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El ultraderechista Milei impulsa por ley hasta seis años de cárcel para los promotores de protestas sociales

El País .- La medida forma parte de un proyecto de más de 600 artículos que otorga atribuciones legislativas al presidente en cuestiones económicas, fiscales, tarifarias y hasta electorales. El ultraderechista Javier Milei ha enviado este miércoles al Congreso un proyecto de ley que declara al país en “emergencia pública” e incluye 664 artículos que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La ley ómnibus, como se llama por su extensión y variedad de temas, supone la transferencia al poder ejecutivo de amplias facultades legislativas en cuestiones económicas, financieras, previsionales, fiscales, sanitarias y hasta electorales. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso, incluye además un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible con hasta seis años de cárcel si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos. El texto enviado al Congreso, la iniciativa política más contundente de Milei desde que asumió el poder en Argentina, a principios de mes, advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al proyecto de ley remitido el miércoles se suman otras acciones previas que han elevado el descontento social durante las primeras tres semanas en la Casa Rosada. Primero, fue el decálogo de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien devaluó la moneda un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y la energía a partir de enero, entre otras medidas. Esta semana, el Gobierno también anuló los contratos de al menos 5.000 empleados estatales, tras la firma de un decreto con cientos de reformas que, según la lectura del Ejecutivo, no necesitaban pasar por el Congreso. En la lista de reformas que propone el proyecto legislativo, llamado con pompa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, está la facultad del Ejecutivo para privatizar medio centenar de empresas públicas, el fin de las elecciones primarias de los partidos y una reestructuración de la Cámara de Diputados que facilita sumar parlamentarios a segundas y terceras fuerzas electorales, como es en este momento el partido de gobierno, La Libertad Avanza. La ley, de aprobarse, interviene sobre todo tipo de cuestiones. Las universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán cobrar a los estudiantes extranjeros su formación; se promueve además un blanqueo a las grandes fortunas que llevan años evadiendo impuestos. La propuesta de Milei declara al país en situación de “emergencia pública” hasta el 31 de diciembre de 2025. Este plazo tan amplio, además, podrá prorrogarse otros dos años, con lo que abarcaría todo el mandato del presidente. Es esa situación de supuesta emergencia pública la que habilita al Gobierno para asumir competencias que corresponden al poder legislativo. La Constitución argentina impide esa transferencia de poderes “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Protestas sindicales La Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las principales centrales sindicales del país, se reunirán este jueves para evaluar los próximos pasos contra las reformas del ultraderechista. Sobre la mesa está la posibilidad de ir a huelga. Pero los sindicatos están “midiendo el termómetro”, según señalaron fuentes de organizaciones a este periódico, y definiendo sus estrategias con prudencia. Los sindicalistas consideran que tienen tres caminos para enfrentar las medidas del Gobierno: la justicia, el Congreso y las calles. En las últimas semanas, se reunieron con diputados y senadores; presentaron una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada por la justicia y el miércoles, salieron a las calles antes de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley con casi 700 artículos. La concentración, que reunió a más de 20.000 personas, según los organizadores, transcurrió sin incidentes hasta el mediodía. La CGT había pedido permiso para manifestarse, según aseguró el Gobierno, que celebró que la central pidiera autorización. La protesta estuvo contenida en los límites de la plaza Lavalle, en el centro de Buenos Aires, por un fuerte operativo que desplegó la ministra Bullrich. Fue inevitable, sin embargo, que los asistentes pisaran el pavimento por el tamaño de la convocatoria. Durante la desconcentración de la protesta hubo tensión entre un grupo pequeño de manifestantes con la Policía, que detuvo a al menos seis personas; además, un agente fue herido por un bus. Manifestación el miércoles en el centro de Buenos Aires.AMANDA COTRIM “¡Poné la fecha! ¡Poné la fecha!”, se escuchó durante la concentración. La exigencia estaba dirigida a las centrales obreras, a quienes los manifestantes les reclamaban que llamen a un paro general. Rodolfo Aguiar, secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que integra la CTA, cree que es “un dato positivo” haber visto “la plaza desbordada” el miércoles. “El nivel de conflictividad crece y las condiciones para una huelga general están configuradas”, aseguró a EL PAÍS el sindicalista. Aguiar, sin embargo, pidió a los trabajadores “tener paciencia” sobre el llamado de huelga general. “Los trabajadores esperan que sus representantes sean capaces de unir fuerzas y esperamos que los dirigentes centrales estén a la altura de las circunstancias”, instó Aguiar, quien señaló que “el tiempo corre a favor de Milei” porque el decreto de necesidad de urgencia impuesto por el ultraderechista entra en vigor el viernes. El paquete de reformas puede ser frenado en el Congreso o en los tribunales, pero mientras eso no ocurra, las medidas serán leyes. Además, la ley ómnibus empezará a ser tratada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Manifestantes en la plaza frente al Palacio de Justicia en Buenos Aires, el miércoles.AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS) Para partidos y

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Los sindicatos argentinos protestan en la calle por el desmantelamiento del Estado decretado por Milei

El País .- Las principales centrales obreras del país convocan una concentración que acaba con al menos seis detenidos. El ultraderechista afirma que hará un plebiscito si la medida es rechazada por el Congreso Miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones han protestado este miércoles en el centro de Buenos Aires contra un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para desmantelar el Estado argentino. La marcha ha aunado a las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que calcula una asistencia de 20.000 personas, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La concentración se ha realizado en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y ha transcurrido sin incidentes hasta la desconcentración, al mediodía, cuando la tensión entre los manifestantes y la policía ha crecido. Los diferentes sectores concentrados durante la mañana han apelado a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”. “El DNU destroza nuestros derechos y lo hace, además, de forma antidemocrática”, ha señalado Juan Vita, integrante de la CTA, durante la concentración este miércoles. “Si este Gobierno, que fue elegido democráticamente, piensa que es necesario [el decreto], que lo lleve al Congreso”, ha demandado. El sindicalista ha explicado que esta manifestación es parte de “un plan en crecimiento”: “Iremos viendo en cada momento cómo seguir. No descartamos otras medidas”. Alrededor se alzaban más consignas que criticaban la forma y el fondo del decreto. “Sin derechos no hay democracia”, se leía en los carteles que alzaban los sindicatos. Los partidos y movimientos de izquierda, en otro sector de la plaza, pedían el fin del “plan motosierra” y acabar con “la represión a los que luchan”. Un grupo se trasladaba, cuando aún era posible moverse entre la masa, con la imagen de una virgen de Luján, patrona de Argentina, en los hombros. El movimiento feminista criticaba en redes sociales que el decreto es “una clara muestra de autoritarismo” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaba que el paquete de modificaciones “viola la división de poderes”. Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete. El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y la CGT también presentó una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada este miércoles por la Justicia, según informan medios nacionales. La CGT ha reclamado este miércoles a la Justicia “que cumpla con la función de controlador del Poder Ejecutivo” y ha interpelado a Milei en un comunicado: “No se confunda, señor presidente. No somos la casta, somos los trabajadores”. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto en las Cámaras. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según han señalado, y definiendo sus estrategias con prudencia. Ni la CGT ni la CTA han anunciado aún un paro general, una medida que está sobre la mesa y que exigen las organizaciones de izquierda. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, es “una mala señal” que las centrales sindicales no hayan convocado a una huelga de 24 horas. “Esta marcha es casi simbólica. Sin masividad ni calles cortadas. Necesitamos una acción de fondo”, ha exigido Kane. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, ha señalado el legislador y ha demandado un “plan de lucha” acorde a la “gravedad” del decreto. Tensión en las calles Las primeras reacciones contra el DNU sonaron desde los balcones tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”. Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo para controlar los alrededores de Plaza Lavalle. La concentración ha transcurrido sin incidentes

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Milei anula por decreto más de 5.000 contratos de trabajadores estatales en Argentina

