El Pleno de la Asamblea Nacional, con 86 votos de respaldo, aprobó la denuncia o terminación de la vigencia del Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela.
Este finiquito se basa en el análisis e informe, realizado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.
Acto soberano
El documento detalla que, de acuerdo con el derecho internacional, la denuncia de un tratado es un acto soberano, mediante el cual un Estado decide poner fin a su participación en un instrumento internacional, siguiendo el procedimiento establecido en el propio tratado o en las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Durante su intervención, Lucía Jaramillo, presidenta de la comisión, aclaró que la decisión no implica cerrar puertas a los venezolanos migrantes, sino garantizar el debido proceso en su regularización.
“Nadie pierde derechos, pero el Ecuador recupera su control migratorio y protege la vida de sus ciudadanos”, señaló.
Además, manifestó que la Corte Constitucional, en su dictamen 7-25-TI/25, de 10 de julio de 2025, concluyó que la denuncia del Tratado no supone una afectación al derecho a la movilidad, pues este se encuentra fundamentado en la Constitución.
Fin a simplificación de visas
Según informó la legisladora, el instrumento regulaba un procedimiento simplificado para la obtención de visas y residencias, de ciudadanos venezolanos en territorio nacional, “pero su denuncia no elimina el derecho a migrar ni implica regresión de derechos, ya que la normativa interna ecuatoriana continúa garantizando los mismos principios”.
