutual israelita en Buenos Aires (AMIA), que dejó 84 muertos en 1994. Un tribunal oral había cerrado esta causa en octubre de 2021 por no hallar un delito. La vicepresidenta argentina, que afronta la recta final hacia las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre alejada de los focos, volverá a ser juzgada por un tribunal tras ser condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en otra causa de corrupción. En ese caso, al igual que en los que han vuelto a la escena este lunes, le queda la apelación ante la Corte Suprema. Kirchner no ha respondido a la decisión judicial en su contra, pero ha avisado casi al mismo tiempo que este sábado participará de un evento que celebra la reedición de un libro sobre su marido, el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010. El evento ya se antoja similar a todas sus apariciones públicas del último año: con el país expectante sobre qué dirá sobre un asunto de actualidad. La reapertura a juicio de la causa Hotesur – Los Sauces será el segundo juicio oral y público que enfrente la vicepresidenta tras el caos que desató el primero en la segunda mitad de 2022. El 12 de agosto del año pasado, un fiscal pidió su encarcelamiento y desató semanas de protestas que paralizaron uno de los barrios más ricos de Buenos Aires. Los vecinos de Kirchner habían salido a protestar contra ella, y días después sus seguidores armaron un acampe al que acudieron cientos de personas para respaldarla. Durante dos semanas, hubo protestas callejeras, manifestaciones y enfrentamientos con la policía. Todo terminó la noche de 1 de septiembre, después de que un hombre se infiltrara entre la multitud y gatillara sin éxito una pistola a centímetros de su cabeza. Tres meses después, el tribunal encontró culpable a Kirchner de defraudar al Estado en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, bastión patagónico del kirchnerismo. En la causa, la vicepresidenta había sido imputada junto a sus hijos Máximo y Florencia por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de la empresa administradora de los hoteles propiedad de los Kirchner en la provincia patagónica de Santa Cruz, Hotesur, y de la inmobiliaria familiar, Los Sauces. El caso se remonta hasta 2014, cuando la Justicia empezó a investigar a la empresa administradora del hotel Alto Calafate, uno lo de los tres que poseen los Kirchner. La sospecha era que empresarios afines contrataron durante años sus habitaciones como forma encubierta de pagar sobornos a la familia a cambio de contratos de infraestructura. Al año siguiente, se sumó la investigación sobre la inmobiliaria familiar, por la que la Justicia acusó a la vicepresidenta de encabezar una asociación ilícita que lavó dinero proveniente de la obra pública. En el fallo de sobreseimiento dictado el 26 de noviembre de 2021, dos de los tres jueces del tribunal argumentaron que los hechos en los que se basa la acusación de asociación ilícita ya habían sido juzgados en la provincia de Santa Cruz. Otro de los argumentos fue que no hubo lavado de dinero porque, cuando se realizaron los hechos, existía una ley distinta a la actual, que favorece a los imputados. Kirchner y su hijo mayor, diputado y cabeza del peronismo en la provincia de Buenos Aires, volverán a juicio. La Cámara resolvió que no hay elementos para juzgar a su hija menor, Florencia, que tenía 12 años cuando se formó la presunta asociación ilícita. Kirchner también irá a juicio por una acusación de encubrimiento y traición a la patria. En 2017, un juez la acusó de proteger a los imputados iraníes en la causa AMIA, el atentado terrorista contra la AMIA en 1994. Buscando la prisión preventiva de Kirchner, que entonces era senadora, el juez pidió su desafuero, pero no logró que se tratase en el Senado. La expresidenta había sido denunciada por un fiscal llamado Alberto Nisman en enero de 2015. Cuatro días después, Nisman fue hallado muerto en su departamento de Buenos Aires en circunstancias que todavía no están claras. El fiscal denunció que el Gobierno de Kirchner firmó un memorándum con Irán en 2013 que preveía una cooperación conjunta en la investigación del atentado. Nisman dijo que el objetivo era encubrir a los imputados a cambio de la firma de convenios comerciales bilaterales. El memorándum nunca entró en vigor porque no fue refrendado por el Parlamento iraní, y los imputados fueron sobreseídos en octubre de 2021.