El País .- La medida afecta a los empleados que ingresaron en el último año. El texto avisa de que se revisarán también las contrataciones previas a 2023 mientras los sindicatos se preparan para concentrarse este miércoles contra el desguace del Estado El presidente argentino, Javier Milei, ha retomado su agenda para reducir al mínimo el Estado tras el receso de Navidad. En su tercera semana de Gobierno, el mandatario ultra ha firmado un decreto que cesa los contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año. El Gobierno calcula que son “más de 5.000″ los afectados, mientras que otras fuentes, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estiman que la cifra supera los 7.000. El número podría crecer, ya que el Gobierno también revisará en los próximos 90 días los contratos de trabajadores del sector público empleados antes del 1 de enero de 2023, y los sindicatos están en alerta. El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. La medida contempla algunas excepciones: por ejemplo, están exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como las personas con discapacidad, o el personal que es considerado “indispensable” para una jurisdicción. El texto también anticipa que el resto de los contratos será sometido a “un relevamiento exhaustivo” en los próximos 90 días. En su primer discurso como presidente, Milei ya había anticipado que el ajuste que promete su Gobierno lo pagará el Estado y no el sector privado. El recorte empezó por el Gabinete de Ministros, cuado el ultraderechista limitó el número de carteras a nueve, la mitad de los que había en la gestión anterior. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció como parte de las primeras medidas económicas la reducción de la plantilla estatal. El decreto publicado este martes es un paso más en la hoja de ruta del Gobierno y apunta a “lograr un mejor funcionamiento de la Administración pública”. El sector público argentino cuenta en total con casi 3,5 millones de empleados asalariados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, de los que una décima parte pertenecen a la Administración nacional. El gasto en personal de estos últimos representa el 2,2% del PIB, de acuerdo a un informe de la consultora Ieral – Fundación Mediterránea, un porcentaje que se ha reducido desde 2015, cuando era del 3,3% del PIB. Según ese análisis, la participación del empleo público en el presupuesto “está cerca de los países escandinavos y en las antípodas de Japón y Alemania”. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha calificado el decreto de “agresión” contra estos trabajadores y ha considerado en un comunicado que los empleados públicos “en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables”. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, ha avisado Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en un comunicado difundido por la organización, en el que se avisa que el sindicato pretende “profundizar” su “plan de lucha”. El reclamo se hará oír este miércoles en una convocatoria hecha por las centrales sindicales del país para exigir también que se frene el decreto firmado por Milei hace una semana con 300 reformas para desguazar el Estado argentino. El presidente presentó el pasado miércoles otro decreto de necesidad y urgencia que deroga leyes, elimina decenas de regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas como la petrolera YPF y abre la puerta a las operaciones en dólares. También da el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. Los reclamos de los trabajadores, que consideran que el ajuste de Milei recae en los sectores más vulnerables de la población, se harán en un clima de tensión marcado por un nuevo protocolo contra los cortes de calles. El plan fue anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, casi en simultáneo a las medidas económicas y entró en práctica por primera vez el pasado 20 de diciembre, cuando decenas de miles de personas salieron a protestar rodeados de fuertes medidas de seguridad. Presión sobre el Congreso Milei también ha oficializado este martes el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderá hasta el 31 de enero. El decreto publicado en el Boletín Oficial enumera en un anexo las iniciativas a tratar, como el proyecto de ley para reformar el Estado o el proyecto de ley para establecer la boleta única de papel en las elecciones nacionales, temas que no entraron en el decreto de necesidad y urgencia impuesto por Milei hace una semana y que serán enviados al Congreso de forma “inminente”, según el Gobierno. Para lograr la transformación del país que pretende, Milei necesitará negociar con otras fuerzas políticas. Aunque obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, está en minoría en las dos cámaras del Congreso: en Diputados, la ultraderecha tiene solo 38 bancas propias de un total de 257; en el Senado, ocho de 72. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha lanzado este martes un mensaje a los legisladores que tratarán el temario y ha puesto presión sobre las Cámaras. “Diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio y esta Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda”, ha dicho Adorni tras la reunión de Gabinete. El portavoz ha indicado que apela a su “buena voluntad” y a que “estén a la altura de las circunstancias”.

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Milei inicia el desguace del Estado argentino imponiendo 300 reformas en un solo decreto

El País .- El presidente ultraderechista deroga leyes sin pasar por el Congreso, elimina decenas de controles estatales y habilita la privatización de empresas Javier Milei ha iniciado formalmente el desguace del Estado argentino. Rodeado de sus ministros, el Presidente de ultraderecha presentó este miércoles un decreto que deroga leyes, elimina decenas de regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas como la petrolera YPF y abre la puerta a las operaciones en dólares. También da el puntapié inicial para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. Las nuevas normativas estarán vigentes al menos hasta que el decreto sea revisado por el Congreso, donde el oficialismo está en minoría. Para rechazarlo es necesario el voto negativo de ambas Cámaras. En un discurso leído de 15 minutos, Milei enumeró 30 de las cerca de 300 reformas que contiene el texto que se publicará en el boletín oficial. Entre ellas está la derogación de las leyes que obligaban a las empresas a garantizar el abastecimiento interno de alimentos y a los supermercados a señalizar los precios más bajos de algunos productos básicos. También elimina las normativas de promoción industrial en zonas desfavorecidas, la ley de alquileres que fijaba aumentos semestrales para los inquilinos y la legislación que impide la privatización de empresas públicas. Desde hoy, los clubes de fútbol podrán ser sociedades anónimas, los extranjeros no tendrán límites para comprar tierras y se podrán hacer operaciones en dólares sin impedimento alguno. El sistema de salud sufrirá también cambios importantes. Los seguros privados podrán fijar libremente los precios a partir de ahora, mientras que los seguros vinculados a los sindicatos (conocidos como obras sociales) tendrán un marco regulatorio más flexible. Además, se establece la receta médica electrónica con el objetivo de agilizar trámites y reducir costos. El decreto abre el protegido mercado argentino al mundo al eliminar muchas de las reglas que ponían trabas a las importaciones y a las exportaciones. La industria argentina, que ha gozado durante años de escasa competencia interna, será uno de los sectores más perjudicados, como ya ocurrió durante la década neoliberal de Carlos Menem (1989-1999). Milei inició su discurso, retransmitido por cadena nacional de radio y televisión en horario de máxima audiencia, con una larga diatriba contra los políticos —a los que tildó de ser una “casta” endiosada— y la izquierda, a la que volvió a acusar de provocar millones de muertos en todo el mundo. El ultraderechista enviará además al Congreso una serie de leyes con cambios que no pueden hacerse por decreto presidencial. “Los diputados deberán elegir entre ser parte del cambio u obstruir el proceso de reformas más ambicioso de los últimos 40 años para que Argentina vuelva a ser una potencia mundial”, amenazó. No esperará a marzo, cuando comienza el año legislativo, sino que convocará a sesiones extraordinarias. Uno de los caballitos de batalla de Milei es la desregulación del mercado laboral argentino, que mantiene normas muy beneficiosas para los trabajadores en blanco, el 30% del total. Varios Gobiernos han intentado reformar la legislación laboral y han fracasado, pero el nuevo presidente quiere volver a probarlo. El decreto ataca aquellos flancos de la normativa que no necesitan pasar por el Congreso, como el aumento del período de prueba antes de las nuevas contrataciones y mecanismos de indemnización alternativos a los actuales. Cacerolazos Milei llegó a la presidencia con el voto récord del 56% de los argentinos y usa ese respaldo para pedir a los legisladores que aprueben el cambio de rumbo “que la gente votó”. Pero gobierna en una sociedad muy polarizada y con sindicatos y organizaciones poderosas que están dispuestos a plantar cara en las calles a cualquier recorte de derechos. La primera manifestación tuvo lugar en la tarde de miércoles, cuando más de diez mil personas tomaron el centro de Buenos Aires en medio de un enorme despliegue policial para protestar contra el gran recorte del gasto público anunciado, de unos 20.000 millones de dólares. Horas después, tras escuchar la lectura del decreto presidencial, la protesta se reavivó entre la clase media urbana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas desde los balcones de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del país. De a poco, los manifestantes se reunieron en las avenidas principales de cada barrio y cientos de ellos decidieron marchar juntos hasta las puertas del Congreso, donde muchos conductores tocaban la bocina en señal de apoyo. Este tipo de manifestaciones se popularizaron en 2001, cuando estalló la peor crisis económica y social de la historia reciente de Argentina. La oposición condenó con dureza un decreto que busca transformar de la noche a la mañana a Argentina en un estado liberal. Desde el peronismo, una de las voces más críticas fue la del gobernador bonaerense Axel Kicillof: “[Milei] se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir “democracia: ¡afuera!”, señaló. La izquierda pidió a los sindicatos que convoquen a una huelga general. El Congreso puede rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Milei con el voto mayoritario en cada una de las cámaras. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna. Mientras esto ocurre, las nuevas normativas tienen vigencia.

