El 4 de abril pasado se instaló en la Corte Nacional la audiencia de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada, dentro del caso Las Torres.
Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, instalaron, la mañana de este lunes, el vigésimo noveno día de audiencia de juzgamiento dentro del caso Las Torres, proceso penal en el que se analiza el delito de delincuencia organizada contra el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y ocho personas más.
La diligencia se instaló 18 días después de la última suspensión. La jornada de este lunes 3 de octubre arrancó con la continuación del testimonio de un perito solicitado por la fiscal general Diana Salazar y se suspendió casi tres horas después, hasta la tarde, para que otro perito policial inicie con su testimonio.
Aunque son trece llamados a juicio, solo once enfrentan esta fase por supuestamente ser parte de un “grupo organizado y estructurado”. Se hablaba que lo político trataba de apresurar un juicio contra quienes habrían operado a través de la Contraloría General del Estado (CGE), la secretaría de la Presidencia y de la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20% de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa Nolimit C.A.
Al empresario Pedro Saona y Roy Calero se les suspendió esta fase por estar prófugos, pero el primero de estos ya llegó al país, entre la noche del jueves y madrugada del viernes último, extraditado desde la República Dominicana. A Saona se le hicieron los exámenes de rigor y luego fue ingresado al Centro de Detención Provisional de El Inca, al norte de Quito.
En el caso China CAMC, en el que se investiga el delito de cohecho y son procesados también los hermanos Celi, la empresa China CAMC Engineering Co. Ltda., Yang Lian, exrepresentante de China CAMC en Ecuador, y Saona, a este último el juez de la Corte Nacional Luis Rivera resolvió, el 26 de septiembre pasado, sustituirle la prisión preventiva que mantenía por el arresto domiciliario con vigilancia policial permanente, la prohibición de salida del país y el uso de dispositivo electrónico de vigilancia.
Pese a ello no pudo salir de la cárcel a cumplir arresto domiciliario en una vivienda en Samborondón (Guayas), por los 67 años con que cuenta, debido a que en el caso Las Torres el empresario tiene vigente una orden de prisión. Para que cambie esta medidas cautelar deberá darse una audiencia, la cual al menos, en la primera parte de la diligencia de juzgamiento por delincuencia organizada no se trató. También deberá en una audiencia dilucidarse la forma en la que avanzará su juzgamiento en el caso Las Torres.