Finalmente, el Gobierno no desistió de realizar una reforma sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Este lunes 31 de octubre del 2022 presentó tres preguntas que ya no implican cambios a la Constitución en materia de los uniformados. Dos de ellas tiene que ver con seguridad. Y junto a esto, el Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, presentó un expediente para iniciar los trámites para la reforma al papel de las Fuerzas Armadas.
En sus nuevas preguntas, el Gobierno quiere consultar si la gente está de acuerdo en destinar el dinero decomisado por delitos como terrorismo, lavado de activo y drogas a programas para la niñez y adolescencia. También quiere incrementar la pena del delito de extorsión, que actualmente es de entre tres y cinco años, a siete y 10 años. La última pregunta tiene que ver con incentivos para quienes contraten a personas de 45 años en adelante.
Así, el Gobierno desiste de incluir a las FF. AA. en el combate al crimen transnacional mediante un cambio legal. La constitucionalista Ximena Ron analiza ese escenario.
¿Hay alguna vía, sin llegar a la reforma parcial dictaminada por la Corte Constitucional (CC), para usar a las FF.AA. en la seguridad interna?
No. Hay un candado constitucional. La competencia de las FF.AA. está establecida de forma clara en la Constitución y esa competencia se limita a la protección de la soberanía y la integridad territorial. Pretender que las FF.AA. colaboren con el orden interno es desnaturalizar esa competencia.
Argumentos como los de la jurisprudencia internacional no se alterarían. ¿Por qué ese cambio sí es posible por ese camino?
Existe la posibilidad de que, vía reforma parcial, se puede debatir la posibilidad de reformar o de cambiar en algo de las competencias que tienen las FF.AA. Ahora, además del candado constitucional, hay otro convencional. Tiene que ver con el candado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se señala que el trabajo de FF.AA. no puede ser el orden interno. Lo que haga en ese ámbito tiene que ser excepcional porque un trabajo permanente en el orden interno ha derivado en vulneraciones a derechos humanos. No es que no se pueda trabajar en conjunto con Policía para proteger el orden interno. Sí se puede, pero en contextos excepcionales. Ese contexto justamente es el estado de excepción.
¿El crimen transnacional no amenaza la misma vigencia del Estado de Derecho? ¿No tuvo que tomar en cuenta eso la Corte?
No. La CC no dice que está cerrada la posibilidad de que las FF.AA. trabajen de forma complementaria con la Policía Nacional en casos de crimen organizado o en algún otro contexto de riesgo. Solo que eso debe ser excepcional; tiene que estar justificado. No podemos abrir esa puerta. No podemos decir que, para que combatan el crimen organizado, deben trabajar junto a la Policía en las calles porque entonces lo que estamos haciendo es normalizar ese trabajo como protector del orden interno. Eso es inconstitucional e inconvencional.
¿Por qué es importante que no se cruce la línea sobre las funciones de la Policía y FF.AA.?
Porque esas funciones están determinadas así para la protección de los derechos de las personas. Es algo que no lo dicho la CC, sino la Corte IDH. Normalizar el trabajo de las FF.AA. en el cuidado del orden público es una fuente de vulneración de derechos humanos. Entonces, para proteger a la población, lo que hace la Constitución es limitar su rol a la protección de la soberanía.
Este Gobierno ha decretado varios estados de excepción. ¿Generar ese cambio en el rol de las FF.AA. no sincera la situación?
No. Porque aun cuando el estado de excepción ha sido usado en exceso, existen controles para regular ese trabajo. La figura genera una protección para la ciudadanía porque la CC puede estar vigilante de lo que sucede dentro de ese estado de excepción. Esta protección que tenemos los ciudadanos en un estado de excepción quedaría eliminada. .
Hoja de Vida
Ximena Ron Erraez es abogada constitucionalista. Es docente universitaria e investigadora. Forma parte de la Red de Mujeres Constitucionalistas del Ecuador. Se especializa en temas de género, Derecho Constitucional y argumentación jurídica. Tiene un PhD en Derecho.
Fuente: El Comercio
