El Consejo de Administración Legislativa (CAL) y el Comité de Ética de la Asamblea, analizarán posibles sanciones contra Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, por el incidente ocurrido el pasado lunes, durante la comparecencia de la fiscal general, Diana Salazar.
Tras exponer sobre varios casos de interés nacional, Salazar fue informada por Aguirre, sin aviso previo, que intervendría vía telemática el exlegislador Ronny Aleaga, implicado en el “Caso Metástasis”, y actualmente prófugo de la justicia. La fiscal se negó a participar en ese “careo”, y abandonó la sala. Lo mismo hicieron otros miembros de la comisión, que ya no pudo continuar debido a la falta de quorum.
Para el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, lo que ocurrió es grave, ya que la parlamentaria correísta quería dar paso a Aleaga, pese a que no estaba ese punto en la agenda. Además, al ser uno de los implicados en un proceso legal en curso, no era válido que tuviera un enfrentamiento verbal con la fiscal.
Kronfle anticipó que en el CAL se analiza la existencia de una violación al procedimiento legislativo, lo que traería medidas disciplinarias.
De su lado, la asambleísta Gissella Molina, del movimiento Gente Buena, presentó una denuncia contra Aguirre, por inobservar la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Molina explicó que la parlamentaria correísta, faltó al uso debido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro distintivo, además de permitir actos ajenos a su naturaleza, y que lesionen el prestigio de la institución.
La sanción podría ser de una suspensión sin remuneración por 90 días, e incluso la destitución.
La eventual medida dejaría la Presidencia de la Comisión de Fiscalización en manos de Luis Alvarado, del oficialista ADN.
En lo que sí coinciden las principales bancadas, es que se trató de un intento de “emboscada” contra Salazar, y que la “invitación” a que intervenga Aleaga no era válida, por no constar en el orden del día y por tratarse de un prófugo de la justicia.
La Fiscalía exigió que Aguirre informe sobre el paradero de su coideario, pero ella dijo desconocerlo.
