Alcaldes, prefectos y representantes de gobiernos parroquiales solicitaron este martes 10 de febrero, el archivo de la propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), al advertir que se podrían ver afectada la ejecución de proyectos comunitarios y la planificación presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Durante una rueda de prensa conjunta, las autoridades locales señalaron que la iniciativa modificaría la clasificación del gasto público, lo que limitaría la capacidad de los gobiernos seccionales para financiar programas sociales, educativos, deportivos y de salud en distintos territorios del país.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, indicó que la reforma podría obligar a reducir iniciativas sociales al reclasificar la contratación de profesionales como gasto corriente, lo que dificultaría el cumplimiento de las reglas fiscales aplicables a los gobiernos locales.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuestionó el alcance de la propuesta y advirtió posibles inconsistencias legales, señalando que el concepto de inversión planteado para los gobiernos locales difiere del utilizado por el Gobierno central.
Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, sostuvo que la reforma podría afectar programas sociales sostenidos por los gobiernos seccionales y comprometer la continuidad de servicios comunitarios que actualmente cubren necesidades prioritarias en los territorios.
Mientras que, el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, añadió que la normativa también podría reducir las asignaciones presupuestarias. afectando la planificación de obras y proyectos de inversión territorial.
Lo que propone la reforma al COOTAD
El 28 de enero de 2026, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el objetivo de que los GAD destinen progresivamente un mayor porcentaje de sus presupuestos a inversión pública.
La propuesta establece que los gobiernos locales deberán asignar de manera gradual al menos el 70% de su presupuesto institucional a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos hasta 2029.
El proyecto también plantea que las transferencias del Presupuesto General del Estado estarán condicionadas al cumplimiento de esta regla.
Los gobiernos locales que no alcancen el porcentaje mínimo de inversión recibirían únicamente el piso constitucional de asignaciones —15% de los ingresos permanentes y 5% de los ingresos no permanentes—, en lugar de los porcentajes establecidos actualmente en el COOTAD.
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