El Gobierno de Argentina inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas investigadas por participar en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas.
La medida fue ordenada por el presidente Javier Milei y ejecutada por la Cancillería argentina. El Gobierno sostiene que estas actividades incumplen la legislación nacional sobre la plataforma continental.
Los procedimientos se amparan en la Ley 26.659, aprobada en 2011. Esta normativa establece sanciones para empresas que realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, así como para quienes participen o presten servicios a esos proyectos.
La medida alcanza tanto a compañías que desarrollarían directamente las actividades como a accionistas y empresas que les proporcionen servicios. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades en cada caso.
Argentina ya aplicó esta legislación contra la británica Rockhopper y la israelí Navitas, ambas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. Las compañías fueron inhabilitadas para operar en Argentina durante 20 años.
Sea Lion se encuentra actualmente en una fase inicial de desarrollo. Sus operadores anunciaron a finales de 2025 la decisión final de inversión y proyectan comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.
En paralelo, Milei firmó un decreto para agilizar la detección y sanción de actividades relacionadas con hidrocarburos en las Malvinas. Los organismos públicos deberán informar de inmediato sobre operaciones que se realicen sin autorización argentina.
Además, las empresas que incumplan la normativa quedarán excluidas de proyectos que formen parte del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
El Gobierno argentino aprovechó el anuncio para reiterar su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes.
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