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Ecuador: enero 17, 2025

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Ecuador, enero 17, 2025

Con acción de protección, algunas nacionalidades indígenas buscan dejar sin efecto a la consulta popular del Yasuní ITT

El Universo .- Coordinador de seis provincias amazónicas anunció medida porque comunidades directamente involucradas se pronunciaron por mantener producción. Cristóbal Kasent, coordinador regional de seis provincias amazónicas, y perteneciente a la nacionalidad shuar, anunció que presentará una acción de protección a fin de evitar que se detenga la producción petrolera en el bloque ITT. Lo anunció al indicar que los resultados de la consulta popular del 20 de agosto reflejaron el rechazo a la propuesta de dejar el crudo en tierra por parte de los pobladores de Orellana y Sucumbíos, que son las comunidades directamente involucradas en el tema. Las declaraciones las hizo en el programa Vis a Vis con Janeth Hinostroza. El líder indígena dijo que el cierre de la producción petrolera del bloque representaría la pérdida de unas 150.000 plazas de trabajo, entre directas e indirectas. Además a su parecer, el colectivo Yasunidos no tenía por qué presentar esta consulta a nivel nacional y aseguró que estas comunidades no necesitan portavoces, sino que les consulten directamente. Consideró que Yasunidos no conoce la realidad de las comunidades aledañas que viven del trabajo que se desprende de esta actividad extractivista. Pero además aseguró que se ha visto que la explotación petrolera se la ha hecho de manera responsable y cumpliendo estándares ambientales. Explicó que las comunidades indígenas shuar, kichwa y waorani tienen opciones de trabajo, acceso a servicios, y por ello respaldan la actividad petrolera. Ven que sin esta actividad se afectaría toda la población: proveedores, hoteleros, entre otros. Además aseguró que ellos sí protegen la naturaleza. Y por ello, por ejemplo, están opuestos a la minería ilegal, pero no a la minería responsable que puede generar riqueza. “Queremos convivir y tener los mismos derechos”. A la par indicó que la ley debe ser reformada para que se garantice que los pronunciamientos sobre estos temas se los haga en las comunidades directamente afectadas. El 20 de agosto pasado se realizó la consulta popular en la que se preguntó a todos los ecuatorianos si estaban de acuerdo con dejar el crudo en tierra en el Yasuní. Los resultados fueron: Opción sí: 5′541.585 votos (58,95 %) Opción no: 3′859.507 votos (41,05 %) Sin embargo, en la provincia de Orellana ganó el No con un 58 % y en Sucumbíos con el 52 %. Al momento se continúa con la explotación petrolera que asciende a 58.000 barriles diarios. La consulta popular da un año a Petroecuador para desmantelar la millonaria infraestructura que se ha levantado en el sitio y que costó unos $ 1.900 millones. Además, se ha dicho que el costo de abandono sería cercano a los $ 500 millones. Además se dejaría de percibir el ingreso anual que en 2022 fue de $ 1.200 millones.

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Consulta sobre Yasuní es errónea y desactualizada, según analista Alberto Acosta

Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, la Corte Constitucional cometió un grave error al aceptar la consulta popular, en torno a la explotación petrolera en un sector del Parque Nacional Yasuní. En diálogo con “Punto de Orden”, el experto recordó que el bloque donde se extrae el crudo representa cerca de 80 hectáreas. Es decir, menos del 0,1% de todo el parque, que supera las 80.000 hectáreas. Por tanto, mal se puede hablar de una afectación ecológica general. A su criterio, la equivocación de la Corte Constitucional se basa en permitir la misma pregunta planteada hace más de 10 años, sin captar todo lo que ha pasado. Recordemos, anotó, que para la explotación del campo ITT, el Estado tuvo que invertir 1.900 millones de dólares, y si gana el “Sí” en la consulta, todo ese dinero quedará desperdiciado. Acosta advirtió que la Corte Constitucional sienta un precedente nefasto de incertidumbre jurídica. Porque a futuro puede ocurrir que cualquier colectivo, por creer que hay afectación ecológica, pretenda detener actividades tan importantes como la camaronera o bananera. Grave precedente, indicó el analista, pues pisotea el marco jurídico, que es tan importante a la hora de atraer la inversión. Además de este daño jurídico, está el económico. Fuera de la inversión citada, el Estado tendría que gastar cientos de millones de dólares en cerrar los pozos, y dejará de percibir además 1.200 millones por año, que es la cantidad aproximada que genera el campo ITT. En resumen, suspender la explotación petrolera en esa zona, significaría pérdidas por 16.500 millones de dólares, que tanta falta le hacen al país. Acosta consideró que en Yasunidos, el colectivo que planteó la consulta popular, hay desinformación, desconocimiento y tergiversación, incluso conveniencia política, pues por un lado habla de preservación ambiental, y por otro, defiende los subsidios a los combustibles de origen fósil. A su juicio, la Corte Constitucional debió reformular la pregunta, para más bien plantear la prohibición de instalar nuevos pozos a futuro, pero respetando los ya existentes. Para Acosta, la tarea de la Corte no es buena, ya que desde que fue disuelta la Asamblea Nacional, ha tratado de asumir un rol político que no le corresponde. Y queda demostrado en el decreto-ley de Reforma Tributaria, enviado por el Ejecutivo, y sobre el cual no resuelve aún. El experto precisó que la ideología de algunos integrantes de la Corte, muestra claras inclinaciones políticas.

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Yasunidos plantea “ecoturismo” y “ecomedicinas” en vez de explotación petrolera

La consulta popular del próximo 20 de agosto, y que definirá si se mantiene la explotación petrolera en una zona del Parque Nacional Yasuní, es un gran triunfo para la tesis de la conservación ecológica. Así lo afirmó Jorge Espinoza, miembro del Grupo Yasunidos, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”. Espinoza explicó que dicha consulta, a realizarse de forma paralela a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, es el resultado de muchos años de lucha, y busca proteger, según dijo, el punto más diverso del planeta, ya que concentra la mayor cantidad de fauna y flora. De triunfar el “Sí” en el plebiscito, el Estado tendrá un año para suspender la explotación, y desmontar los pozos y demás implementos. Según el activista, actualmente no existe una tecnología, ni siquiera la de punta, que garantice que la extracción de crudo no afectará al ecosistema de la zona. Y peor aún, cuando el petróleo que se obtiene en el campo ITT, acogiendo palabras de las propias autoridades energéticas, es “melcocha”. Espinoza anotó que desde que comenzó la explotación petrolera en Yasuní, se han reportado 18 derrames y varios incendios. Además, pese a lo que se esperaba, el crudo conseguido no ha servido para mejorar las condiciones del país, que se mantiene en la pobreza. El dirigente de Yasunidos consideró que es obligación de todos los ecuatorianos, preservar los espacios de tanta importancia. Como alternativa, sugirió la implementación de turismo ecológico, y la explotación controlada de actividades como la ecomedicina. Espinoza no descartó a futuro el impulso de nuevas consultas populares, que permitirán proteger otros sitios del país, afectados por una explotación irresponsable de recursos naturales.

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Ecuador necesita incrementar 35 000 barriles de petróleo en 2023