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Decenas de miles de argentinos protestan contra Milei rodeados de fuertes medidas de seguridad

El País .- Las calles del centro de Buenos Aires por donde discurría la marcha amanecieron blindadas, con especial énfasis en la Plaza de Mayo Decenas de miles de argentinos se manifestaron este miércoles por primera vez contra el Gobierno de Javier Milei y su duro recorte del gasto público en un clima de gran tensión. Buenos Aires amaneció con un enorme despliegue policial en los accesos a la ciudad y las estaciones de tren y este aumentó a medida que se acercaba el arranque previsto para la manifestación, las cuatro de la tarde. Los alrededores de Plaza de Mayo fueron blindados con antidisturbios con un objetivo claro: evitar el corte de calles y garantizar la libre circulación. Fracasaron en ese objetivo radical. La elevada participación hizo imposible que los manifestantes caminaran solo por la acera, como quería el Gobierno. Avanzaron con pancartas y bombos por todo lo ancho de las dos avenidas que desembocan en la plaza de Mayo, epicentro de la protesta, y el tránsito tuvo que ser desviado por las calles cercanas. “Unidad de los trabajadores”, cantaba la multitud, mientras algunos se acercaban al cordón policial para insultar a los antidisturbios y silbaban al paso de los furgones preparados por si había detenidos. La manifestación se celebró en un ambiente tenso, pero sin violencia. Hubo sólo dos detenidos en un enfrentamiento aislado, en medio de una gran marcha pacífica convocada por más de un centenar de organizaciones. La idea original era recordar, como todos los 20 de diciembre, a las víctimas de la violenta represión que marcó el final del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Un total de 39 personas murieron y cerca de 500 resultaron heridas durante protestas multitudinarias. Sin embargo, la marcha se resignificó tras el recorte del gasto anunciado por Milei y se convirtió en la primera protesta contra su administración, a sólo diez días de haber asumido como presidente de Argentina. “Milei estafador. Prometiste ajustar a la casta política y ajustaste al pueblo”, podía leerse en una pancarta”. “Plata para educación, no para el FMI”, podía leerse en otra que levantaba Catalina, una maestra de la Matanza, la mayor ciudad de la periferia bonaerense. “La situación en las escuelas públicas es desesperada. Hay chicos que pasan hambre, a veces llegan al aula sin comer, y con Milei va a empeorar porque los precios de los alimentos se dispararon tras la devaluación”, augura esta docente. Alberto Fernández dejó el Gobierno con una inflación interanual del 160%, pero las estimaciones oficiales para 2024 son de cuatro cifras, récord mundial. El coto a los piquetes evidencia un giro de 180 grados en la respuesta estatal a una de las formas más comunes de protesta en Argentina, que consiste en bloquear calles y carreteras durante horas, a veces incluso días. En las últimas décadas, ha habido una gran tolerancia hacia estas manifestaciones y en algunas de ellas participaron incluso el propio Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los manifestantes ocuparon hoy algunas calles, pero no cortaron las principales arterias de circulación, un punto medio que dejó contentas a las dos partes. Tanto las organizaciones como el Gobierno consideraron un éxito la jornada. La actitud del Gobierno ultraderechista no ha sido una sorpresa. El control de la calle fue una de sus promesas de campaña y es la más popular, incluso entre aquellos que no están entre sus votantes. El 65% de la población está de acuerdo con que el Gobierno garantice la libre circulación, según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires realizada la semana pasada. Por el contrario, más del 50% se opone a otras promesas como la dolarización, la privatización de la petrolera estatal YPF, la desregulación del precio de los alimentos y combustibles y la eliminación de los subsidios a la energía y el transporte público. Sin niños en la protesta En los últimos días, el Gobierno hizo todo lo posible por disuadir a los manifestantes. Pidió evitar la participación de niños “para no exponerlos al calor y la violencia” y amenazó con retirar las ayudas sociales a aquellos que cortasen la calle. La población más pobre quedó así atrapada entre dos extremos: las organizaciones sociales, que animaban a manifestarse, y el Gobierno, que advertía que no lo hiciesen y habilitó una línea telefónica para denunciar de forma anónima si los obligaban a asistir a la marcha. Según fuentes oficiales, más de 9.000 personas llamaron para denunciar amenazas de las organizaciones sociales. Muchos de los presentes este miércoles en la plaza se rebelaban contra el estereotipo de que son forzados a protestar. “Quería venir a la marcha porque no me alcanza para comer. Nos dicen vagos, planeros, pero yo trabajo más que nadie. Cobro un plan y trabajo en un comercio que me paga una miseria mientras la dueña vacaciona en Uruguay”, dice Fátima Flores, quien sostiene un bebé de un año en brazos, uno de los pocos niños presentes en una manifestación que muchos tenían miedo que terminase con graves enfrentamientos y represión policial. “El problema de este país no son las movilizaciones, el problema de este país es que Milei, de un día para el otro, nos sacó el 50% de nuestro poder adquisitivo con una devaluación”, señalaba horas antes Betina Sanchís, una jubilada septuagenaria en la estación de Once, muy controlada por policías durante todo el día. Esta mujer asegura que sufre insomnio por no saber si el año que viene tendrá techo o no. A día de hoy paga 40.000 pesos (50 dólares) por una habitación, un tercio de su jubilación, pero la decisión de Milei de recortar las pensiones le hace temer que tenga que abandonarla en cuestión de meses. Sanchís asegura que los argentinos están acostumbrados a las crisis y a salir de ellas, pero lamenta la creciente división que ve en la sociedad. “No me gusta nada todo esto. Es el pobre contra el pobre, en vez de unirnos. Va a terminar muy mal”, advierte.

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Milei amenaza con quitar las ayudas sociales a quienes corten la calle para protestar

El País .- La ministra de Capital Humano pide a las madres que no asistan con sus hijos a las protestas porque es “innecesario exponerlos al calor y a la violencia”. La izquierda denuncia al Gobierno ante la justicia La tensión va en aumento en Argentina en vísperas de la primera protesta convocada contra el Gobierno de Javier Milei. El plan de mano dura del presidente contra las manifestaciones se pondrá a prueba este miércoles, cuando organizaciones de izquierda marchen a la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires contra el recorte de 20.000 millones de dólares de gasto público y lo que consideran una “criminalización de la protesta”. Tras anunciar que las fuerzas de seguridad actuarán ante cualquier corte de calle “hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, el Gobierno ultraderechista redobló este lunes las amenazas: retirará toda ayuda social a quien corte una calle. Diputados opositores manifestaron que se trata de una medida inconstitucional y la denunciaron ante la Justicia. “El que corta no cobra”, advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un breve mensaje difundido a través de las redes sociales del Ejecutivo. Sus palabras buscan amedrentar a la población más vulnerable, que depende de los planes sociales para sobrevivir, e inauguran una nueva diferencia según la clase social: cortar una calle en la Argentina presidida por Milei tendrá un riesgo más alto para los pobres que para los ricos. Los argentinos de bien a los que se dirige siempre Milei no cortan calles, parece decir entre líneas un mensaje que tiene memoria selectiva: durante la pandemia, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó y alentó protestas contra el largo confinamiento decretado por el Gobierno peronista y el escándalo del vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud. En su breve mensaje, Pettovello señaló que “si bien es un derecho manifestarse, también lo es el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”. La movilización está convocada por la tarde, cuando la mayoría de los argentinos regresa a sus hogares, pero, al margen del horario, la idea es mantener una política de tolerancia cero hacia los que incumplan el nuevo protocolo. Este obliga a manifestarse en la vereda en vez de marchar por la calle, como es habitual en Argentina. El Gobierno espera un aumento de la conflictividad social por el deterioro económico que provocará su plan de ajuste del 5% del PIB para 2024, equivalente a unos 20.000 millones de dólares. Se prevé más inflación, más hambre y más pobreza. Pero ya desde antes, las protestas en Buenos Aires eran casi cotidianas. Cualquiera que haya paseado por los alrededores del Obelisco, la Plaza de Mayo o frente a los ministerios (ahora secretarías) de Trabajo y Desarrollo es posible que encontrase alguna manifestación que obligaba a desviar el tránsito. Milei quiere que deje de ser así, al igual que muchos de los que lo votaron, y exige que los que protestan respeten el paso de los automóviles y las señales de tránsito. Sin embargo, las nuevas reglas serán todavía más difíciles de cumplir en el caso de movilizaciones multitudinarias, como la del 8 de marzo por el Día internacional de la mujer o la del 24 de ese mismo mes, cuando miles de personas se manifiestan contra la dictadura en el aniversario del último golpe de Estado. Organizaciones de derechos humanos advierten que el nuevo protocolo de seguridad ataca el derecho a la protesta y persigue la organización social y política. “Más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, denuncia el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS). Más del 40% de pobres Desde que asumió la Presidencia, el 10 de diciembre, Milei ha reiterado que se mantendrá firme en su plan para transformar Argentina. “Se van a encontrar un presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita”, señaló en su discurso de investidura. La cabeza visible de la represión de las protestas será Bullrich, quien ya encabezó la cartera de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Su trabajo será más fácil cuanta menos gente participe en las marchas, por lo que el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en amenazas como la de este lunes. El 40,1% de la población argentina es pobre y uno de cada dos habitantes del país recibe algún tipo de asistencia estatal, ya sea de forma directa o a través de una organización, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El Gobierno de Milei eliminará esa intermediación para restar poder a las organizaciones. Hasta entonces, refuerza uno de los estereotipos más extendidos sobre los beneficiarios de ayudas: que son acarreados a la fuerza a las manifestaciones. De lo contrario, creen, no protestarían. “Nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan”, señaló la ministra. Para asegurarse de que es así, suspenderán el control de los certificados de presencialidad que presentan las organizaciones sociales, una decisión contraria a la exigencia de presencialidad plena para todos los empleados públicos. La ministra de Capital Humano usó el miedo para desalentar la participación de niños en las protestas. “Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar”, advirtió. Para el CELS, el Gobierno de Milei “criminaliza a madres y padres que demandan mejores condiciones para sus familias y excluye a quienes están a cargo de su cuidado”. Denuncias anónimas El mensaje de Pettovello se reprodujo en canales y redes sociales del Gobierno y, de forma abreviada, también en la aplicación oficial de Mi Argentina. “Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley vamos a cuidarte”, comienza la comunicación gubernamental en la app. Desde allí, el Ejecutivo anima a denunciar de forma anónima al 134 a cualquier persona a la que amenacen con retirarle la ayuda si

