La iniciativa fue presentada por el asambleísta Adrián Castro, de Acción Democrática Nacional (ADN). La fecha busca rendir homenaje a las víctimas directas e indirectas del crimen organizado, así como a los servidores públicos asesinados durante el cumplimiento de sus funciones.
La resolución dispone que cada 15 de noviembre el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y otras instituciones competentes organicen actos conmemorativos y campañas de sensibilización. Las actividades también estarán orientadas a promover la legalidad y la transparencia.
Durante la presentación de la propuesta, Castro expuso cifras de violencia registradas entre 2020 y 2025. Según indicó, en ese periodo fueron asesinados 275 policías, 12 fiscales, cuatro jueces y 48 militares. También recordó a los 11 militares que murieron en Alto Punino.
El legislador aclaró que establecer una fecha conmemorativa no sustituye las políticas públicas de seguridad. Señaló que enfrentar a las organizaciones criminales requiere inteligencia, reformas legales y cooperación internacional.
La resolución también recuerda los asesinatos de los fiscales César Suárez y Marcelo Vásconez. Suárez fue asesinado en Guayaquil el 17 de enero de 2024, mientras investigaba casos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Vásconez murió el 25 de octubre de ese año en Manta, junto con su custodio policial.
Durante el debate, la asambleísta Noemí Cabrera, de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó el momento en que se trató la iniciativa. También pidió mayor atención a la crisis de inseguridad que enfrenta la provincia de El Oro y a las acciones para investigar a quienes financian a las organizaciones criminales.
Por su parte, la legisladora Diana Jácome, de ADN, defendió las acciones de seguridad ejecutadas por el Gobierno. Durante su intervención, mencionó resultados de los operativos realizados durante el toque de queda, entre ellos aprehensiones e incautaciones de droga.
La nueva fecha nacional permitirá realizar actividades anuales en memoria de las víctimas. La resolución plantea mantener presente el impacto de la delincuencia organizada y el papel de las instituciones encargadas de enfrentarla.