La proforma del Presupuesto General del Estado 2023 proyecta una producción petrolera anual de cerca de 188 millones de barriles, equivalentes a casi 521 000 barriles diarios. La cifra es un reto para la actual administración. El volumen de producción esperado sería muy similar al observado en 2018, cuando se tenía un promedio de 517 000 barriles diarios. Pero, al mismo tiempo, es superior a lo registrado en 2021, cuando se llegó a 473 000. Según el Banco Central del Ecuador, entre enero y septiembre del 2022 se produjeron 482 000 barriles al día, en promedio. Es decir, se necesitaría más de 35 000 barriles para alcanzar la proyección de la proforma. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, aseguró ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que la cifra de producción proyectada es completamente alcanzable. Este incremento vendrá principalmente del campo Sacha y del Bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini). Esto, pese a que el Ecuador tiene muchas reservas petroleras, pero para sacarla se necesita más inversión y tecnología, dijo el Secretario de Estado. Según la proyección del Ministerio de Energía, en el ITT se incrementarían cerca de 33 000 barriles de crudo al día el próximo año. Actualmente, tiene una producción diaria de 50 000 barriles. Para que esto se logre, se necesitan más perforaciones en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, que es considerada una zona megadiversa. Por ahora hay dos plataformas allí (A y B), con un promedio de 20 pozos petroleros en cada una. Y se necesitan cuatro plataformas más. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica debe otorgar un permiso especial para que se hagan estos trabajos. Según Santos, ya se han presentado todos los estudios; se espera que para abril se otorguen estas autorizaciones. Sacha, por su parte, es el campo petrolero más productivo del país y llega a 60 000 barriles al día. “Es muy fácil de subir la producción allí”, dijo Santos. Para Miguel Robalino, analista petrolero, el incremento de la producción es complejo y se necesita aclarar los plazos y los campos. Ingresos petroleros La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional cuestionó el precio por barril de petróleo de USD 64,8, estimado en la Proforma. Según los legisladores, debería considerarse por lo menos USD 75. El Ministerio de Finanzas detalló que las previsiones macroeconómicas en las que se basa la Proforma fueron calculadas de manera técnica y aseguran la moderación fiscal. “Hay un manejo prudente en la fijación del precio estimado de petróleo y así evitar errores del pasado cuando se apostaba a un precio alto y luego bajaba”. Según cálculos de la Cartera, solo USD 2 de cada USD 10 ingresan al PGE, ya que el resto de los recursos se direcciona a preasignaciones establecidas en leyes, a operaciones de Petroecuador. Incremento del gasto en salarios Sobre los egresos corrientes de la Proforma 2023, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, señaló que se ha fijado un presupuesto de USD 20 000 millones para garantizar la provisión de servicios públicos. En este grupo de gasto constan USD 9 887 millones para cubrir la masa salarial, monto que se ha incrementado en relación al año 2022 en 9%, en parte por la decisión de la Corte Constitucional de elevar las remuneraciones del magisterio y por el aumento del personal para salud, Policía Nacional, Comisión de Tránsito y servicio penitenciario. El titular del Ministerio de Finanzas precisó que USD 9 de cada USD 10 que se destinan al pago de sueldos van a seguridad, salud, educación, justicia y otras entidades. Salud y Educación La Proforma 2023 establece USD 3 882 millones para el sistema nacional de salud y USD 4 031 millones para la educación inicial, básica y bachillerato. Así se daría cumplimiento al incremento constitucional del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), que es de USD 611 millones en cada uno de estos ámbitos. El PIB es de USD 122 000 millones. Para el próximo año habrá, además, un incremento de USD 185 millones en el presupuesto sectorial de seguridad, que en total recibirá USD 3 365 millones. En cuanto al Plan Anual de Inversiones, se ha presupuestado USD 1 871 millones para programas y obras de vialidad, educación, salud, defensa nacional, agricultura, inclusión social, entre otros entes del Estado. Inversión social En la Proforma se proyecta una inversión social de USD 15 276 millones, monto que fue calculado utilizando la metodología creada en 2015 por la ex Senplades, detalló Finanzas. Según el documento, se destinarán USD 1 307 millones en bonos sociales y USD 3 109 millones para seguridad social, en donde consta USD 2 355 millones para el IESS, cifra superior a los USD 1 586 millones del año 2022. En palabras del ministro Arosemena, esta Proforma es un esfuerzo por incrementar la inversión social y, a la vez, se continúa con la reducción del déficit fiscal, que en 2023 llegará a USD 2 630 millones. Esto representa 1 154 millones menos que lo establecido en la Proforma Presupuestaria del 2022, según ese documento. Fuente: El Comercio

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