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Milei lanza un plan para reprimir las protestas: “Si se toman las calles, habrá consecuencias”

El País .- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta un nuevo protocolo contra los cortes de calles mientras aumenta la tensión por los recortes económicos anunciados esta semana Después de encender la motosierra en la economía, el Gobierno de Javier Milei ha anunciado su plan de mano dura contra las protestas en Argentina. La nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado este jueves un nuevo protocolo contra las manifestaciones callejeras. “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz. Las calles no se toman. Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias”, ha dicho Bullrich en conferencia de prensa. El anuncio ha sido un baldazo de agua fría en el país, que atraviesa una disparada de precios y una devaluación del 50% de la moneda en la primera semana de Gobierno del ultraderechista. El nuevo protocolo contra las manifestaciones tiene previsto convocar a las cuatro fuerzas de Seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad –la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria– para disolver protestas callejeras que bloqueen calles y rutas. “Se va a actuar hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, ha amenazado Bullrich. “Las fuerzas emplearán la fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”. La ministra y excandidata presidencial de la derecha tradicional que se alió a Milei tras su derrota, ha apelado a una de las quejas de sus votantes: la idea de que los cortes de calles generan un desorden que no deja que “la gente pueda vivir con normalidad y en paz”. “Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto”, ha dicho Bullrich. “Es hora de terminar con esta metodología, con la extorsión que sufren los ciudadanos”. Las fuerzas federales tendrán la potestad de arrestar a quienes “cometan delitos” durante las protestas, podrán actuar en el transporte público para incautar “material” de protestas “como palos” e indagar a “encapuchados” o a personas que se dirijan a protestas “intentando no ser reconocidas”. Bullrich ha afirmado que se creará un registro de organizaciones sociales –gremios, sindicatos y asociaciones– que “instiguen” las protestas y que “enviará la factura” de “los gastos” de la represión a los responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones con personería o los individuos”, ha dicho la ministra, que también ha anunciado que se denunciará ante la agencia de Migraciones a los extranjeros radicados en el país con un permiso temporal que participen de las protestas. “Se pueden manifestar en la vereda. No queremos cortes de calles ni de rutas”, ha dicho la ministra. “Este no es un problema de ideologías, es un problema de entender de una vez por todas que el país debe vivir en paz y en orden”. El anuncio ha llegado mientras la temperatura sube en Buenos Aires por el plan de ajuste económico que presentó el ministerio de Economía este martes. El Gobierno subió el valor del dólar de 400 a 800 pesos, prometió no renovar los contratos de los empleados públicos que lleven menos de un año en sus puestos, y ha anunciado aumentos en las tarifas de servicios básicos y del transporte público. Los aumentos impulsados por el Gobierno no se conocerán hasta febrero, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo, pero Argentina está acostumbrada a remarcar precios en la calle ante los sismos políticos. Esta semana los precios en los supermercados han subido hasta un 40% tras el fin del congelamiento de la canasta básica impulsado por el peronismo y el precio de los combustibles ha aumentado al menos un 30%. “Hemos encontrado a un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que se muera”, había defendido el miércoles el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, y los sindicatos y gremios respondieron con convocatorias urgentes para buscar respuestas. Los ojos están puestos en el próximo miércoles, en un nuevo aniversario de la crisis del corralito de 2001, cuando se espera que haya manifestaciones conmemorativas en Buenos Aires en recuerdo de la represión policial que dejó 38 muertos en las calles en medio de la peor crisis económica de la historia reciente del país. El fin de un paradigma “Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré”, afirmó Bullrich al final de la conferencia de prensa de este miércoles. Se refería a las reglas de actuación de la policía ante las protestas que fue impulsado en durante el Gobierno de Cristina Kirchner en 2011. El protocolo de Nilda Garré, entonces ministra de Seguridad, establecía algunas reglas básicas de actuación durante las manifestaciones, como que la intervención policial se desarrolle de manera “progresiva”, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta. El protocolo Garré estableció también la prohibición de portar armas de fuego a los agentes que pudieran entrar en contacto directo con los manifestantes, que las pistolas que disparan balas de goma solo podrían usarse “para fines defensivos”, que todos los agentes y sus vehículos deberían estar visiblemente identificados y que la policía debería garantizar la libre cobertura informativa de las protestas, sin impedir que los periodistas tomen testimonios y fotografías. Lo que implique la derogación de este protocolo todavía no está claro.

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Javier Milei anticipa con una visita a la Casa Blanca el giro de Argentina hacia Estados Unidos

El País .- El presidente electo argentino explica su programa económico en un viaje de 48 horas a Washington y Nueva York El presidente electo de Argentina, Javier Milei, explicó este martes su programa económico al consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en una reunión de cerca de una hora en el edificio ejecutivo Eisenhower de la Casa Blanca. Según el incipiente mandatario, también presentó a los altos cargos estadounidenses “el nuevo encuadre” de Argentina en “las naciones que respetan la libertad”. Al encuentro también asistieron el asesor del presidente Joe Biden para América Latina, Juan González, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. En un mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía junto a su equipo de asesores que asistió al encuentro, el ultra Milei ha calificado el evento de “una reunión excelente”. “Hemos hablado de la situación económica y social en Argentina en este momento”, apuntaba a los medios en unas breves declaraciones tras abandonar la residencia presidencial en Washington y poco antes de emprender su vuelo de regreso a Buenos Aires. Acompañaban al presidente en ciernes su hermana y mano derecha, Karina Milei; el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el empresario Gerardo Werthein, amigo personal de Bill Clinton y cuyo nombre suena como próximo embajador argentino en Washington; el exsecretario de Finanzas macrista y posible ministro de Economía en el nuevo Gabinete, Luis Caputo, y el estratega en comunicación Santiago Caputo. También estuvo presente el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Mark Stanley. Milei “expresó durante el encuentro su mirada sobre la agenda geopolítica internacional alineada con Occidente y su defensa de los valores de la libertad”, indica un comunicado de la oficina del presidente electo. Por su parte, Sullivan “manifestó la predisposición de Estados Unidos para colaborar en la transición del gobierno argentino entrante ante la desafiante coyuntura política, económica y social que atraviesa el país”, según la versión argentina de la reunión. Inicialmente había estado previsto que el vencedor de las elecciones argentinas, tras derrotar hace diez días al peronista Sergio Massa, se hubiera reunido también durante su visita a Washington con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, aunque finalmente a ese encuentro asistieron únicamente sus asesores económicos. Milei ya había mantenido una reunión por vídeoconferencia el pasado viernes con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Argentina recibió un cuantioso préstamo de 44.000 millones de dólares por parte de este organismo en 2018, pero ha sido incapaz de devolverlo en tiempo y forma incluso tras haber renegociado las condiciones. Antes del encuentro, la Casa Blanca ya había adelantado su interés en escuchar del líder de La Libertad Avanza cuál será su programa económico y político de Gobierno. “Argentina es un socio dinámico en este continente para muchos asuntos. Tenemos muchas ganas de escuchar las ideas del presidente electo y ver hacia dónde quiere dirigirse en cuestiones de política, y garantizar que mantenemos abiertas las líneas de comunicación”, había declarado el lunes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, al confirmar la reunión. Durante su estancia en Nueva York, Milei había almorzado con el senador demócrata Chris Dodd y el expresidente estadounidense Bill Clinton. Su primer acto en la Gran Manzana había sido una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, más conocido como “el rebe de Lubavitch”. Se trata de un lugar sagrado para el judaísmo, que Milei ya había visitado con anterioridad para pedirle su bendición para ser elegido presidente de Argentina. La visita a Washington y Nueva York es la primera del presidente electo argentino tras su triunfo electoral, y aporta un claro indicio de cuáles serán las prioridades del nuevo gobierno en materia de política exterior. Milei ha insistido a lo largo de su campaña en que sus principales aliados serán Estados Unidos e Israel. También ha prometido marcar distancias hacia China, gran socio comercial de su país y con la que el Gobierno de Alberto Fernández mantuvo excelentes relaciones. Entre otras cosas, ha rechazado la posibilidad de que el país del Cono Sur se sume al grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), algo que sí favorecía su predecesor.