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La fiscalía suma nuevos cargos contra Trump por intentar borrar imágenes de videovigilancia en el caso de Mar-a-Lago

Internacionales / streaming streaming / 28/07/2023

El País .-La oficina del fiscal especial Jack Smith amplía la imputación a una tercera persona, un empleado de mantenimiento de la mansión de Florida que mintió a los investigadores Donald Trump se enfrenta desde este jueves a dos cargos adicionales de obstrucción a la justicia y uno de retención intencionada de información clasificada en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, por el que fue imputado el mes pasado en Florida, por ordenar el borrado de imágenes de las cámaras de videovigilancia de la mansión para dificultar la investigación. Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia para este caso y el de presunta injerencia electoral en 2020, ha ampliado la acusación a Carlos de Oliveira, un trabajador del servicio de mantenimiento de la residencia de Florida. Hasta ahora los únicos imputados eran Trump y su asistente personal Walt Nauta. El anuncio de la fiscalía se produce horas después de que los abogados del republicano se entrevistaran con miembros de la misma en Washington, en una reunión calificada por el propio Trump de “productiva”. Smith acusa al segundo empleado de supuestamente ayudar a Trump a eludir la acción de los funcionarios de Justicia que trataban de recuperar los documentos sacados de la Casa Blanca -información clasificada y sensible sobre cuestiones de seguridad nacional-, al intentar borrar, por orden de Trump, las imágenes de las cámaras de seguridad de la mansión y mentir a los investigadores. El inicio del juicio por este caso está previsto para el 20 de mayo. Smith ha acusado a De Oliveira de conspiración para obstruir la justicia, declaraciones falsas y destrucción de documentos, según la acusación revisada que se desvelado hoy en un tribunal federal de Florida. Trump se declaró inocente en Miami el mes pasado de los 37 cargos federales que hasta entonces pesaban contra él, por retener ilegalmente documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca en enero de 2021 y por obstrucción a la justicia. Los fiscales le acusan de comprometer algunos de los secretos de seguridad nacional más sensibles por un manejo negligente de los archivos, que fueron hallados en medio centenar de cajas repartidas por distintas estancias de la mansión, incluido un cuarto de baño. La campaña de Trump para la reelección en 2024 ha criticado duramente los nuevos cargos, calificándolos de “continuo intento desesperado y tambaleante de la Familia del Crimen Biden y su Departamento de Justicia de acosar al presidente Trump y a quienes le rodean”. Es el argumento favorito del republicano para desacreditar a los fiscales, de quienes dice que actúan por una motivación política, la de perjudicarle y beneficiar a los demócratas. Trump ha calificado la acción de la justicia de “interferencia electoral al más alto nivel”. Los fiscales aseguran que De Oliveira mintió durante una entrevista voluntaria con investigadores del FBI que registraron la casa, asegurando a los agentes que no participó en ningún traslado ni movimiento de pruebas y que no estaba al tanto de ningún esfuerzo de ese tipo. “Entonces ¿no sabe dónde se habrían guardado los objetos en cuanto [Trump] se trasladó de nuevo a Mar-a-Lago?”, le preguntó un agente, según la agencia Bloomberg, que ha tenido acceso al sumario. “No”, respondió De Oliveira. Justicia sostiene que el trabajador “presenció personalmente y ayudó a mover las cajas [de documentos] de Trump” cuando llegaron al complejo en enero de 2021. Trump y su asistente personal Nauta ya fueron acusados el mes pasado por retención intencionada de información de defensa nacional, ocultación de documentos, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas. El republicano, que está en campaña para otro mandato en la Casa Blanca, es el primer expresidente que se enfrenta a acusaciones federales de conducta delictiva. Tanto la causa de los papeles de Mar-a-Lago, como el caso que motivó la primera imputación contra él –el presunto pago de dinero a una actriz porno para comprar su silencio-, y un tercero, que podría valerle la tercera acusación desde abril, el del intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, se instruyen por la vía penal.

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Trump pide retrasar el juicio de Mar-a-Lago hasta después de las elecciones

