Este jueves, 13 de julio de 2023, se reinstaló una audiencia de revisión de medidas, solicitada por siete de los 14 implicados.
Tras varias horas de deliberación, la Fiscalía comunicó en su cuenta de Twitter que pese a su oposición, el Tribunal ordenó el retiro del dispositivo para los procesados.
El 16 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito contrató, con la empresa Salumed S. A., la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19 por Polimerasa, a un costo de 4,2 millones de dólares.
Según los archivos de Fiscalía, en lugar de las PCR Polimerasa, se habría recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato. Es decir, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas y, aun así, fueron aceptadas por la Secretaría de Salud.
Además, habrían escogido a la empresa, a pesar de que tenían otras propuestas que ofrecían cubrir los requerimientos que, en el marco de la emergencia sanitaria, tenía el Cabildo, entre estos, la adquisición de 200.000 kits para detección de Covid-19 por PCR – Polimerasa y a un mejor precio.
El caso sigue en su etapa de juicio desde el 2021, cuando la defensa de Jorge Yunda presentó una demanda de recusación contra el juez Fabián Fabara, integrante de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, porque “no demostró imparcialidad” en su accionar durante el transcurso de diligencia.
El recurso quedó en firme a mediados del 2022 y desde entonces el caso no avanza.
Fuente: Vistazo
