Primicias .- Tanto la Autoridad Portuaria de Manta, como la compañía chilena Agunsa, operador del Terminal Portuario, explicaron sus posturas sobre el contrato de delegación del puerto a la sociedad civil.
La polémica por presuntas irregularidades en el contrato de delegación del Puerto de Manta, en Manabí, pasó a una siguiente etapa. Se trata de la socialización con la ciudadanía, sectores productivos y organizaciones sociales sobre esta inversión pública-privada.
Aún está pendiente la audiencia para resolver la acción de protección con medida cautelar, interpuesta por el operador del puerto ante la “falta de seguridad jurídica” para los inversionistas extranjeros.
La diligencia está prevista para el 24 de noviembre de 2023, a las 10:30, en la Unidad Judicial Penal Norte, en la vía a Daule (Guayas).
Estas acciones se realizan tras una alerta de presuntas irregularidades en el contrato de delegación del puerto y, desde entonces, han surgido cuestionamientos que involucran a una multinacional chilena y al estado ecuatoriano.
Vista del Puerto de Manta, en Manabí, el 1 de noviembre de 2023. PRIMICIAS
Todo surgió porque la estatal Autoridad Portuaria de Manta (APM) denunció que la compañía chilena Agencias Universales S.A. (Agunsa), operador del Terminal Portuario de Manta (TPM), había cometido presuntas “irregularidades” relacionadas con la compra-venta de acciones.
APM señaló que la delegación del puerto genera pérdidas al Estado por inequidad en la distribución de recursos y buscaban una renegociación del contrato.
La entidad pone como ejemplo que TPM, desde el inicio de sus operaciones, ha facturado USD 134 millones, de los cuales APM ha recibido USD 4,2 millones, “situación que refleja una evidente pérdida”.
Pero estos señalamientos han generado distintas acciones, entre ellas, que Autoridad Portuaria de Manta (Estado) y Terminal Portuario de Manta (operador privado) expliquen las condiciones de la delegación del puerto de Manta.
Desde APM, en una Asamblea Ciudadana conformada por representantes de los sectores productivos, organizaciones sociales, cámaras y fuerzas vivas de la provincia, detallaron la situación técnica de la delegación, reiterando que el contrato es “lesivo para los intereses del Estado”.
Además, en la reunión entregaron una carpeta con información técnica sobre el caso a la asambleísta Adriana García (Gente Buena), quien se comprometió a revisar y fiscalizar el contrato.
Finalmente, en la Asamblea Ciudadana acordaron:
- Pedir a la Fiscalía General del Estado continuar el proceso de revisión de las supuestas irregularidades.
- Mantenerse en sesión permanente y respaldar las gestiones de control y fiscalización del legislativo.
Agunsa también socializa su postura
Mientras que TPM -filial de la multinacional chilena Agunsa-, en conjunto con gremios y organizaciones de la ciudad y la provincia, también explicó públicamente las condiciones del contrato.
En un comunicado, TPM aseguró que han enfrentado “ataques infundados” y que APM, usando “como excusa una reestructuración societaria por parte del delegatario”, intenta dañar la imagen y atentar contra la seguridad jurídica de una inversión público-privada.
Y que renegociar las condiciones del contrato es un “supuesto interés” que utiliza APM para plantear “falsas versiones sobre los ingresos”.
Finalmente, TPM rechazó una posible terminación contractual, pues en un inicio APM aseguró que infringir las cláusulas, podría originar una “terminación unilateral” del mismo.
Y el Terminal Portuario defiende sus logros:
- Generación de USD 60 millones en inversiones al cierre de este año.
- Inyección a la economía de la provincia, que supera los USD 33 millones.
- Generación de más de 10.500 empleos (directos e indirectos).
- Atención de 108.800 cruceristas (pasajeros y tripulantes).
- Al menos USD 8,5 millones de regalías al Estado ecuatoriano.
- Incremento del volumen de las operaciones: en mano estatal (2016) un total de 622.744 toneladas; mientras que en 2022, bajo el operador privado, 1.127.093 toneladas.
