Más voces se levantan para cuestionar al Consejo de la Judicatura, y sobre todo a la forma muy libre en que toma importantes resoluciones, sin respetar la mayoría que determina la ley. La más reciente fue el pasado martes, 5 de septiembre, durante una sesión telemática, en la cual “alargó” el período de 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo a la ley, 4 debían ser reemplazados en el año 2024, y los dos restantes el 2027, pero ahora todos permanecerán hasta el 2030, gracias a una interpretación muy particular de la Constitución. La prórroga fue aprobada, casi a medianoche, por una “mayoría” de apenas 2 votos –el presidente Wilman Terán y el vocal Xavier Muñoz- mientras que Fausto Murillo se opuso. Juan José Morillo y Ruth Barreno, los otros 2 vocales, y que son investigados por presunto tráfico de influencias, no asistieron a la convocatoria. Para el jurista José de la Gasca, dada la ausencia de Asamblea Nacional, debido a la “muerte cruzada”, la única salida a estos abusos del Consejo de la Judicatura es la cárcel, pues a nivel político, al menos por ahora, no hay forma de tumbarlos de sus cargos. De la Gasca advirtió que una salida sería la intervención de la Corte Constitucional, que debe pronunciarse por la “forma aberrante” con que actúan Terán y Muñoz. O por actuación de la propia Fiscalía General, que ya comenzó las investigaciones contra los abusos. El destacado penalista subrayó que detrás de la prórroga a los jueces, hay varios intereses ocultos. El primero, manejar casos de enorme importancia política, con miras a favorecer a ciertos líderes implicados en actos de corrupción. Y como adicional, dar pie a que el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, obtenga la reelección, a principios del próximo año. Es decir, el supuesto “conflicto” entre ambas instituciones ya tiene un posible arreglo. Para de la Gasca, es evidente que el “consejito”, como llamó al organismo de la Judicatura, quiere congraciarse con la Corte, y de ese modo “blindarse” de posibles juicios posteriores. “Sabrá Dios quiénes están cabildeando sobre estos temas”, agregó. De ahí la necesidad de que los organismos judiciales de todo el país, en conjunto con los abogados en libre ejercicio, se unan contra este abuso de autoridad. En su opinión, ni una posible renuncia de Terán y Saquicela, a quienes culpó del desastre que vive la función judicial, alcanzaría a cubrir el grave daño que han causado.