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Asamblea aprueba informe sobre Segura EP y pide investigar posibles responsabilidades

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Por: L. Páramo

Ultima actualización: 2026-09-15 20:00:44

La Asamblea Nacional aprueba informe sobre el uso indebido de los sistemas de videovigilancia de Segura EP en Guayaquil.

Con 85 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, 15 de septiembre, el informe de fiscalización sobre presuntas irregularidades en los protocolos de seguridad y acceso al sistema de videovigilancia administrado por Segura EP en Guayaquil.

La resolución será remitida a la Fiscalía, Contraloría y Superintendencia de Protección de Datos Personales.

El documento fue elaborado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que investigó el funcionamiento de la plataforma de videovigilancia y la presunta instalación de una denominada “sala espejo” en dependencias del Municipio de Guayaquil.

Informe analiza presunta “sala espejo” en Guayaquil

Uno de los elementos analizados corresponde a un correo enviado el 20 de noviembre de 2024 por el director de Segura EP para la instalación de una “sala espejo” en el Palacio Municipal de Guayaquil, específicamente en la Dirección de Aseo Cantonal.

Según las conclusiones de la mesa legislativa, no se encontró una resolución del Directorio, delegación u otro documento que justificara la instalación de esa sala ni la habilitación de sus accesos.

Asamblea remitirá informe a Fiscalía y Contraloría

Con la resolución aprobada, la Asamblea dispuso enviar el documento a la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado y Superintendencia de Protección de Datos Personales, para que profundicen las investigaciones.

Además, el Pleno dispuso que el ECU 911 fortalezca la actualización del registro y catastro de sistemas, plataformas, puntos de monitoreo e infraestructura interoperable administrada por los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral realizará el seguimiento de la resolución y solicitará a las instituciones involucradas que informen, dentro de un plazo de 30 días desde la notificación, sobre las acciones y medidas adoptadas.

 

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