José Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga solicitaron este martes 10 de febrero revertir la prisión preventiva dictada en su contra, durante una audiencia de apelación en el caso Magnicidio FV.
Este caso investiga a los posibles autores intelectuales del asesinato del político Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.
La diligencia se instaló de forma telemática en el Complejo Judicial Norte de Quito.
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Audiencia y situación de procesados
- Serrano se encuentra recluido en el centro de procesamiento de Krome, en Estados Unidos, con una posible extradición pendiente hacia Ecuador.
- Xavier Jordán reside en ese mismo país y mantiene condición de prófugo en el caso Metástasis
- Ronny Aleaga es desconocido, aunque la última información lo ubicaba en Venezuela; también es prófugo en el caso Metástasis.
En paralelo, la Fiscalía logró vincular este martes 10 de febrero, a tres cabecillas del grupo Los Lobos al proceso penal: Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo; Ángel Aguilar Morales, alias Lobo Menor; y Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis.
Vinculación de alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis
El juez penal de Pichincha, Geovanny Freire, dispuso la vinculación de los tres, extendió la instrucción fiscal por 30 días adicionales y ordenó prisión preventiva para ellos. Además, solicitó a Interpol la emisión de una difusión roja contra alias Lobo Menor, cuya ubicación se desconoce.
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Con esta decisión, los nuevos procesados se suman a la lista de Daniel Salcedo, quien cumple una condena superior a 34 años por corrupción.
La planificación del crimen
Según la teoría fiscal, los tres cabecillas de Los Lobos habrían participado en la planificación previa del atentado, coordinando con grupos irregulares armados de Colombia por encargo de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo, a cambio de dinero.
La Fiscalía sostiene que alias Pipo activó la estructura criminal tras recibir el pago y asignó tareas de seguimiento y supervisión.
Testigos protegidos identificaron roles específicos: alias Lobo Menor habría tenido control directo sobre el grupo armado, encargándose de seguimientos, reuniones, pagos y operatividad, mientras que alias Gordo Luis habría entregado recursos a disidencias de las FARC para contratar sicarios.
El proceso penal inició el 3 de septiembre de 2025 con una instrucción fiscal inicial de 90 días. Tras la vinculación, esta etapa se extenderá hasta inicios de marzo de 2026.
