El bloque legislativo de ADN, el partido oficialista, confirmó su pronunciamiento de semanas atrás: durante el próximo juicio político de la fiscal general, Diana Salazar, no votará por una eventual moción de censura y destitución.
La interpelación fue planteada por el correísmo, pero quedó en suspenso por problema de salud de Salazar, quien atraviesa un embarazo de riesgo. Sin embargo, superado el malestar, la funcionaria anunció que afrontaría el proceso, al que llamó “narcojuicio”.
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ADN ratifica su palabra
En esta definición coincide la bancada de ADN, que apoya la gestión de la fiscal contra las mafias políticas y criminales.
La legisladora oficialista, Inés Alarcón, precisó que su bloque dirá “NO” a una eventual censura.
Asimismo, recordó que, de acuerdo al dictamen de un juez de Quito, que aceptó la acción de protección que ella misma presentó, después del juicio contra Salazar deben realizarse los de los 3 funcionarios de Guillermo Lasso, que fueron archivados ilegalmente por la Comisión de Fiscalización.
Dicha mesa es presidida por la correísta Pamela Aguirre.
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Juicio contra Palencia debe ser después
Solo entonces, si queda tiempo dentro del periodo legislativo, procedería la interpelación de la ministra del Interior, Mónica Palencia. La acción contra la canciller, Gabriela Sommerfeld, fue un fracaso para la bancada de la Revolución Ciudadana, pues no tuvo los votos necesarios ni siquiera para llegar al pleno.
Obligatorio cumplimiento
Alarcón precisó que el dictamen del juez es de obligatorio cumplimiento, y el Parlamento no tiene otro camino que acatarlo, pues caso contrario se expone a la destitución de las autoridades en rebeldía.
Asimismo, explicó que ni siquiera cabe un pedido a la Corte Constitucional, pues solo es posible cuando hay una sentencia en firme. En este caso, aún resta la opción de una apelación.
Para la parlamentaria, las maniobras para “adelantar” el juicio contra Palencia, es parte de las acciones de la nueva mayoría, que obra con intereses políticos y no técnicos.
