La eliminación progresiva del subsidio a las gasolinas Extra y Eco es acertada. Así lo comentó el analista económico, Jorge Ayala, consultado por “Punto de Orden”.
Para Ayala, todo subsidio debe tener un objetivo claro y un horizonte finito. Es decir, un tiempo máximo de duración. Sin embargo, en Ecuador ha durado más de 50 años.
Lo lamentable, dijo, es que, en todo este tiempo, no ha existido un mecanismo adecuado para que esa ayuda llegue a quienes deberían llegar. Por tanto, ha sido ineficiente e incorrectamente focalizada.
El analista advirtió que, en cambio, los subsidios se vuelven políticamente muy difíciles de eliminar. Y más aún porque no son “medibles ni rastreables”. Lo que significa que resulta casi imposible establecer su verdadero beneficio.
A nivel de cifras, explicó que la decisión del gobierno significará un ahorro anual de 500 o 600 millones de dólares, a los cuales hay que descontar los 50 o 60 millones de la compensación a los taxistas.
Ayala advirtió que mucho más importante, en el momento en que se resuelva, sería la eliminación del subsidio al diésel, pues representaría alivio mayor al presupuesto del Estado. Basta repasar que representa el 43% de todos los subsidios, mientras los de la Extra y Eco llegan al 20%.
El experto reconoció que el alza de las gasolinas Extra y Eco, generará una ola de especulación, pero no en los niveles que se teme. Mucho más fuerte sería, por ejemplo, eliminar el subsidio al gas.
La medida del gobierno, anotó, es el resultado de la Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional, y que apunta a reducir el enorme costo que tienen los subsidios. El objetivo es bajarlos, de los 3.200 millones de dólares al año, que cuestan a ahora, a solo 900 millones, de aquí al 2029.
Medidas adicionales
Además de eliminar los subsidios, el gobierno debe aplicar otras medidas complementarias, que permitan equilibrar la situación fiscal.
Por ejemplo, reducir el tamaño del Estado, pero a través de “compra de renuncias” o mecanismos similares, sino mediante una reforma estructural.
Asimismo, considera fundamental reorganizar la responsabilidad fiscal de los gobiernos seccionales, que sólo piden dinero, pero cuando lo reciben muchas veces no tienen planes concretos de inversión.