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Javier Milei abandona la motosierra y activa el ‘plan seducción’

El País .- El candidato ultra a la presidencia de Argentina modera su mensaje para pedir el voto a aquellos dirigentes que trató de asesinos y ladrones durante la campaña de la primera vuelta Un cambio ya se ha iniciado en Argentina, y no porque haya asumido un nuevo Gobierno. Javier Milei, el candidato ultra que encandiló a millones de argentinos con sus llamados a “exterminar a toda la casta política”, ha iniciado la rápida reconstrucción de los puentes que derribó con furia durante la campaña para la primera vuelta. Segundo en las elecciones del domingo con el 30% de los votos, a seis puntos del peronista Sergio Massa, lleva desde la misma noche electoral bajando los decibeles de su verba incendiaria. Necesitado de votos para vencer a Massa en la segunda vuelta del 19 de noviembre, El León, como se hace llamar, ya no muestra los dientes. Su nueva estrategia de seducción se inició con Patricia Bullrich, la conservadora que quedó tercera y a la que durante el debate presidencial acusó de “montonera tirabombas” por su pasado en la guerrilla peronista Montoneros. El nuevo Milei alcanzó el paroxismo este martes, cuando ofreció un ministerio a la izquierda tradicional, la misma a la que acusaba con los ojos en llamas de ser “mugres”, “escoria” y “zurdos de mierda”. El domingo por la noche, Milei debió enfrentar a cientos de seguidores que esperaban un claro primer lugar. Dejó debajo del escenario la motosierra, símbolo de sus promesas de destrucción total de todo lo establecido, y no habló de acabar con la “casta política” sino con el peronismo kirchnerista. La derecha y la izquierda tradicionales quedaron de un plumazo fuera de la larga lista de enemigos de la patria. “Vengo a dar por terminado el proceso de ataques y hacer tabula rasa para terminar con el kirchnerismo. Más allá de nuestras diferencias, tenemos que entender que enfrente tenemos una organización criminal”, dijo, refiriéndose al actual Gobierno. Javier Milei, durante la noche electoral de este domingo, en Buenos Aires.MATÍAS BAGLIETTO (REUTERS) Milei recorrió luego radios y canales de televisión ofreciendo cargos a sus enemigos de ayer. Hace menos de un mes, Bullrich, exministra de Seguridad del presidente Mauricio Macri, era una terrorista que había “colocado bombas en los jardines de infantes”. La acusación le ganó al candidato una denuncia penal promovida por la aludida. El lunes, sin embargo, dijo que Bullrich había hecho una excelente gestión como ministra y le ofreció sumarla a un eventual Gobierno de ultraderecha. “Si ella quiere, cómo le voy a decir que no”, dijo. Que Bullrich acepte el convite no es descabellado. Los coqueteos del macrismo con Milei comenzaron antes de las elecciones, sobre todo por decisión de Macri. El expresidente vio, con acierto, que Milei le quitaba votos a su coalición, Juntos por el Cambio, y adelantó que su partido, el Pro, debía apoyar en el futuro Congreso las leyes que estuviesen a tono con los ideales liberales de movimiento. La oferta de Macri cayó muy mal entre los socios moderados de Juntos por el Cambio, y ahora en la derrota se acelera la posibilidad de una ruptura. Milei, al igual que Massa, ha salido a la caza de los 6,2 millones de votos de Juntos por el Cambio. El ultra solía llamarlos “Juntos por el cargo”, y ahora estudia la forma más elegante de tragarse sus palabras sin perder la compostura. Su metamorfosis tiene sus riesgos: no está claro hasta dónde sus votantes, casi ocho millones de personas, le perdonarán que ahora abra la mano a aquellos que trató de ladrones, terroristas y asesinos. La nueva estrategia de campaña de Milei es que solo la unidad “de los defensores de la libertad” podrá sacar del poder al kirchnerismo. Y el expresidente Macri es la figura en la que confía para sumar votos. “Con Macri entendemos el riesgo de la continuidad del kirchnerismo en alguien tan hábil y perverso como Sergio Massa. Si estoy dispuesto a abrir el diálogo para que terminemos con el kirchnerismo, la elección es muy fácil. ¿Se quieren quedar discutiendo lo que pasó en la campaña o damos vuelta a la hoja y sacamos a los kirchneristas del poder?”, dijo. Javier Milei saluda a un grupo de simpatizantes, este domingo en Buenos Aires.JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE) Desde el macrismo no descartan aceptar, finalmente, algún tipo de acuerdo con Milei, aunque ello suponga romper con los sectores moderados de la coalición que integran. Federico Angelini, diputado y vicepresidente del Pro, dijo este martes que bastará con que Milei pida disculpas a Bullrich para dar por terminado el asunto de las bombas contra niños. “Lo personal tiene que estar por debajo del interés general, que es que Argentina salga adelante”, dijo Angelini. La invitación de Milei alcanza a Macri, pero no al resto de sus socios radicales de Juntos por el Cambio. El ultra tiene un odio visceral hacia los herederos del presidente Raúl Alfonsín (1983-1999), a los que acusa de haber traicionado a Bullrich votando por Massa el domingo pasado. No piensa lo mismo de la izquierda, al menos ahora que necesita sus 700.000 votos. Durante el último debate de candidatos los acusó de defender al comunismo, “una ideología que mató a 100 millones de personas”. “Con los zurdos de mierda no hay que negociar nada de nada”, repetía el ultra en las redes sociales. Este martes les ofreció un eventual Ministerio de Capital Humano, con el que piensa terminar con los actuales de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social. “Las personas de izquierda son las que más saben” sobre capital humano, dijo Milei. En cualquier caso, su campaña ya no habla de aniquilar a toda la casta política, dinamitar el banco central, dolarizar la economía y legalizar la portación de armas. La nueva batalla que ofrece a sus votantes es “libertad vs kirchnerismo”.

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Los votos de Patricia Bullrich, territorio de disputa en Argentina

El País .- Los 6,2 millones de personas que votaron por la candidata conservadora en la primera vuelta son la llave del triunfo del peronista Massa o el ultra Milei en el segundo turno de noviembre La segunda vuelta electoral del 19 de noviembre en Argentina será una pelea voto a voto. El peronista Sergio Massa, ganador del primer turno, y el ultra Javier Milei, el segundo en discordia, ya salieron de pesca. El botín más preciado le pertenece a Patricia Bullrich, la candidata conservadora de la alianza Juntos por el Cambio, la misma que en 2015 llevó al poder a Mauricio Macri. La exministra de Seguridad obtuvo 6,2 millones de votos que pueden ser la clave de un triunfo. Sus votantes no conforman un bloque homogéneo, producto del origen variopinto de los partidos que integran la alianza conservadora. Tanto Massa como Milei utilizaron los discursos de la noche electoral para pedir su apoyo. Tienen por delante cuatro semanas para convencerlos. En los votos de Juntos por el Cambio hay un núcleo duro y mayoritario que sale del Pro, el partido que Macri fundó en 2005 como plataforma para gobernar la ciudad de Buenos Aires y más tarde la presidencia. Sus integrantes se consideran republicanos y liberales, pero lo que realmente los une es un odio común hacia el peronismo, mucho más si se trata de su versión kirchnerista. El segundo grupo de votantes sale de la Unión Cívica Radical, la UCR. Fundado en 1891, fue el primer partido de masas de Argentina. A partir de la década del cuarenta, la política nacional se estructuró a partir de la relación dialéctica que los radicales mantuvieron con el peronismo. El protagonismo de los radicales alcanzó su cenit en 1983, con Raúl Alfonsín y la transición democrática, y se apagó el día que otro presidente del partido, Fernando de la Rúa, abandonó el poder anticipadamente en 2001, durante la crisis del corralito. La UCR nunca perdió control territorial, pero a nivel nacional quedó reducido a un apéndice del Pro en Juntos con el Cambio. Su votante es antiperonista, pero sin fanatismo. Massa fue por ellos el mismo domingo por la noche. “Quiero hablarles a esos miles de radicales que comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública y la independencia de poderes. Voy a hacer el mayor de los esfuerzos en los próximos 30 días para ganarme su confianza”, les dijo. Milei, en cambio, simplemente detesta a los radicales. Hizo campaña insultándolos y el lunes los acusó sin matices de traicionar a Bullrich. “Subió el voto de Massa y bajó el de Bullrich. Ahí está claro quiénes son los que traicionaron” a la alianza, dijo el candidato ultra. El ministro de Economía y candidato presidencia, Sergio Massa, durante una rueda de prensa en Buenos Aires, el lunes.JUAN MABROMATA (AFP) ¿Por qué Milei se da el lujo de despreciar a los radicales? “Porque cree que ese voto ya se fue con Massa. Y que los seis millones de votos que se quedaron con Bullrich es el [voto] más puro y duro, y, por lo tanto, más cercano a quedarse con él”, dice Sergio Morresi, catedrático de la Universidad Nacional del Litoral. “El asunto es si realmente es cierto que los radicales ya votaron por Massa, porque Milei no tiene gente estudiando ese fenómeno con datos empíricos; por ahora es nada más que una impresión”, explica. Si Massa tiene más chances de sumar esos votos, Milei podrá quedarse con buena parte de los seguidores del Pro, un partido que “se declara muy republicano, pero que es ante todo profundamente antiperonista y antikirchnerista”, dice Morresi. Este sentimiento es más fuerte que los llamados de Milei a dinamitar todo el sistema político, legalizar la venta de órganos o cerrar los ministerios de Educación y Salud. Eduardo Fidanza, director de la consultora Poliarquía, coincide en que el voto de Juntos por el Cambio se dividirá entre Milei y Massa, pero advierte que es pronto para saber en qué proporción. “Tanto los radicales como el sector moderado del Pro no estarían dispuestos a votar a Milei”, dice, “pero indudablemente se llevará una parte, la de los votantes duros de Macri y de todos aquellos que aborrecen al kirchnerismo, que son muchos”. La migración hacia Massa “será más encubierta, como sucede con los votos vergonzantes”, agrega. En cualquier caso, si Milei logra quedarse con los 6,2 millones de votos de Bullrich tendrá suficiente para ganar la segunda vuelta. Por ahora no parece posible. Podrá completar la grilla con parte de los 1,7 millones de votos que obtuvo el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, un peronista profundamente antikirchnerista que en algún momento coqueteó con su ingreso a Juntos por el Cambio. Massa podrá compensar con los 700.000 votos de la izquierda tradicional, que en la primera vuelta fueron a parar a la candidata Myriam Bregman. El candidato de la Libertad Avanza Alliance, Javier Milei, se dirige a sus simpatizantes en la noche electoral.NATACHA PISARENKO (AP / LAPRESSE)

