El Universo .- Según las cifras, entre el 2022 y 2023, 139 policías fueron procesados en casos relacionados con el uso legítimo de la fuerza. Hay voces a favor y en contra.
El proyecto de once preguntas de esta iniciativa está en análisis de la Corte Constitucional (CC), una vez que el jefe de Estado las envió -el 2 de enero- para que emita su dictamen de constitucionalidad, antes de convocar a los ecuatorianos a las urnas.
De entre las once propuestas, la número 3 cuestiona al elector: ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3?
En dicho anexo, el Ejecutivo no describe el articulado con el que cambiaría el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para ejecutar esta idea.
Al contrario, se menciona que el presidente de la República, en un plazo máximo de cinco días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá un proyecto de ley reformatorio al COIP a la Asamblea Nacional, para que esta en un plazo máximo de 60 días debata y apruebe la reforma legal, conforme el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Entre las motivaciones para elevar esta interrogante al electorado, se expone que entre el 2022 y 2023 se registraron 139 casos en los que policías han sido investigados y procesados por las autoridades, por el uso legítimo de la fuerza en operativos contra la delincuencia.
A lo que se suma que estadísticas de la Inspectoría General de la Policía Nacional refieren que en el 2022, 30 policías fallecieron como consecuencia del combate directo al delito y, en el 2023, fueron 47.
En funciones de prevención y combate al delito, en el 2022 hubo 215 casos de tentativa de homicidios/asesinatos y otros 300 en el 2023.
En tanto, según la evidencia recabada, en el uso legítimo de la fuerza por parte de servidores policiales fallecieron 49 personas en el 2022 y 90 hasta el 22 de diciembre de 2023.
A criterio del constitucionalista Jorge Chalco, lo que se plantea en esta pregunta ya existe en la legislación nacional. «El presidente no tuvo la diligencia necesaria para observarlo. El artículo 54 de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, expresamente, dispone que cuando se investigue por el cumplimiento de su deber a la fuerza pública en procesos penales, estos no deben ser privados de su libertad y se preferirán medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Ya existe la disposición normativa, no hay que burlarse del país», lamentó.
En su opinión, la iniciativa «no goza de carga de lealtad y claridad que exige la Corte Constitucional, además no hay ninguna utilidad jurídica real».
Para la constitucionalista y catedrática Verónica Hernández, el Gobierno intentaría que el dictar medidas alternativas a la prisión preventiva no sea optativa para los jueces que conozcan estos casos, sino mandatoria.
«Se reconoce que la legislación actual ‘orienta’ a los jueces a dictar medidas alternativas a la prisión, pero no los ‘obliga’ a dictar dichas medidas. El objetivo no es la impunidad, sino no perder a ese agente del grupo de las fuerzas del orden y que se defiendan en libertad», reflexionó Hernández.
Añadió que el uso de medidas alternativas a la prisión está reconocida en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y aquello «no debería sorprendernos. El asunto está en dar razones por las que esté justificada esa diferenciación», dijo.
«¿Por qué debe ser obligatorio para los miembros de las fuerzas del orden y no para otros funcionarios? La razón que da el presidente es para no perder al agente y que este deje de ejercer sus funciones. ¿Podría considerarse discriminatoria esta medida? Y si es así, ¿está justificada? Esto lo podríamos ver en el análisis que realice la CC en su dictamen», comentó la catedrática.
El régimen argumenta la necesidad de contar con una «norma expresa» que permita a los cuerpos de seguridad que cuando sean investigados o procesados por el uso legítimo de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, puedan defenderse en libertad y continuar cumpliendo con su rol y tareas inherentes a las funciones que desempeñan.
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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) cuestionó el plebiscito enviado por Noboa calificándolo de «populista y demagógico» que «en nada aportará a los problemas del país», entre ellos, la seguridad. Además, hizo un llamado a la Corte Constitucional para que no dé paso a la consulta por su «intrascendencia, inconstitucionalidad y discriminación».
Sobre la pregunta 3, Inredh indicó que el texto envía un «mensaje equivocado a las fuerzas del orden: una promesa de impunidad ante los abusos al uso progresivo de la fuerza. Otras medidas que sí deben tomarse para proteger a la ciudadanía y prevenir la incidencia de procesos de investigación incluyen la suspensión provisional de funciones de la persona investigada una vez que se le han formulado cargos».
Inredh apuntó en un comunicado que se debe garantizar la independencia de los procesos y evitar la presión sobre el sistema judicial.
Por su parte, Hernández ahondó que, si bien es cierto estas reformas se pueden debatir en el Legislativo, «no es menos cierto que el grado de legitimidad varía, porque no es lo mismo que la Asamblea Nacional apruebe una reforma legal a que lo haga el mismo pueblo. El grado de legitimidad jamás será igual entre los representantes del pueblo y el mismo pueblo».
