Con 78 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, calificado como urgente en materia económica.
Se trató del segundo y definitivo debate.
- LEER TAMBIÉN: Aprobado informe para segundo debate de Ley de Transparencia Social
- LEER TAMBIÉN: Proyecto de Ley de Transparencia Social supera primer debate en la Asamblea Nacional
La norma busca establecer un marco jurídico que promueva la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL), que operan en todo el territorio ecuatoriano.
Controles
Para garantizar una supervisión eficiente, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercerá la vigilancia, auditoría y control de las OSSFL, aplicando criterios de clasificación basados en su nivel de riesgo, volumen de recursos, origen de los fondos y alcance territorial, entre otros.
La ley también establece obligaciones diferenciadas de transparencia e integridad según el riesgo, incluyendo la implementación de sistemas de debida diligencia, identificación de donantes y beneficiarios, y la prevención del uso indebido de recursos.
En el marco de esta normativa, las organizaciones deberán actuar con una cultura de integridad, implementando códigos de ética, sistemas de gestión de riesgos y responsables de cumplimiento institucional, especialmente aquellas clasificadas con riesgo alto.
Además, se crea el Sistema Unificado de Información de las OSSFL, una plataforma digital pública que permitirá consolidar información jurídica, financiera, operativa y de cumplimiento, asegurando la trazabilidad y veracidad de los datos.
Cuestionamientos
Durante el debate, algunos legisladores expresaron críticas y advertencias sobre posibles riesgos de la ley. Liliana Durán cuestionó la incorporación de reformas fuera de la unidad de materia prevista en la Constitución, mientras que Alfredo Serrano señaló la carga tributaria y la exoneración de deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Paola Cabezas y Viviana Veloz, de la bancada correísta, alertaron sobre vicios de inconstitucionalidad y riesgos de centralización de poder, y Fernando de la Torre y Noemí Cabrera señalaron la necesidad de medidas integrales frente a la violencia y el crimen organizado.
En contraste, legisladores como Sergio Peña, Alex Morán, Mario Zambrano, Andrés Guschmer y Andrés Castillo resaltaron que la norma protege a las organizaciones sociales responsables, establece mecanismos proporcionales de control según niveles de riesgo, y garantiza la integridad de los recursos, evitando su uso para actividades ilícitas.
