La asambleísta Gissela Garzón explicó que las faltas que habría cometido Carrillo “pasan por una serie de parámetros que inician con el incumplimiento de la Constitución respecto de una vida libre de violencia”, pero también tienen ver con la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que establece las responsabilidades de la Policía para acompañar estos casos.
Agregó que el femicidio de Bernal dentro de la escuela policial “no puede quedar impune, tiene que haber respuestas de aquellos que por acción u omisión permitieron que esto se consolide de esta manera”, dijo Garzón y resaltó que, según la ley, Carrillo puede ser enjuiciado políticamente hasta un año después de haber dejado el cargo.
Carrillo fue removido del Ministerio del Interior el 23 de septiembre por el presidente Guillermo Lasso, en medio de la polémica desatada por el caso de Bernal.
La intención de UNES para enjuiciar políticamente al exministro se suma a otras tres iniciativas similares que son promovidas por Pachakuitk y la Izquierda Democrática, que tienen que ver con la ola de inseguridad del país, las movilizaciones de junio pasado, y la detención del líder de la Conaie, Leonidas Iza, durante el paro nacional.
El exministro fue convocado para este martes a rendir su versión en la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el crimen; sin embargo, no asistió ni envió excusas.
La Comisión también ha citado por este tema al presidente Guillermo Lasso, pero tampoco se presentó.
María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre cuando fue a la Escuela Superior de Policía para visitar a su esposo, el teniente e instructor Germán Cáceres. Luego de once días, el 21 de septiembre, el cuerpo de la mujer de 34 años fue encontrado en el cerro Casitagua, con signos de violencia. El principal sospechoso es Cáceres, quien está prófugo de la justicia y tiene notificación roja de la Interpol.
Fuente: El Universo
