No fue necesario completar el plazo de un mes que establece la Constitución, para tratar los proyectos de urgencia económica. La Asamblea Nacional, en apenas 20 días, conoció y aprobó la denominada Ley de Solidaridad Nacional.
La iniciativa partió del Ejecutivo, y busca combatir las finanzas de las organizaciones criminales.
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Con 84 votos a favor, procedentes del bloque de Gobierno y sus aliados, Partido Social Cristiano y Pachakutik, estos últimos a pesar de la amenaza de la dirigencia de expulsarlos, la propuesta recibió el visto bueno este sábado. Otros 46 legisladores, todos ellos del correísmo, se pronunciaron en contra, uno votó en blanco y hubo 10 abstenciones.
Las reformas
El debate se extendió por más de 4 horas, y tuvo la participación de 23 parlamentarios.
La nueva ley tiene el carácter de “orgánica”, es decir que está por encima de otras similares. Además de establecer mayor dureza en el control del crimen organizado, establece reformas penales muy importantes, incluyendo la obligación de dictar prisión preventiva para ciertos delitos. Uno de ellos es el tráfico de combustibles, que será severamente penado a partir de la sanción de la ley.
De esta manera, se evitará que los jueces liberen a peligrosos antisociales, o les brinden medidas sustitutivas.
El principal objetivo es evitar que el dinero de las bandas circule libremente. Desde ahora será requisado y pasará a manos del Estado.
Asimismo, la ley faculta al presidente de la República a emitir indultos anticipados, a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que participen en operativos y que, por razón de su trabajo, den de baja a maleantes.
La normativa, de forma complementaria, establece ayudas para los sectores sociales golpeados por la delincuencia, y políticas para evitar que niños y adolescentes sean reclutados por pandillas.
La idea es proteger y reparar a personas vulnerables, en zonas afectadas por el crimen organizado.
