El proyecto de ley económico urgente lo recibió la Asamblea el 23 de noviembre pasado por lo que el plazo para su tratamiento fenece el 23 de diciembre próximo. El pleno de la Asamblea Nacional, la tarde de este sábado 10 de diciembre, realizó el primer debate del proyecto de ley urgente para la transformación digital y audiovisual. El proyecto fue entregado por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso con el carácter de económico urgente y está siendo tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico Productivo del Legislativo. De origen el proyecto tiene como objeto promover la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, procesos y trabas regulatorias; establece un marco regulatorio para el fomento de la transformación digital de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de la sociedad. En el inicio de la sesión 827 y con 133 asambleístas presentes se escuchó en comisión general a Mariana Andrade, en representación de ocho organizaciones y empresas audiovisuales. Ella resaltó que se haya incorporado en este primer informe del proyecto de Ley un artículo que habla sobre la creación del certificado de producción audiovisual, certificado que, dijo, se convertirá en un enganche y un elemento clave para atraer al país estas producciones cinematográficas que dinamizan e inyectan recursos a la economía de manera inmediata, pero que cambia de “manera drástica” la situación empleabilidad de los país donde se filman, entre otros beneficios importantes. El documento debatido en primera instancia se encuentra compuesto de 50 artículos, entre estos 15 normas nuevas incorporadas y 35 artículos reformatorios a leyes vigentes, tres disposiciones generales y cinco disposiciones transitorias. El proyecto de ley propone la modificación de siete cuerpos legales distintos, los cuales se encuentran divididos en libros, títulos y capítulos. Entre los objetivos específicos de esta ley está la atracción de inversiones a través del desarrollo de infraestructura digital que permita a Ecuador competir como destino de inversiones en mercados internacionales. Hay reformas a Ley de Telecomunicaciones, a la Ley de Régimen Tributario Interno, reformas al Código de Comercio, a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, a la Ley Notarial, al Código General de Procesos, a la Ley de Registros. Ocho votos a favor la Comisión aprobó el informe para primer debate. La ponencia del proyecto estuvo en manos de la legisladora Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID). La asambleísta resaltó que el proyecto de ley nace de una iniciativa de la sociedad y del trabajo en equipo entre la Asamblea y Ejecutivo. La propuesta, indicó, recibió aportes de las diferentes bancadas legislativas, así como de 25 comparecencias que se mantuvieron en la mesa.   “Esta propuesta tiene como objetivo primordial aportar a las actividades económicas relacionadas con el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología. Quiero dejar absolutamente claro que no hay forma de desarrollar transformación digital sin resolver el tema energético, es decir el tema eléctrico, no solo porque los consumidores digitales aumentan, sino porque sobre todo hay que pensar que el almacenamiento de datos va a algún lado, con el paso de los años las aplicaciones van a aumentar y ya vemos relojes inteligentes, autos eléctricos, computadores y el país no está preparado”, señaló Andrade. Ante esta realidad, la ponente explicó que es justificable que existan incentivos para energías renovables. Anotó que existe un desafío mundial del cambio climático que hará que las aplicaciones que consumen combustibles fósiles, se cambien a electricidad y para ello se requieren de grandes inversiones para poder suplir esta demanda. “De no llegar a suplir los precios van a aumentar y se generará lo que se conoce como pobreza energética, que no es más que el aumento de precios que hacen difícil luego el acceso para los más pobres”. La legisladora por la provincia de El Oro del bloque de la Revolución Ciudadana, Noemi Cabrera, señaló que uno de los aspectos más preocupantes de esta ley es el artículo que habla de la exoneración del impuesto a la renta por las nuevas inversiones productivas enfocadas en transición y seguridad energético que serán las de generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gas natural y asociados en el Ecuador. A decir de Cabrera se plantea con poca claridad una exoneración del impuesto a la renta por diez años para la generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gas natural. Según ella, ya han cuestionado tanto a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y el Ministro de Producción sobre qué tienen que ver las exoneraciones en inversiones energéticas con la transformación digital, audiovisual de esta ley. “Se supone que esta ley busca desarrollar ámbitos artísticos, tecnológicos y culturales y no meter por debajo de la mesa grandes exoneraciones tributarias para grandes inversionistas o grupos económicos en lugar de preocuparse por exoneraciones para quienes verdaderamente necesitan, como son los ciudadanos de a pie”, anotó la legisladora Cabrera, quien al igual que sus colegas de bancada Sofía Espín y Viviana Veloz, y otros, solicitaron que ese artículo sea eliminado de este proyecto de ley. En general los asambleístas que intervinieron en el debate valoraron que la ley sea producto de las mesas de diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo y busque dinamizar la economía en distintos niveles, potenciar la inversión extranjera y profundizar la transformación digital del país. La educación, el sistema de justicia, los servicios públicos, la forma digital, entre otras, son áreas que deberían ser observadas dentro de la transformación digital. La asambleísta nacional de Pachakutik, Patricia Sánchez, simplificó la ley diciendo que busca la atracción de inversiones a través de reformas en algunos cuerpos legales, para insertar al Ecuador en la economía digital global, “lo cual es una muy buena noticia para un Ecuador rezagado local, regional y mundialmente de todo el mundo tecnológico”. Al igual que algunos otros legisladores, Sánchez calificó como un aporte importante la inclusión en este documento del Certificado de Producción Audiovisual, un certificado que se le otorgaría a todas las empresas productoras de obras audiovisuales coproducidas total o parcialmente dentro del territorio ecuatoriano. “Este certificado es un equivalente a un crédito tributario que en esta ley es del 40 % del valor de la inversión y