La legisladora correísta, Nuria Butiñá, calificó la denuncia por supuesto cobro de diezmos como “una farsa” y aseguró haber presentado 150 pruebas de descargo. La vicepresidenta Mishel Mancheno pidió su destitución.
El proceso disciplinario contra la asambleísta Nuria Butiñá, de la Revolución Ciudadana (RC), avanzó este jueves 18 de septiembre de 2025 con la comparecencia de las partes ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional.
La primera vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno (ADN), en calidad de denunciante, presentó pruebas documentales, capturas de mensajes y audios entregados por Iván Castro, exasesor de Butiñá, quien también declaró de forma telemática alegando temor por su seguridad y la de su familia.
El exasesor Castro aseguró que Butiñá le pidió, tanto de manera verbal como mediante mensajes de WhatsApp, entregar parte de su remuneración mensual para cubrir gastos de comunicación y consultorías.
Tras negarse a realizar dichos aportes, Castro afirmó que se le impuso generar contenidos, fotografías y videos, pese a que no eran funciones propias de su cargo de asesor de nivel uno. Incluso, en ciertos casos, dijo que debió pagar a terceros para cumplir con esas exigencias.
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Coordinación de pagos externos
El 12 de junio recibió un mensaje en el que se le ordenaba comunicarse con Miguel Saltos, excolaborador de la asambleísta en otra entidad pública, para coordinar pagos de supuestas “asesorías”. Castro afirmó que nunca recibió facturas por esos valores.
Maltrato laboral
- El exasesor denunció que existió un patrón de amenazas, prohibiciones para colaborar con otros despachos y un clima de presión constante. Mancheno, al escuchar el testimonio, pidió al Comité aplicar la sanción más severa establecida en la normativa: la destitución de Butiñá de su curul.
Butiñá alega
En su intervención, la legisladora correísta rechazó todas las acusaciones. Calificó la denuncia como “una farsa, una mentira y una telenovela” y aseguró que el exasesor “ha mentido de manera descarada” con una denuncia “llena de contradicciones”.
Butiñá afirmó que presentó un descargo de 27 páginas y más de 150 documentos probatorios, los cuales —dijo— no fueron admitidos en su totalidad por el Comité de Ética.
También arremetió contra el asambleísta Sergio Peña, exmiembro de la RC y actual integrante del Comité, a quien acusó de “descontextualizar conversaciones privadas” para perjudicarla políticamente.
La asambleísta solicitó el archivo de la denuncia por ser «infundada». También enfatizó que se reservará las acciones legales que tomará a futuro en contra de su exasesor.
Los asambleístas miembros del Comité de Ética, realizaron varias preguntas, a una de ellas, Butiñá respondió no haber pedido dinero a su exasesor «nunca».
El Comité de Ética deberá elaborar un informe con sus conclusiones y recomendaciones, que será remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su resolución. El documento se emitiría en un plazo de cinco días.
