La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de sus 10 integrantes, aprobó el informe para segundo debate, del proyecto de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
El mismo fue calificado por el presidente de la República, Daniel Noboa, como urgente en materia económica.
- LEER TAMBIÉN: Ministros y comandantes acuden a la Asamblea para defender proyecto urgente del Ejecutivo
- LEER TAMBIÉN: CAL calificó proyecto urgente del Ejecutivo para desarticular economía criminal
La normativa incluye medidas de protección, prevención y reparación a personas vulnerables en zonas afectadas por el crimen organizado, el incremento de penas para el tráfico de combustibles y adecuaciones al régimen de rehabilitación social.
Atención prioritaria
El proyecto reconoce la necesidad de establecer medidas de protección y atención prioritaria a la población civil, afectada por el conflicto armado interno, conforme a lo dispuesto en la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, a fin de garantizar que las víctimas accedan efectivamente a sus derechos, promoviendo su reparación integral y su inclusión en políticas públicas diferenciadas y con enfoque de dignidad.
Igualmente, en el texto para segundo debate se incrementa de 22 a 26 años, la pena para delitos relacionados con el sector hidrocarburífero, y se adecúa el sistema penal en cuanto a la proporcionalidad en la aplicación de sanciones por los jueces, a fin de evitar el abuso de medidas sustitutivas a la prisión preventiva o, por ejemplo, cambios de un régimen de rehabilitación semiabierto a abierto, sin las condiciones que lo justifiquen.
Además, en el documento constan mecanismos de evaluación y depuración del personal militar y policial, cada seis meses, mientras dure el conflicto armado interno, con el propósito de salvaguardar el normal desempeño de las funciones que corresponden a los organismos de seguridad pública.
Indulto anticipado
Sobre la figura del indulto anticipado, la Comisión considera necesario permitir que se establezca un indulto diferido, a fin de evitar que los efectivos policiales y militares sean sujetos de prisión preventiva, arresto domiciliario o el uso de grillete en caso de una investigación penal en su contra, producto de la lucha contra el crimen organizado.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión, agradeció el apoyo de los miembros del organismo al informe, que recoge varias de las observaciones y propuestas de los diferentes sectores políticos representados en la Comisión.