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Argentina elige presidente bajo la amenaza de la ultraderecha

El País.- Javier Milei, un negacionista de la dictadura que promete dolarizar la economía, encabeza los sondeos frente a opciones más moderadas de peronistas y conservadores Argentina enfrenta las elecciones de resultado más incierto desde el regreso a la democracia, hace 40 años. La irrupción de Javier Milei, un candidato que entró por la ventana a la escena política hace poco más de dos años, ha trastocado todas las previsiones. Con una agenda que impulsa la dolarización y la reducción del Estado, negacionista del cambio climático y la dictadura y contrario al aborto legal, Milei encabeza los sondeos de la primera vuelta presidencial que se celebra este domingo. Tiene enfrente al ministro de Economía, Sergio Massa, candidato del peronismo en una versión cada vez más alejada del kirchnerismo, la fuerza que domina la política argentina desde hace dos décadas, y a Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, la alianza que en 2015 llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada. La exministra de Seguridad de aquel Gobierno fallido ha perdido la estrella de la opción de un cambio, valor que le ha arrebatado Milei. Los argentinos están cansados de las crisis económicas recurrentes y las promesas incumplidas por un Estado con aspiraciones de benefactor que pierde recursos día a día y cada vez pide más y ofrece menos. De ese caldo de cultivo ha salido el votante de Milei, donde abundan jóvenes, sobre todo varones, convencidos de que vivirán peor que sus padres. Los seguidores del ultra achacan sus frustraciones al Estado y a sus administradores: los políticos. Hacia allí ha apuntado los cañones Milei, en un coctel muy efectivo de frases simples que acompaña con un gran despliegue en redes sociales y una estética de campaña vinculada al rock and roll más duro. Cuando un estadio comienza a cantar eufórico “la casta tiene miedo” o “dolarización, dolarización” sube la adrenalina y queda poco espacio para las sutilezas. La verba incendiaria de Milei, con llamados a “aniquilar” el Estado con una motosierra, ha echado raíces sobre todo entra las clases baja y media baja. Los enemigos de Milei son la “lacra” del kirchnerismo, pero también la derecha liberal clásica, a la que acusa de inepta y tibia. En las elecciones primarias obligatorias de agosto, Milei sumó siete millones de votos, el 30% de los emitidos, y quedó por delante de Juntos por el Cambio y el peronismo. Si este domingo repite el resultado, pasará a la segunda vuelta, agendada para el 19 de noviembre. Si, en cambio, obtiene el 45% o alcanza el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, será presidente. Los rivales de Milei tienen poco para ofrecer. Sergio Massa, el elegido por el peronismo gobernante, carga con el lastre de la gestión económica. Sus resultados son catastróficos. La inflación interanual se acerca al 140%, cuatro de cada 10 argentinos son pobres y las reservas del Banco Central están en rojo. El descalabro económico es tal, que la semana previa a las elecciones muchos comercios cerraron sus puertas por no tener precios de referencia para sus productos. Un acuerdo de última hora con China dio un respiro al Gobierno con el aporte de 6.500 millones de dólares de libre disponibilidad que le permitirá llegar con la economía a flote al menos hasta el 10 de diciembre, cuando asume el nuevo Ejecutivo. El candidato presidencial por el peronismo, Sergio Massa, saludaba el martes al público del acto de cierre de campaña de su coalición en la provincia de Buenos Aires.JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE) Massa ha hecho campaña tomando toda la distancia posible del presidente, Alberto Fernández, una figura que se ha hundido en la irrelevancia política, y de Cristina Kirchner, ausente de la campaña electoral por voluntad propia. Pese a todas las dificultades, la candidatura de Massa sigue con vida y los sondeos auguran incluso que podría pasar a la segunda vuelta. Al final del día, tiene detrás al peronismo, una maquinaria que, aunque en declive, aún mantiene su poder de fuego y a un votante fiel. La cuesta de Bullrich es más empinada. Su alianza, Juntos por el Cambio, no vio venir al tsunami Milei y el segundo puesto que obtuvo en las primarias la sumió en el desconcierto. Los argentinos descontentos con el peronismo en su versión kirchnerista ya no consideran que el macrismo sea la esperanza de algo nuevo. Macri entregó el Gobierno en 2019 con un 50% de inflación y con más pobres que cuatro años antes. Bullrich, su heredera, estructuró su campaña alrededor de las ideas de seguridad y orden, sin percibir que la profundidad de la crisis económica había cambiado las prioridades de los votantes. En ese escenario de incertidumbre llegó Milei con sus promesas de romperlo todo para erigir desde los escombros, aunque no quede claro cuál es su plan definitivo. Argentina atraviesa un momento bisagra. La irrupción de Milei es evidencia de la crisis de un modelo de democracia que se sostenía sobre el eje peronismo-antiperonismo. El candidato ultra rompe el equilibrio con disparos hacia ambos bandos y se coloca fuera de esa relación dialéctica que, aunque conflictiva, ha garantizado la gobernabilidad durante 40 años. La única duda que carcome a los electores es la capacidad de gestión que tendrá, en caso de ganar la presidencia, el recién llegado. Sea cual sea el resultado, estará en minoría en las cámaras de diputados y senadores. Su partido no tendrá, además, ni uno solo de los 24 gobernadores que controlan el poder territorial argentino. El lunes se sabrá también si el peronista Axel Kicillof logra retener o no el poder en la provincia de Buenos Aires. El mayor distrito electoral del país no prevé una segunda vuelta y los sondeos son favorables al político kirchnerista, aunque sea por una mínima ventaja. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cerraba el jueves su campaña en la periferia de Buenos Aires.MARTIN COSSARINI (REUTERS) El éxito encontró desprevenido a Milei, que durante el último mes ha apurado la construcción de puentes con el mundo político y empresarial que no le tiene confianza. Se ha rodeado para ello de políticos con historia, muchos

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Milei azuza la tensión cambiaria en Argentina: el peso “no vale ni excremento”

