Asambleístas interpelantes piden valorar las pruebas y se recomiende la censura y destitución de los siete consejeros del CPCCS por incumplimiento de funciones.
Los asambleístas de Pachakutik José Chimbo y Ricardo Vanegas, interpelantes de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), fundamentaron la conexidad de los dos pedidos de juicio político y solicitaron que la Comisión de Fiscalización apruebe un informe recomendando la censura y destitución de las siete autoridades.
Este 26 de octubre concluyó la etapa de sustanciación de pruebas de cargo en contra de los funcionarios acusados de incumplimiento de funciones. En dos días de exposiciones los legisladores pidieron a la Comisión de Fiscalización que valore las pruebas y elabore un informe que recomienda al pleno la censura y destitución de los siete integrantes del CPCCS. En la tarde estaba previsto iniciar la presentación de pruebas de descargo de tres de los siete enjuiciados.
Tanto Vanegas como Chimbo señalaron que el CPCCS, al designar con el voto unánime al superintendente de Ordenamiento Territorial se configuró un incumplimiento de funciones por haber elegido a una persona que estaba vinculada con el expresidente del CPCCS Christian Cruz.
Chimbo afirmó que no se trata de evaluar si Pablo Iglesias cumplía o no los requisitos para ostentar el cargo de superintendente, sino que el CPCCS resolvió con el voto de todos sus integrantes designar a un ciudadano que insertó en su hoja de vida un ítem denominado actividad relevante como consultor y señaló que elaboró doce planes de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial de la Sierra y el Oriente ecuatoriano con la consultora AGME-2017. Esta empresa tiene como propietario y accionista a Christian Cruz Larrea, expresidente del CPCCS, quien fue censurado y destituido, pero que conoció toda la fase de este procedimiento una vez que el expresidente Lenín Moreno remitió la terna.
Vanegas dijo que en el caso de Pablo Iglesias, hubo un conflicto de intereses al momento de su designación y que “todos se hicieron los ciegos y no revisaron los documentos, pero también se debe revisar la declaración juramentada que tenía que presentar para participar en el concurso, donde no consta la prohibición legal”.
En la acusación respecto a una arrogación de funciones de parte de cuatro consejeros del CPCCS, al remover a Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, el asambleísta Ricardo Vanegas afirmó que se produjo una violación expresa del artículo 208 de la Constitución, que habla sobre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, donde no consta, dijo, la competencia como autoridad nominadora para destituir a un vocal de la Judicatura. Que es la Asamblea Nacional la que puede destituir a un vocal de la judicatura, previo juicio político.
“Queda demostrado que hubo una violación de derechos constitucionales en el caso del vocal Fausto Murillo, y esa vulneración fue señalada por la Corte Constitucional y los jueces constitucionales, por lo tanto, cuatro consejeros adecuaron sus conductas en un incumplimiento de funciones, porque violaron expresamente el artículo 208 e hicieron más allá de lo que podían hacer, esto es, remover un vocal del Consejo de la Judicatura y adecuaron su conducta en una causal de destitución”.
Vanegas además pidió a la comisión que deseche la comparecencia de Carlos Chiriboga, quien actuó como testigo solicitado por la consejera Sofía Almeida, por carecer de validez, porque es abogado que patrocina una causa en la Fiscalía a favor de Almeida. Chiriboga compareció para dar su testimonio sobre un supuesto incumplimiento de funciones en contra de cuatro consejeros del CPCCS, al modificar el reglamento para la designación del contralor general del Estado.
El legislador nacional de Pachakutik, al referirse a la última acusación sobre la designación de César Córdova como defensor del Pueblo, dijo que meses antes de ser elegido trabajó como secretario general del CPCCS, cuando en el país hay 17 millones de ciudadanos para ocupar ese cargo, pero el Consejo de Participación escogió al secretario general; “no tenía un padrino, tenía siete padrinos, donde hay un conflicto de intereses”, subrayó.
El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, explicó que hay dos procedimientos políticos que se unificaron y que hay que tener claro que algunos consejeros tomaron decisiones en parte, y hay otras acusaciones que involucran a los siete consejeros. El funcionario dijo que cada actividad desarrollada en el Consejo que preside sí se hizo en virtud de garantizar la transparencia en el marco de designación de las autoridades de control.
Cada consejero debe defenderse de acusaciones concretas, porque las votaciones realizadas en el Consejo marcan la diferencia entre uno y otro; por ejemplo, citó que las acusaciones realizadas por el legislador Ricardo Vanegas se refieren a cuatro consejeros en la designación del defensor del Pueblo y a otros cuatro consejeros en la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo.
Respecto a la modificación del reglamento para la designación del contralor del Estado, añadió que se demostrará que se tomaron decisiones amparados en la norma constitucional, norma orgánica y de jueces que han emitido sentencias constitucionales para observar el fondo de las atribuciones para ser perfectible un reglamento hasta antes de la convocatoria al concurso propiamente.
Consulta a la Procuraduría
Hernán Ulloa aclaró que para evitar que se agite más el escenario político aún no se ha remitido la consulta al procurador general del Estado, para establecer si una norma referente al Código de la Democracia también se refiere a la imposibilidad de iniciar un enjuiciamiento político durante el desarrollo de un proceso electoral teniendo en consideración de que cinco de los siete acusados son candidatos a la reelección.
La intención, añadió Ulloa, es que el procurador aclare la normativa establecida; pero que al momento se valora la pertinencia para remitir la consulta, pues no quieren “desafiar al poder político”.
Fuente: El Universo
