La Asamblea Nacional aprobó una resolución que ordena fiscalizar la compra de 60 trolebuses eléctricos en Quito, un proceso que involucra a la Alcaldía y a empresas públicas metropolitanas.
Fueron 79 votos afirmativos; la Asamblea dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana inicie un proceso integral de fiscalización sobre las actuaciones del alcalde Pabel Muñoz y de las autoridades responsables de la adquisición de los trolebuses.
La resolución será remitida al Concejo Metropolitano de Quito, al Alcalde y a la Contraloría General del Estado, para que adopte las acciones que considere necesarias dentro de sus competencias constitucionales y legales.
Durante el debate, el asambleísta Xavier Ordóñez, proponente de la iniciativa, indicó que existen observaciones relevantes de la Contraloría, con indicios de responsabilidad penal y glosas por millones de dólares, en un proceso de contratación cuyo monto bordea los USD 35 millones.
Señaló que la fiscalización apunta al modelo de contratación pública y no a una sanción personal.
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