El País .- El candidato ultra a la presidencia llama a no renovar los plazos fijos. En el mercado paralelo un dólar se cambia a más de mil pesos. En tiempos de crisis económica e incertidumbre electoral los argentinos se refugian aún más que de costumbre en el dólar. La divisa verde es la moneda tradicional de ahorro en un país que, a diferencia de sus vecinos, no ha logrado domar una inflación que este año es de tres dígitos. Pero el aumento reciente de la tensión cambiaria se ha visto azuzado además por el favorito en la carrera presidencial, el candidato ultra Javier Milei. El lunes, Milei desalentó la renovación de plazos fijos en pesos y el uso de cualquier instrumento de ahorro en la moneda nacional de Argentina, que él considera que no tiene ningún valor y que promete reemplazar por el dólar si llega a la Casa Rosada. Sus declaraciones desataron numerosas críticas en una jornada en la que el peso marcó un nuevo récord negativo en el mercado paralelo, el único que opera sin restricciones, al cambiarse a 945 unidades por dólar. En las primeras operaciones de este martes, la divisa estadounidense cruzó la frontera de los mil pesos, un nuevo récord. “El peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque esa basura no sirve ni para abono”, dijo Milei en una entrevista con Radio Mitre. La semana pasada ya había lanzado otra declaración incendiaria: “Cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar”. Los mensajes de Milei suman nerviosismo a una población con los bolsillos cada día más vacíos: el ritmo de aumento de los precios ha sido del 124,4% en los últimos doce meses, cinco puntos más que el promedio de alza salarial. El ministro de Economía y candidato a presidente por el peronismo gobernante, Sergio Massa, criticó con dureza a Milei, al que acusó de echar leña al fuego con fines electorales. “Poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale. Hay gente que le costó toda la vida”, declaró Massa. La conservadora Patricia Bullrich, postulante por la alianza opositora Juntos por el Cambio, también había denunciado la estrategia del economista ultraliberal. “No vale todo para defender la dolarización”, escribió Bullrich en las redes sociales. “Con su propuesta te destruye el bolsillo y te encarece los precios. Todo para justificar su dolarización. Es conocida la teoría: cuanto peor, mejor. En el medio, 46 millones de argentinos que están cada día más pobres”, agregó. Este martes, Bullrich repartió culpas: “Entre el pirómano de Massa que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro”. El fantasma del ‘corralito’ El titular de la cartera económica acusó también a Milei de poner en riesgo el sistema financiero y recordó las heridas traumáticas que dejó la crisis de 2001-2002, cuando se estableció un corralito que impidió que las familias retirasen sus ahorros de los bancos. El PIB per cápita se desplomó y la pobreza superó el 60%. La situación es muy distinta a la de esa crisis por los cambios de regulación impuestos desde entonces. Los bancos sólo pueden prestar divisas a los sectores que las generan y su liquidez en moneda extranjera es hoy superior al 80%. Aún así, las entidades financieras han salido a defender su solidez económica para intentar evitar que los ahorristas entren en pánico. Para este martes, solicitaron al Banco Central el envío de casi 125 millones de dólares físicos, el monto más alto para un sólo día en lo que va de 2023, según los datos del Mercado Abierto Electrónico. El objetivo es garantizar que todos los clientes que se presenten a retirar los dólares que tienen en sus cuentas puedan hacerlo sin problemas. El Gobierno argentino unificó este martes algunos de los tipos de cambio que coexisten entre la cotización libre y la oficial, fija en 365 pesos por dólar, para intentar reducir la demanda de divisas. Así, los conocidos como ‘dólar tarjeta’, ‘dólar solidario’ y ‘dólar Qatar’ pasaron a valer 731 pesos, más del doble que la cotización oficial pero aún por debajo de las demás. Las últimas medidas oficiales no han logrado aportar demasiada calma y todas las miradas estaban atentas a la apertura del mercado cambiario ante el riesgo de que continuase la caída libre del peso en el mercado paralelo. A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, los medios de comunicación de Argentina informan a diario del valor del peso respecto al dólar. La incertidumbre se mantendrá al menos hasta que se conozcan los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre. Las encuestas dan como vencedor a Milei pero sin apoyo suficiente para evitar una segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

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Agentes del FBI matan a un hombre armado al resistirse a ser detenido por amenazar al presidente Joe Biden

El País .- El caso demuestra el crecimiento exponencial de la violencia política en EE UU desde el asalto al Capitolio en 2021   Los incidentes de violencia política han aumentado en Estados Unidos en el último lustro. La fecha de inicio de esta tendencia se sitúa en 2016, en torno a la primera candidatura de Donald Trump a la presidencia, según el cotejo de bases de datos de incidentes relacionados con el terrorismo interno entre 1970 y 2020. Pero desde el asalto al Capitolio en enero de 2021 el índice se ha multiplicado exponencialmente, con 213 casos registrados por la agencia Reuters. EE UU lidia hoy con el mayor y más sostenido aumento de la violencia política desde la década de los setenta.   Este tipo de violencia, correlato de la creciente polarización del país, ha costado la vida a 40 personas, según Reuters. Las manifestaciones de esta crispación son muy variadas, pero pocas tan cinematográficas como la muerte el miércoles de un hombre por disparos del FBI cuando una patrulla intentaba detenerlo y registrar su casa, tras ser acusado de amenazas al presidente Joe Biden. Ocurrió en Provo (Utah), pocas horas antes de que el mandatario participase en un acto de campaña en la cercana ciudad de Salt Lake City. El individuo, Craig D. Robertson, de 75 años, iba armado y había amenazado también con disparar contra otros cargos electos, entre ellos el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, que imputó a Donald Trump en abril por el caso Stormy Daniels. La acusación contra Robertson se había formulado la víspera en el tribunal de Salt Lake City, de ahí la intervención del FBI.   El caso de Utah ilustra cómo, concretamente desde 2020, tras perder Trump las elecciones y denunciar un inexistente fraude electoral que culminó en el ataque al Capitolio —lo que le ha costado la tercera imputación en cuatro meses—, la normalización de la violencia como arma política es una realidad creciente. En un sondeo de Ipsos para Reuters realizado en mayo a casi 4.500 votantes registrados, aproximadamente el 20% de los encuestados, tanto demócratas como republicanos, consideraron “aceptable” la violencia si se comete “para lograr mi idea de una sociedad mejor”. En otra encuesta realizada entre marzo y abril, el 65% de los participantes mostraba sin embargo su inquietud “por actos de violencia cometidos por creencias políticas”.   Reyertas mortales por discusiones individuales, ataques organizados, como los sufridos por numerosos trabajadores electorales tras las presidenciales de 2020; tiroteos, como dos en la ciudad de Portland, uno entre seguidores de Trump y partidarios del movimiento Black Lives Matter y otro a manos de un ultraderechista que hirió a cinco manifestantes que pedían justicia social… La hidra de la violencia se adapta a los lugares y las circunstancias, a las que no resulta en absoluto ajena la generalizada circulación de armas en el país. Los asesinatos masivos por motivos políticos se han cobrado en este periodo 24 vidas, incluidas las del tiroteo de Búfalo (Nueva York), en el que un supremacista blanco mató en mayo de 2022 a 10 clientes de un supermercado, todos ellos de raza negra, después de publicar en redes un manifiesto en pro de la guerra racial.   El director del FBI, Christopher Wray, dijo al Congreso en septiembre de 2021 que el asalto al Capitolio no fue un hecho aislado y que “el problema del terrorismo interno se ha estado propagando por todo el país durante varios años”. Así lo confirman los registros, desde 2014, con un crecimiento exponencial, especialmente acusado en 2020 y 2021. Tras el registro de Mar-a-Lago, la mansión de Trump en Florida donde fueron hallados los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca, el mismo Wray denunció una avalancha de amenazas a la agencia.   Alrededor de dos tercios de los incidentes políticamente violentos documentados por la investigación de Reuters fueron agresiones solitarias o enfrentamientos entre grupos rivales en actos públicos, convocados en protesta por la actuación policial, el derecho al aborto y los derechos de los transexuales, es decir, los temas más candentes del argumentario republicano para atacar a los demócratas y, por extensión, a todo lo que suene a woke. El resto de los incidentes se saldaron con daños materiales a menudo durante protestas, y atribuidos generalmente por la policía a militantes de izquierdas.   Desde los magnicidios de los dos hermanos Kennedy en los años sesenta, la violencia política aumentó durante casi una década, con casi medio millar de casos durante los setenta, en su mayoría ataques de radicales de izquierda contra edificios gubernamentales como presión política. En los años ochenta fue un fenómeno relativamente raro, y una década más tarde se produjeron graves picos, como el atentado de Oklahoma de 1995, en el que murieron 168 personas, el peor acto de terrorismo interno del país según el FBI. El salto a la arena política de Trump en 2016 marcó un nuevo hito pero, a diferencia de los setenta, cuando el propósito de los atacantes era presionar a los políticos, la violencia en la era Trump proviene de la derecha y se ha vuelto personal: el objetivo es el rival, el antagonista, el que piensa distinto. De los 14 ataques políticos mortales desde la revuelta del Capitolio que ha documentado Reuters, en 13 de ellos los autores eran de derechas.

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Javier Milei recibe un último baño de masas en Argentina: “La casta tiene miedo, ¿los quieren asustar un poco más?”

