La Asamblea Nacional debatirá y votará este 29 de septiembre de 2026 una reforma que plantea endurecer las penas para quienes recluten o utilicen a menores de edad en actividades delictivas.
El proyecto propone modificar 15 cuerpos legales y contempla medidas de protección para niños, niñas y adolescentes que sean captados por estructuras criminales. El informe para segundo debate fue aprobado por la Comisión de Transparencia el 22 de septiembre.
Uno de los principales cambios está relacionado con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La propuesta plantea incorporar los términos “usar” y “utilizar” junto a “reclutar” y “enlistar” para ampliar las conductas que pueden configurar este delito.
Actualmente, el reclutamiento de menores para participar en actos ilegales contempla penas de entre 10 y 13 años de prisión. La reforma propone elevar la sanción a un rango de 22 a 26 años, dependiendo de las circunstancias del caso.
El proyecto también plantea proteger la identidad de las personas que denuncien casos de reclutamiento ante la Fiscalía General del Estado. La intención es evitar que los denunciantes queden expuestos frente a las estructuras criminales.
Otra parte de la reforma establece nuevas obligaciones para los gobiernos autónomos descentralizados. Los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deberán incorporar medidas de prevención en sus normas para evitar la vinculación de menores con actividades delictivas.
La propuesta también contempla controles sobre eventos y representaciones que promuevan, hagan apología o glorifiquen actividades delictivas. Estas medidas tendrían especial aplicación en espacios públicos ubicados cerca de instituciones educativas.
El proyecto incluye además la elaboración de mapas de riesgo en entornos educativos. Los ministerios de Educación, Interior y Salud deberán identificar instituciones y zonas con mayor exposición al reclutamiento, las actividades delictivas y el consumo de sustancias sujetas a fiscalización.
La iniciativa también contempla medidas de protección digital, sistemas de alerta temprana y atención especializada para las víctimas. El Pleno ya conoció el proyecto en primer debate en mayo de 2026 y ahora deberá pronunciarse sobre el informe para segundo debate.
Si la Asamblea aprueba el proyecto, las reformas deberán continuar con el trámite constitucional correspondiente antes de su entrada en vigencia.
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