Era jueves 30 de septiembre de 2010, cuando Ecuador vivió una de las jornadas más críticas que atravesó el gobierno de Rafael Correa. Hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026, se cumplen 16 años de aquella situación que también puso en peligro a la ciudadanía.
Ese día, policías de distintos regimientos se insubordinaron en rechazo a cambios establecidos en la Ley de Servicio Público, que consideraban perjudiciales para sus beneficios.
El expresidente Correa acudió al Regimiento Quito, donde fue recibido con protestas y posteriormente trasladado al Hospital de la Policía. El Gobierno declaró el estado de excepción y, horas después, un operativo militar permitió la salida del mandatario. La jornada dejó muertos, heridos y una profunda controversia política sobre lo ocurrido.
En ese momento el Gobierno calificó los hechos como un intento de golpe de Estado, mientras posteriormente hubo funcionarios y otras voces que cuestionaron esa interpretación y lo describieron como una rebelión o insubordinación policial.
Origen de la protesta y breve cronología
Sectores de la Policía Nacional y también miembros de las Fuerzas Armadas protestaron contra disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, particularmente por cambios relacionados con beneficios y reconocimientos económicos.
En Quito, policías se concentraron principalmente en el Regimiento Quito. Rafael Correa acudió al lugar para intentar dialogar con los manifestantes. Eso nunca fue posible, pues los ánimos se caldearon.
El análisis de la época sostiene que se trató de un reclamo laboral que escaló por la confrontación del propio mandatario.
Al anularse la posibilidad de diálogo, el expresidente Correa fue trasladado al Hospital de la Policía, donde permaneció varias horas.
Desde allí, su Gobierno decretó el estado de excepción en todo el país. Durante la crisis, los medios de comunicación fueron obligados a transmitir la señal oficial durante un período.
Operativo de rescate: durante la noche, militares realizaron un operativo para sacar al presidente del hospital, en medio de enfrentamientos y disparos.
La jornada dejó personas fallecidas y heridas, aunque las cifras y la atribución de responsabilidades han sido objeto de controversia.
Interpretación política
El Gobierno de Correa sostuvo que los hechos constituyeron un intento de alterar el orden democrático. La OEA, ese mismo día, condenó cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática y expresó su respaldo al Gobierno constitucional de Correa.
Controversias posteriores
Con el paso de los años hubo diferentes interpretaciones sobre lo ocurrido, particularmente sobre las responsabilidades y las decisiones tomadas durante la jornada.
El país sin policías, sin fuerzas del orden, crisis institucional
La jornada dejó al menos ocho personas fallecidas y decenas de heridas, según Amnistía Internacional. Entre los afectados estuvo el entonces presidente Rafael Correa.
Y la ciudadanía fue puesta en riesgo durante horas en que duró el conflicto, pues los policías dejaron de custodiar ciudades, la delincuencia empezó a merodear las calles, sabiendo la indefensión ciudadana.
Durante varias horas se produjo una alteración del funcionamiento normal de las instituciones públicas y de la seguridad en distintas zonas del país.
Procesos judiciales
Después de los acontecimientos se iniciaron investigaciones y procesos contra policías y otras personas por distintos delitos relacionados con los hechos. Amnistía Internacional señalaba que, al finalizar 2010, decenas de policías estaban bajo investigación.
Desenlace legal, el fallo de la justicia
El 28 de enero de 2019, el Tribunal Penal integrado por los jueces Marcelo Narváez, Fanny Altamirano y Silvana Velasco, declaró por unanimidad la prescripción de la acción penal por el presunto delito de secuestro contra el expresidente Rafael Correa por los hechos vinculados al 30 de septiembre de 2010 cuando hubo una revuelta policial. De esa manera los jueces acogieron el pedido hecho por la Fiscalía General.
El argumento es que se excedió el tiempo para la continuidad de la acción penal pues la instrucción fiscal inició en 2016 y la normativa establece que la prescripción debe darse en 5 años.
Además, la Fiscalía mencionó que no disponía de pruebas para determinar que Correa recibió malos tratos físicos o psicológicos pues se hablaba de plagio extorsivo.
Debate público
El 30-S pasó a convertirse en un acontecimiento central del debate político ecuatoriano durante los años siguientes, hasta la fecha, especialmente respecto de si lo ocurrido debía ser entendido como una rebelión policial, una crisis institucional o un intento de golpe de Estado.
Esa interpretación continúa siendo objeto de posiciones diferentes.
Por Radio Centro/ El Universo/ El Comercio
