El excandidato presidencial por el PRE, Nelson Zavala, tiene plazo hasta hoy para cancelar la multa que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le impuso por cometer una infracción electoral en la reciente campaña, según su defensa.
El monto es de $ 3.180 porque la sentencia del TCE dispone que sea el equivalente a diez salarios básicos unificados ($ 318). La resolución también establece la suspensión por un año de los derechos políticos de Zavala, quien es pastor evangélico.
Su abogado, Luigi García, afirmó que la cantidad será pagada porque las acciones que se impulsan de manera paralela en defensa de su cliente no suspenden los efectos de la sentencia. Anunció que hoy se hará el depósito en la cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF), que indica el fallo.
El Tribunal sancionó a Zavala el 11 de marzo pasado porque cuando fue candidato emitió expresiones públicas consideradas discriminatorias. Antes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le había prohibido formular declaraciones contra la comunidad de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (GLBTI), toda vez que una agrupación de ese colectivo se quejó ante comentarios que consideraba intolerantes y homofóbicos.
El dictamen indica que el pago de la multa debe ser “en el plazo no mayor a treinta días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia”.
Zavala reiteró ayer que no tenía el dinero requerido pero que esperaba sumar la cantidad luego del culto de la noche.
Comentó que amigos y miembros de su congregación le han expresado su interés voluntario de colaborar, por lo cual hasta ayer tenía $ 2.100.
Su abogado anunció que la próxima semana enjuiciará penalmente a la presidenta del TCE, Catalina Castro, por presunto prevaricato al remitir a la Corte Constitucional (CC) el pedido de acción extraordinaria de protección. García consideró que ella adelantó criterio al referir, en la notificación que envió a la CC, que tal acción no debía ser planteada contra las decisiones del TCE en procesos electorales.
Zavala interpuso el recurso en un intento de hacer respetar los derechos que, según él, se han violentado, entre ellos la libre expresión y culto.
Para el colectivo que lo denunció en primera instancia, Igualdad de Derechos ¡Ya!, el fallo del TCE servirá de precedente ante otros casos.