Internacionales / streaming streaming / 11/07/2023

El País .- Los abogados del expresidente sostienen que la carrera electoral absorbe sus energías y le impediría preparar su defensa. Ni agosto, como proponía la jueza inicialmente, ni diciembre, como sugería el fiscal. Los abogados del expresidente Donald Trump quieren que el juicio por la supuesta retención ilegal de documentos clasificados se retrase hasta después de las elecciones presidenciales de 2024. Aunque sea de forma implícita, es la admisión de que Trump cree que su agenda judicial, y en particular el caso de Mar-a-Lago, puede complicarle sus planes de regreso triunfal a la Casa Blanca. En un escrito presentado ante la jueza Aileen Cannon, los abogados de Trump y de su asistente personal Walt Nauta, también imputado, señalan que “comenzar un juicio de esta magnitud solo seis meses después de la imputación no es razonable, es revelador y daría lugar a un error judicial”. Además de la supuesta complejidad del caso, los abogados de Trump apelan expresamente al argumento electoral: “El presidente Trump es candidato a la presidencia de los Estados Unidos y actualmente es el probable candidato del Partido Republicano. Esta empresa requiere una enorme cantidad de tiempo y energía, y ese esfuerzo continuará hasta las elecciones del 5 de noviembre de 2024. El trabajo del señor Nauta requiere que acompañe al presidente Trump durante la mayoría de los viajes de campaña por todo el país. Esta programación hace que la preparación del juicio con ambos imputados sea todo un reto. Dicha preparación requiere una planificación y un tiempo significativos, lo que hace que el calendario actual sea insostenible, lo que aconsejaría un aplazamiento”, dice el escrito. Los candidatos republicanos a las primarias ya están metidos en campaña en los primeros estados que celebran las primarias y también han empezado a hacer incursiones con su caravana electoral en algunos de los estados llamados a votar el supermartes, el próximo 5 de marzo, que es el día decisivo en las primarias, al votar un gran número de estados. La carrera republicana tiene marcada en la agenda el pistoletazo de salida el 15 de enero de 2024, cuando se celebran los caucus de Iowa, el primer Estado en que los votantes manifestarán sus preferencias. Ventaja de Trump Trump cuenta por ahora con una gran ventaja en las encuestas frente a todos sus rivales. La campaña de Ron DeSantis, su principal alternativa, no ha logrado tomar fuerza en ningún momento. A DeSantis le cuesta encontrar el tono con el que enfrentarse a Trump sin indisponer a las bases trumpistas y ha tenido varios patinazos que le mantienen muy alejado en intención de voto del expresidente. El resto de rivales, entre ellos Mike Pence, Nikki Haley o Tim Scott, tampoco avanzan. De la docena larga de candidatos, muchos no tienen garantizado ni siquiera acudir al primer debate, que se celebra en Milwaukee el 23 de agosto en Milwaukee (Wisconsin), pues se exige un mínimo de intención de voto y tener al menos 40.000 donantes. Rizando el rizo, uno de los candidatos, Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte, está ofreciendo tarjetas regalo de 20 dólares a 50.000 votantes que le donen un dólar. Así, gastando un millón de dólares alcanzaría esa cota. Mientras, Trump se resiste a asistir al debate. Su ventaja es tan contundente que quiere evitar cualquier margen de error y todo tipo de imprevistos. La mayor amenaza que se cierne contra él es la agenda judicial. Tener que sentarse en el banquillo quizá no le haga especial daño entre los votantes republicanos de las primarias, pero seguramente dificulta mucho su elección en noviembre de 2024 frente al presidente Joe Biden, más que probable candidato demócrata. El riesgo es que las bases republicanas perciban que sus opciones de éxito son muy bajas y opten por otro candidato. La jueza Cannon, nombrada en su día por Trump, había fijado como primera fecha tentativa para el comienzo del juicio el próximo 14 de agosto. El fiscal especial Jack Smith consideraba insuficiente el tiempo para resolver las cuestiones previas y preparar el caso, así que sugirió el 11 de diciembre como alternativa. Ahora Trump plantea un aplazamiento indefinido. “El tribunal debería, por tanto, retirar la orden actual que fija el juicio y posponer cualquier consideración sobre una nueva fecha para el juicio”, indican los abogados en su escrito. El caso presenta una complejidad especial porque parte de las pruebas siguen siendo información clasificada confidencial. El proceso se desarrollará bajo un estricto conjunto de normas prescritas por la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, cuyo objetivo es proteger las pruebas clasificadas y gestionar la divulgación de las mismas. Trump hace frente a 37 cargos por violaciones de la ley de espionaje, obstrucción a la justicia, conspiración y falsedad que suman unas penas máximas teóricas de 400 años de cárcel. De todos los cargos, 31 lo son por retención ilegal de documentos sensibles para la defensa nacional. El expresidente se ha declarado inocente. En paralelo, ha comenzado en el condado de Fulton (donde está Atlanta, la capital de Georgia), la selección del gran jurado que podría tomar la decisión de imputar a Trump este verano por la interferencia electoral en las presidenciales de 2020 en Georgia. En lo que parecía un preanuncio de una posible imputación, Fani Willis, la fiscal del condado de Fulton, envió el mes pasado una carta al juez jefe del Tribunal Superior del condado. En ella, indicaba que planea que gran parte de su personal trabaje a distancia la mayoría de los días durante las tres primeras semanas de agosto y pedía que los jueces no programasen juicios y vistas en persona durante parte de ese tiempo. En paralelo, el fiscal especial Smith continúa investigando los intentos de Trump de aferrarse al poder y evitar la certificación de la clara victoria que logró Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, en las que sacó al expresidente una diferencia de siete millones de votos populares y se impuso por 306 a 232 delegados o votos electorales. Ese caso también está avanzando con la toma de declaraciones en Washington. Cualquiera de ellos puede interponerse en la carrera presidencial de Trump. En cambio,

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