En una sesión virtual que duró apenas 6 minutos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dominada por el movimiento oficialista ADN, conoció la resolución del Pleno que, el pasado 24 de junio, dispuso iniciar el proceso de fiscalización del destino de USD 104 millones, fondos públicos que Celec pagó a la empresa Progen por los generadores eléctricos inservibles que permanecen en las centrales Salitral y Quevedo.
No hubo debate. El presidente de la comisión, Ferdinand Álvarez, preguntó si algún asambleísta quería intervenir, pero ninguno se registró.
Así se dio inicio al proceso de fiscalización de la ruta del dinero que Celec pagó a Progen y que Progen transfirió a empresas y personas en Ecuador, Estados Unidos y otros países.
Antes de desconectarse, Álvarez dijo que realizarán los pedidos de información y comparecencias dentro de los 30 días que les dio el Pleno.
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