En los últimos meses cinco estudiantes de colegio de la Zona 8 han sido detenidos por llevar armas a sus colegios.
Cuatro estudiantes de planteles fiscales fueron detenidos la semana pasada al estar involucrados en delitos dentro de establecimientos educativos de Guayaquil.
Habían ingresado armas y en uno de los casos una profesora salió herida en la mano al tratar de quitar el cuchillo a su alumno de 15 años que la amenazó mientras discutían por una mala nota.
El Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que se informó que el accionar del alumno era considerado una falta grave, por lo que han iniciado un proceso disciplinario, pero que también se trabaja con él una intervención académica y familiar que permita garantizar su permanencia en el sistema educativo.
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Ese caso se dio en un plantel del sector de Ciudad de Dios, en el extremo noroeste de Guayaquil, donde los controles policiales en los colegios no se estarían ejecutando.
Tampoco en el Guasmo, donde tres estudiantes armados fueron aprehendidos el miércoles con revólveres en sus mochilas.
Los menores dijeron a la Policía que habían encontrado las armas y que no eran suyas, pero incluso contaban con municiones, por lo que ahora se investiga si esos revólveres han sido usados en hechos violentos y si los estudiantes de 14 años, que asisten a 9.º básico del plantel fiscal, son parte de alguna banda que opera en el sector o si sus familiares están involucrados en el crimen organizado.
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El 6 de junio, en Durán, también se detectó que un estudiante de 14 años llevó un arma de fuego a su colegio. La portaba durante el recreo y tras ser judicializado fue enviado al Centro de Adolescentes Infractores (CAI).
Estos casos hacen reflexionar a los padres y docentes sobre qué llevan en sus mochilas los estudiantes.
“Hace años nos preocupaba que estuvieran llevando H, pero ahora traen armas, cuchillos, machetes o lo que sea y los profesores no pueden hacer requisas, porque dicen que eso vulnera sus derechos”, comenta indignada Susana, la madre de un niño de uno de los planteles involucrados.
Arias indica que la violencia es multicausal y es difícil de detectar en estos alumnos porque en muchos planteles fiscales solo hay un profesional en los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y que este debe encargarse de hasta 1.000 estudiantes.
“No es solo verlos a ellos (estudiantes) y analizar su situación, sino también de la familia que está detrás”, sostiene Arias, quien considera que es necesaria una política pública para reforzar el sistema educativo con psicólogos, para así realizar un verdadero acompañamiento emocional y psicoeducativo a los alumnos.
Fuente: El Universo
