Alrededor de 500 ecuatorianos tienen notificación roja de Interpol y de este total 222 son requeridos por otros países. Algunos están en Ecuador sin ser procesados, pero no pueden ser extraditados porque la Constitución lo prohíbe.
Cerca de 17 países de América y Europa han solicitado notificación roja de la Policía Internacional (Interpol) para buscar a 222 ecuatorianos, que cometieron delitos en sus territorios.
Los ecuatorianos buscados alrededor del mundo por Interpol han cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas, crímenes contra niños, lavado de dinero, tráfico de armas y explosivos.
Pero tener una notificación roja no es motivo de detención inmediata en Ecuador.
Los imputados en otra nación por delitos sexuales contra niños o adolescentes pueden ingresar al país sin ser detenidos de manera inmediata. Esta detención sí ocurre en países con una normativa más exigente, como Colombia.
Aquello se debe a que la detención de un ecuatoriano, requerido por otro Estado, pasa por una solicitud posterior de extradición, para llevarlo a ese país y juzgarlo bajo sus leyes.
Y en Ecuador, la Constitución prohíbe la extradición.
Consulta popular y extradición
La extradición de ecuatorianos está prohibida, sin importar qué o cuántos delitos cometan, según el artículo 79 de la Carta Magna.
Pero el Ejecutivo quiere retirar ese candado constitucional en la próxima consulta popular de febrero de 2023.
La enmienda constitucional, que propone el Gobierno a los votantes, es que los ecuatorianos sean extraditables “para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional”.
Para Rafael Oyarte, abogado en Derecho Público, que la excepción planteada sea solo para casos del crimen organizado transnacional, “no abre plenamente (la extradición), porque será solo para delitos de tráfico de drogas, de armas, de personas y lavado de capitales”.
Es decir, los ecuatorianos requeridos en otros países por violación, robo o asesinato no podrán ser extraditados. Y la mayoría de notificaciones de Interpol se deben justamente a ese tipo de delitos.
De los 222 ecuatorianos con notificación roja, el 36% está relacionado por tráfico de drogas, armas, personas y lavado de activos.
Extradición restringida
“La extradición es bien complicada, pero hay malas explicaciones por parte del Gobierno que puede generar expectativas ciudadanas que no existen, como decir que se va a extraditar a los corruptos”, dice Oyarte.
El experto dice esto en referencia a lo mencionado por la asesora Jurídica de la Presidencia, Karen Sichel.
Ella aseguró que la extradición “es una figura que no solo se va a aplicar contra los narcotraficantes sino también contra los corruptos”, en una entrevista en el programa Contacto Directo.
“Los que robaron durante la pandemia de Covid-19 podrán ser juzgados si es que esos crímenes se consideran transnacionales y podrán ser sancionados fuera del país”, añadió Sichel.
Según explica Oyarte, si una persona comete un acto de corrupción en Ecuador debe ser juzgada en el país, “porque no ha cometido el ilícito en una nación extranjera y, por lo tanto, nadie la va a solicitar” en extradición.
La extradición es un juicio complicado en el que se debe probar, además, que el crimen tiene un efecto transnacional.
Es decir, que hay organización de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer un delito en distintos países.
Aunque el foco de la pregunta sean los delitos de narcotráfico, ni siquiera para los criminales más sonados podría aplicarse la norma, porque la extradición requiere el pedido de otro país.
“No es que vamos a mandar a todos los narcotraficantes a Estados Unidos, porque ese país no nos va a pedir a cualquier delincuente que trafica droga”.
Rafael Oyarte, experto en Derecho Público. Un ejemplo de un capo ecuatoriano extraditado es alias ‘Gerald’, a quien se lo buscaba por el tráfico de 250 toneladas de drogas.
Alias ‘Gerald’ fue capturado en 2018, en un operativo en Colombia, y la justicia de Estados Unidos lo solicitó en extradición para ser juzgado bajo sus leyes.
Fuente: Primicias