La Defensoría Pública es la encargada de esa dirección especializada que empezaría a implementarse en diciembre del 2022.
El literal f) del artículo 17 de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, publicada en el Registro Oficial, establece el derecho a la defensa a los miembros de la fuerza pública a través del patrocinio y asesoría jurídica especializada de un abogado institucional y de la Defensoría Pública en asuntos relacionados con el uso de la fuerza en cumplimiento de su deber legal hasta la finalización de los procesos y aun cuando hayan dejado de pertenecer a la institución.
Andrea Guerrero, directora provincial de la Defensoría Pública de Pichincha, señaló que existen 736 defensores públicos en 198 oficinas a nivel nacional que atienden todos los días en turnos rotativos.
Sostuvo que la defensa será gratuita durante todas las etapas del proceso e incluso en la fase preprocesal, es decir, cuando estén siendo investigados. También hasta fases de casación o recursos extraordinarios de revisión.
“Un proceso penal, el costo con abogados particulares puede ser, si es que llega hasta última instancia, de $ 10.000 a $ 20.000. Este dinero es que el se ahorrarían los miembros de la fuerza pública junto con sus familias (…), los miembros de la fuerza pública puedan actuar sin miedo ante la delincuencia, para así podernos brindar una seguridad que tanto necesitamos…”, dijo.
Se estima que hay unos 900 policías procesados a nivel nacional por su accionar en el cumplimiento de su trabajo.
Guerrero señaló que, entre 2018 y hasta 2021, han dado asistencia legal gratuita a unos 2.500 agentes de la fuerza pública en los ámbitos penal, familiar, laboral, inquilinato, violencia intrafamiliar, y otros.
Agregó que tendrían que crear esas unidades en cada provincia en coordinación con la Policía Nacional y la fuerza pública para analizar cuántos defensores especializados se requieren por cada localidad.
Aún no hay una estimación económica de cuánto se necesitaría para el proyecto, aunque la funcionaria aclaró que no se contratarían más defensores, pero sí auxiliares o asistentes como apoyo.
El Gobierno es la entidad que debe destinar los recursos a través del Ministerio de Economía.
El ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó que se reunió con el defensor público, Ángel Torres, para conocer la propuesta de la Unidad de Defensa de la Fuerza Pública a la que le brindará todo el respaldo.
Fuente: El Universo
