La primera semana del juicio político al presidente Guillermo Lasso, simplemente confirma que la acusación de presunto peculado es improcedente.
Así lo señaló el subsecretario jurídico de la Presidencia, Jorge Benavides, en diálogo con “Punto de Orden”.
A su criterio, las comparecencias de funcionarios y ex funcionarios en la Asamblea Nacional, solo confirman que no existe delito, y por tanto, no se puede atribuir una responsabilidad política, peor penal, al mandatario.
Benavides recordó que en marzo del 2022, al conocerse las recomendaciones de la Contraloría sobre el contrato con Flopec, se acogieron todos los puntos. Y como resultado de las acciones del actual gobierno, dicha empresa registra importantes ganancias.
El jurista advirtió que al no existir una causal válida, no hay responsabilidad, algo que esperan demostrar, una vez más, en el Parlamento.
El funcionario hizo notar que el presidente, no participa en la firma de contratos con Flopec, pues esa tarea corresponde a los directivos de la compañía. Por tanto, mal se lo puede acusar de algo que no le compete, y peor aún, que ni siquiera representa un delito.
Benavides lamentó que los opositores, en su afán de pretender la caída de Lasso, quieren “estirar” la causal, es decir el presunto peculado, y después afirmen que “no es necesario demostrarlo”.
Finalmente, advirtió que el jefe de Estado tiene la plena facultad de dictar la “muerte cruzada” en cualquier momento, debido a los permanentes obstáculos que plantea la Asamblea contra su plan de gobierno.
