EL COMERCIO .- Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, dijo este 11 de abril de 2023 que en la sustanciación del juicio político se irrespetan las reglas básicas del debido proceso. Advirtió que observará la existencia de violaciones al procedimiento y que incumplir el dictamen de la Corte Constitucional (CC) traería consecuencias.
“Nosotros no consideramos que las cartas están echadas porque apelamos a esa sensibilidad patriótica y cívica de los comisionados y asambleístas”, expresó en radio Sucesos respecto a la faculta fiscalizadora del Legislativo.
Neira espera que esa facultad “se ejerza con el mínimo de rigurosidad, de seriedad y de apego a la norma jurídica”, al ser el enjuiciamiento del Primer Mandatario “un tema delicado”. Manifestó que esa es la línea de defensa técnica que se mantendrá frente a la sustanciación del juicio político.
Sin embargo, hizo una aclaración. “Estaremos atentos a las infracciones, a los excesos o a las violaciones del procedimiento, si es que estas continúan produciéndose”.
Los principales argumentos que maneja Neira es la inexistencia del delito de peculado, por el que se acusa a Lasso, y la falta de responsabilidad política.
Neira acudió el 10 de abril a la Comisión de Fiscalización. Esa mesa aprobó la actuación de 68 pruebas de oficio en la sustanciación de la solicitud de juicio, 60 de ellas de tipo documental y ocho comparecencias.
Tras esa sesión, Neira concluye que “parecería que en el ánimo de los asambleístas no está el respetar el dictamen de la Corte Constitucional”. Por lo que insistirá en la presentación de las solicitudes probatorias dentro de los plazos legales, es decir los 10 días. Ese tiempo que culmina el próximo 16 de abril.
Abogado habla del dictamen de la CC
El abogado de Lasso exigirá que la clase política cumpla con la legalidad “más allá de los afectos y desafectos políticos”. La Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad permitió el enjuiciamiento a Lasso solo por el delito de peculado. El máximo órgano desechó dos acusaciones por concusión.
Neira puntualizó que, si los asambleístas se apartan del dictamen de la CC, eso traerá consecuencias jurídicas. “La CC deberá dar seguimiento al cumplimiento de ese dictamen y tomará las decisiones que correspondan, respecto del comportamiento de esos legisladores”.
La Corte puede actuar de oficio para hacer cumplir sus dictámenes, también tiene la facultad de decidir a partir de las peticiones que formulen los asambleístas o el Presidente de la República, comentó Neira.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ya envió el 7 de abril un oficio al presidente de la CC. Solicitó que “realice el seguimiento a la ejecución del dictamen de admisibilidad parcial del juicio político por un presunto peculado en contra de Lasso”.
Frente a esa petición lo que cabe, según Neira, es esperar una respuesta de la CC o que el organismo esté atento al comportamiento de los legisladores.
Consecuencias por incumplimiento
Neira evitó profundizar en las consecuencias jurídicas para los proponentes del juicio político por incumplimiento del dictamen.
Pero comparó el caso con el desenlace que tuvieron los siete exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpcccs). La Corte destituyó a todos por incumplir con un dictamen sobre la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura.
El jurista, además, sostiene que hay un error de parte de la CC al mencionar que la Contraloría en su informe “habría recomendado la terminación del contrato”, de transporte de crudo entre Amazonas Tankers y la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Aseguró que el Gobierno tiene elementos probatorios para demostrar que la Contraloría en ningún momento recomendó la terminación de ese contrato, sino que sugirió que se negocien nuevas condiciones para evitar perjuicios económicos al Estado.