El País .– El candidato de la ultraderecha apela al hartazgo ante un estadio semilleno en el cierre de su campaña presidencial en Buenos Aires   Unas 10.000 personas se reunieron el  lunes en el estadio más moderno de Buenos Aires. El Movistar Arena está reservado durante casi toda la semana para Luis Miguel, pero esta no era noche de rancheras. Era la noche de la ultraderecha argentina. Javier Milei, el diputado libertario que pasó de despotricar en televisión a levantarse como tercera fuerza para las elecciones de octubre, ha sido el primer precandidato presidencial en cerrar su campaña para las primarias de este domingo. Cantó a los gritos su rocanrol de cada mitin, saltó y arengó por todo el escenario, le dedicó insultos al Gobierno peronista y a la derecha opositora. Hasta ahí llegó su espectáculo. Milei, que conquistó el desencanto de un país en crisis hablando de echar a patadas a “la casta política”, vender órganos, y ofreciendo libre portación de armas, se vistió este lunes de político. Se puso corbata, las gafas y pidió el voto. “A muchos no les gustan mis formas, pero esta elección no se trata de mí. Se trata de ustedes y del país que queremos”, dijo. “Si no cambiamos hoy, el único destino posible es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo”.   La quincena de encuestas publicadas en las últimas semanas le dan en promedio el 20% de los votos para las primarias del domingo. Milei juega solo mientras la gran coalición opositora de Juntos por el Cambio decide entre una derecha más radical u otra que dice mirar al centro, y el peronismo gobernante quema sus últimos cartuchos embanderados detrás del actual ministro de Economía. Ninguno supera el 25% de la intención de voto y los indecisos acarician el 10%. La campaña se ha atascado en el coro de la crisis económica: qué hacer con una población donde casi el 40% vive en la pobreza, con el 115% de inflación interanual, con el peso que vale cada día menos y con las reservas en rojo mientras el Fondo Monetario Internacional toca la puerta para cobrar. Y Milei, que se pasó el último año hablando de quemar el Banco Central, dolarizar la economía, o enfrascándose en largos sermones sobre cómo reducir el Estado al mínimo, ha dejado de lado las cuestiones duras en busca de la épica.   “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, cantó durante horas la militancia que le esperó este lunes en el Movistar Arena. En Argentina, donde se hace escuela durante cada elección con los jingles que se componen para la campaña, el primer éxito de 2023 es una reedición del 2001. “Que se vayan todos” se empezó a cantar durante la crisis del corralito, que ese año terminó con una moneda sin valor, 39 muertos en las protestas callejeras, cinco presidentes en 11 días y una desocupación que llegó al 21,5%. Este lunes, Milei no hizo promesas. Buscó culpables de un “desastre” que ve arrastrarse desde principios del siglo XX. “Han pasado peronistas, radicales, militares, y un montón de rejuntes con el único objetivo de tener el poder para enriquecerse a costa nuestra”, exclamó. “Los candidatos de los principales partidos son los mismos que estuvieron en la catástrofe de 2001. A pesar del ‘que se vayan todos’, no se fue ninguno, y se multiplicaron”.     En su discurso se salvaron solo dos expresidentes: Carlos Menem, que gobernó de 1989 a 1999 y paró la bomba de tiempo de la inflación con ultraliberalismo y la paridad del peso con el dólar; y Mauricio Macri (2015-2019), a quien calificó de outsider y como una “oportunidad de romper con el sistema empobrecedor”. En un guiño al gran padrino de la coalición con la que compite por los votos –y al expresidente que tomó un préstamo del FMI de 44.000 millones de dólares–, Milei afirmó que Macri fracasó porque “los propios integrantes de la coalición se opusieron a los cambios que el país necesita”. Se puso en las filas de ambos: “Hoy tenemos una nueva oportunidad, y no quiero ser trágico, pero puede que sea la última. Puede que la tercera sea la vencida”. Fue una de sus frases con menos aplausos.     Milei saltó al escenario sobre las nueve de la noche y habló durante menos de una hora. Sus militantes, sin embargo, empezaron a rodear el estadio desde las cuatro de la tarde. Había que inscribirse en una página oficial semanas antes y dejar todos los datos para conseguir una entrada, pero estas se terminaron ofreciendo en la puerta a cualquiera que pasaba. Villa Crespo, uno de los últimos barrios de moda de la ciudad con impronta bohemia y progresista en el corazón de la ciudad, se vistió de libertario. “¿Te parece discutir el aborto cuando no llegamos a fin de mes?”, preguntaba una chica de 22 años en la espera. “¿Viste como Bukele le pega a los políticos chorros? Acá se van a escapar antes de que los agarren, pero dejame soñar con que al menos los pelen antes”, decía otro chico de 20 años. “Es Milei o Ezeiza”, resumía una mujer ya mayor, en el bar de la esquina del estadio. “A mí se me fue el avión, pero estos chicos no van a tener nada mientras los políticos se la llevan toda”. Apelar a Ezeiza, el aeropuerto internacional de Buenos Aires, se ha convertido en otro eslogan de la militancia. La fila de seis cuadras tardó más de una hora en entrar organizada al recinto. “Tienen medio, la casta tiene miedo”, cantaron. Hasta que entró Milei, que entre el grito ensordecedor, arengó: “Tienen miedo, ¿los quieren asustar un poco más?”.

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Un escándalo de venta de candidaturas hunde al ultraderechista Javier Milei en Argentina

El País .- La Justicia investiga si el entorno del candidato pidió miles de dólares a cambio de puestos en las listas para las elecciones de octubre. Por una candidatura, al menos 10.000 dólares. Por las más codiciadas, hasta 100.000. La Justicia investiga si el candidato de ultraderecha a la presidencia de Argentina, Javier Milei, ha vendido lugares en las listas electorales de su espacio político, La Libertad Avanza (LLA). Empresarios, abogados y políticos han denunciado que el entorno del economista ultraliberal solicita grandes sumas en moneda estadounidense a cambio de ceder su nombre para las papeletas y han sido citados a declarar en la investigación abierta contra él. Milei niega todas las acusaciones, pero el escándalo le ha asestado un nuevo golpe que lo deja aún más rezagado frente a los candidatos de la coalición conservadora Juntos por el Cambio (JxC) y de la peronista Unión por la Patria (UP) en la carrera electoral de octubre.   “Milei ha establecido un sistema de franquiciado donde entrega el nombre, la imagen y bendice una fórmula, pero hay que pagarle a él. Los números son de los más diversos según el cargo. Una candidatura a gobernador anda cerca de los 100.000 dólares”, aseguró días atrás el economista y abogado liberal Carlos Maslatón, exaliado político de Milei. Maslatón ratificó este viernes su acusación ante el fiscal. Durante casi una hora afirmó que dentro del partido LLA existe una selección de candidatos según el dinero que pueden aportar. Sus declaraciones coinciden con las del empresario Juan Carlos Blumberg, quien ha acusado a integrantes del partido ultraderechista de vender candidaturas a cambio de 50.000 dólares. “Hay gente que pagó y que la usaron. Lo más grave de todo esto es que esta gente ha hecho un negocio con la política”, detalló Blumberg en una entrevista radial. El empresario es otro de los cuatro testigos que han sido citados a declarar. Al margen de los reproches éticos a la supuesta venta de candidaturas, la justicia investiga si el entorno de Milei ha incurrido en algún delito, como la violación de la Ley de financiamiento de partidos políticos. Esta norma obliga a que todo aporte a la campaña política se realice a través de una cuenta bancaria. La financiación en efectivo es ilegal. Milei ha dejado claro que contraatacará. En un primer momento justificó los pagos solicitados a quienes se acercaban a su espacio: “Los políticos tradicionales se financian con la plata del Estado. En Argentina la política se financia con la de los impuestos, se desvía la plata del pagador de impuestos a la campaña, así es como hacen política”. Como mecanismo de defensa, marcó distancia con los que considera “la casta política”, aunque él ocupa un escaño de diputado desde hace casi dos años. “Nosotros, a diferencia de ellos, nos autofinanciamos la campaña. Yo no me llevo un mango [un peso] de esto”, aseguró. Este viernes cambió su discurso. Anticipó que emprenderá acciones legales contra Blumberg y contra quienes están replicando lo que él tilda de “mentiras descaradas”. Blumberg “pretendía ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla mía de la feria del libro. El hombre no hace un mapeo entre lo desatinado de su exigencia y lo que puede hacer, entonces empieza a decir todo tipo de mentiras”, señaló Milei. El nuevo tropiezo del actual diputado llega tras los rotundos fracasos electorales de sus candidatos en las elecciones provinciales celebradas hasta el momento y las duras críticas de políticos que se han alejado de su espacio. Figuras mediáticas conservadoras que hasta semanas atrás lo elogiaban, han comenzado a soltarle la mano. Al mismo tiempo, sus provocadoras propuestas, que van desde la dolarización de la economía argentina hasta la derogación de la ley del aborto, un sistema de salud público de pago o un mayor despliegue del ejército, han dejado de marcar la agenda política. A tres meses y medio de las elecciones presidenciales, las encuestas muestran una caída significativa de La Libertad Avanza en intención de voto. Su respaldo oscila entre el 16% y el 19%, casi diez puntos porcentuales menos que en su momento de máxima popularidad. Su desplome hace soñar a la coalición opositora Juntos por el Cambio con una victoria en primera vuelta frente al peronismo, pero por ahora chocan contra los sondeos. Estos le otorgan poco más del 30% al sumar a sus dos candidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, seguidos de cerca por el peronismo, con Sergio Massa a la cabeza. Los numerosos indecisos decantarán la balanza. Mientras tanto, Milei sale de gira por los países vecinos, donde le va mejor que en casa. Este viernes, celebró una conferencia en el teatro municipal de Las Condes junto a Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso, que tituló El renacimiento liberal, informa Rocío Montes. El argentino, recibido entre aplausos, cargó contra el presiente chileno, Gabriel Boric. “Entre izquierdosos se juntan, o sea entre empobrecedores se juntan, y así como esperamos sacar la plaga kirchnerista [en Argentina], espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric. Acá han tenido a [Ricardo] Lagos, a [Michelle] Bachelet. Bueno, ahora tienen a este”. Los ataques de Milei merecieron una respuesta del canciller, Alberto Van Klaveren. “Le pedimos que restrinja su campaña a Argentina y no la extienda a Chile”, le dijo el diplomático desde La Moneda.

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