El gobierno de Yamandú Orsi dio un paso firme en su política sanitaria y económica: las empresas tabacaleras ya no podrán acceder a los beneficios tributarios contemplados en la Ley de Promoción de Inversiones.
La medida, oficializada mediante un nuevo decreto, revierte una disposición aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Según el Ejecutivo, la decisión responde a “razones de orden público”, priorizando la salud de la población y la coherencia con las políticas antitabaco que han convertido a Uruguay en referente internacional.
Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que la exclusión busca evitar contradicciones entre el fomento de inversiones y la protección de la salud pública. “No tiene sentido ofrecer incentivos fiscales a una industria que genera altos costos sanitarios y sociales”, señalaron.
Con esta resolución, el país reafirma su compromiso con las políticas de control del tabaco, una línea que ha mantenido el Estado uruguayo desde los gobiernos de Tabaré Vázquez y que ahora Orsi profundiza con un enfoque más integral.
