Con 7 votos afirmativos, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea, aprobó una resolución, para iniciar un proceso fiscalización al programa de redistribución de recursos, impulsado por el Gobierno Nacional, en el marco de la eliminación del subsidio al diésel.
Durante la sesión, la mesa legislativa recibió en comisión general a representantes de organizaciones sociales y académicas, quienes expusieron la realidad que enfrentan las personas adultas mayores en el Ecuador, que serían las más afectadas por una posible ola especulativa en productos de primera necesidad.
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Requieren protección
Sonia Andrade, representante de la Red de la Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez (Red CORV-Capítulo Ecuador), destacó la necesidad de fortalecer la protección de este grupo poblacional.
Según Andrade, el 70% de las personas mayores carece de seguridad social o pensión jubilatoria, una cifra que podría aumentar si el incremento en el diésel trae consigo el alza en productos básicos.
Por ello instó a la Asamblea a analizar la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de actualizar el marco legal, y adaptarlo a las realidades del envejecimiento del país.
Parecido criterio emitió Pablo Álvarez, representante de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología, recordó que el envejecimiento es un proceso universal, que conlleva vulnerabilidades de orden biológico, psicológico, social y medioambiental.
Señaló que el Estado debe anticiparse a estos desafíos con políticas públicas, que garanticen autonomía y calidad de vida en la vejez. Por ejemplo, en la salud mental.
