El Ministerio del Ambiente trabaja en una propuesta para elevar la pena contra delitos de flora y fauna.
El delito de tráfico de especies silvestres en Ecuador no se detuvo en este 2022. Operativos realizados por personal de la Policía Ambiental y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) realizados a lo largo de este año lo confirman. Por ejemplo, en abril en la provincia de Orellana, en el cantón El Coca, se decomisaron 57 tortugas charapas y dos huevos de tortugas motelo. El Maate denunció el hecho y el involucrado fue llamado a juicio por la tenencia de estos reptiles.
En junio fueron rescatados tres loros cabeza azul en la provincia del Guayas. Esta especie está a la cabeza del listado de las especies más traficadas en 2022, según datos del Maate. Le siguen la lora alinaranja, el perico caretirrojo, y la lora harinosa.
Las aves se trafican para ser convertidas en mascotas. En el proceso ilegal de su comercialización sufren traumas físicos como el corte de sus alas para que no vuelen, por estrés se quedan sin plumas, en ocasiones su plumaje es pintado para aparentar más brillo.
En este penoso ranking siguen la boa de cola roja, la tortuga charapa, tortuga motelo, tortuga mordedora, caimán de frente lisa y el caimán negro. La lista la cierra el mono ardilla.
Este delito se da en el país pese a que el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que “la persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Para Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, el tráfico de especies también tiene conexiones con el crimen organizado que opera en el país. También afirma que hay que mejorar la educación ambiental para que el país las personas no normalicen como mascotas a animales silvestres, ya que la demanda impulsa la oferta.
“Hay que generar conciencia porque uno protege lo que ama, lo que conoce. Si no se conoce cuál es el rol en la cadena trófica de una especie y se piensa que un tucán se ve más bonito en una casa dentro de un jaula o un mono amarrado con una cadena en su pata o este caimán en mi jardín, no se aporta desde lo cotidiano. Si no entendemos que hay más de un millón de especies en peligro de extinción a nivel mundial, no te sumas”, indica.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/VZTQNGFRG5AM3JY7EK6YV3ZMFI.jpg)
Considera que la creación de la Unidad de Delitos Ambientales por parte de la Fiscalía fue un gran logro a favor de las especies y contra el tráfico de las mismas. “Al final es una cadena articulada entre todos porque hay que buscar que los bandidos estén en la cárcel sentenciados”.
Sin embargo, señala que las actuales penas que establece el COIP son bajas por lo que el Maate está trabajando en una propuesta para reformar la normativa e incrementarlas “sustancialmente”, en especial las consecuencias penales de los delitos ambientales. Aunque no precisó en cuánto se las pretende aumentar, ya que siguen trabajando en el documento.
Este año el Maate, junto a la Fiscalía, ha logrado sentencias condenatorias a varios ciudadanos por tenencias ilegal y tráficos de especies silvestres. Uno de los últimos casos se conoció en noviembre pasado cuando dos ciudadanos fueron sentenciados a cuatro años de prisión y el pago de una multa de diez salarios básicos unificados (4.250 dólares) por el tráfico de dos tortugas patas rojas. Esta especie de quelonio es nativa de las sabanas y bosques de Panamá, Guayanas, Brasil, Paraguay y no se encuentran distribuidas en el Ecuador.
Sin embargo, los reptiles están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) Apéndice II.
Un reporte realizado por Wildlife Conservation Society (WCS) reveló que 5.368 animales silvestres vivos, víctimas de tráfico, fueron decomisados en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil en el primer semestre de 2022. 183 especies son las implicadas entre aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces, que continúan siendo objeto del comercio ilegal de fauna silvestre en estos países. Se espera que el número aumente considerablemente cuando se contabilice el año completo.
Fuente: El Universo
