El proyecto de Ley de Transparencia Social, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgencia económica, superó el primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
Tras los aportes y observaciones de los legisladores, el proyecto retornó a la Comisión de Desarrollo Económico, para el análisis elaboración del informe para segundo y definitivo debate.
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La normativa establece que el Parlamento, en vista que es un proyecto urgente, tiene un mes de plazo para aprobarlo o negarlo. De no llegar a una resolución, entra en vigor por el ministerio de la ley.
Contra lavado de activos
La propuesta busca combatir el lavado de activos, mediante mecanismos que permitirán transparentar el movimiento del dinero.
En su exposición, la ponente del proyecto, Valentina Centeno, explicó que hay antecedentes de cómo la criminalidad utiliza organizaciones sociales sin fines de lucro, para el narcotráfico, minería ilegal y redes de corrupción.
La iniciativa tiene por objeto establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, por parte de personas naturales y jurídicas, con especial atención a las organizaciones sociales sin fines de lucro.
En este contexto, la legisladora ponente del informe señaló que las economías criminales mueven aproximadamente 30.000 millones de dólares anuales en el país. Lo más grave, dijo, es la infiltración de estas economías en la vida social, económica y comunitaria, por lo que esta ley busca advertir y prevenir que ciertas organizaciones sociales están siendo utilizadas como instrumentos para la comisión de delitos.
