La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional inició una investigación sobre el patrimonio de alcaldes y prefectos del país, con el objetivo de identificar posibles incrementos patrimoniales injustificados. El proceso fue dispuesto por el Pleno del Legislativo y tendrá un plazo de 90 días para elaborar un informe con sus hallazgos.
Como parte de la primera fase, la comisión solicitará información al Ministerio del Trabajo, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para contrastar la información patrimonial de las autoridades seccionales y detectar eventuales irregularidades.
La presidenta de la comisión, Lucía Pozo (ADN), explicó que, si durante el análisis se identifican inconsistencias, se elaborará un informe que posteriormente podrá ser remitido a los organismos competentes. Según indicó, el proceso busca realizar una revisión integral de la información disponible sobre los funcionarios investigados.
La iniciativa generó cuestionamientos desde la oposición. La bancada de la Revolución Ciudadana aseguró que la investigación podría tener fines políticos al desarrollarse antes de las elecciones seccionales de 2027, mientras que desde Pachakutik recordaron que la Asamblea no tiene facultades para destituir ni sancionar a alcaldes o prefectos, por lo que cualquier hallazgo deberá ser enviado a entidades como la Contraloría General del Estado o la Fiscalía.
Por su parte, el oficialismo rechazó que la fiscalización tenga motivaciones electorales y afirmó que el proceso se desarrollará con transparencia. Una vez concluida la investigación, el informe será presentado al Pleno de la Asamblea para su conocimiento y eventual aprobación.
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