El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Hernán Ulloa, defendió este miércoles 26 de octubre de 2022 la designación de Juan Carlos Larrea como nuevo procurador General del Estado.
Ulloa sostuvo que Larrea fue el único que no recibió impugnación ciudadana en el proceso de selección, que se dio con base en una terna enviada por el presidente Guillermo Lasso.
El titular del Cpccs sostuvo que el hecho de que el funcionario designado haya tenido una acción en el Banco de Guayaquil no le impide ejercer el cargo.
“Eso no constituye una inhabilidad o una prohibición de ejercer como Procurador General del Estado. Así que en el lapso de que se haya planteado una impugnación también lo hubiéramos rechazado porque no implica un conflicto de intereses”, dijo.
El funcionario afirmó que a la Asamblea le corresponde la posesión de Larrea, tras puntualizar que el Cpccs defenderá su trabajo frente a la acción de protección que se ha presentado por este proceso.
Primera tarea para el nuevo Procurador
Ulloa acudió en horas de la mañana de este 26 de octubre a la Comisión de Fiscalización. En esa Mesa Legislativa escuchó las causales del juicio político que impulsan asambleístas de Pachakutik contra los siete integrantes de este organismo.
En declaraciones a la prensa, Ulloa mencionó que el organismo está analizando si es pertinente remitir o no una consulta al nuevo Procurador General del Estado, en virtud de que cinco de los siete consejeros buscarán la reelección en los comicios de 2023.
“La temática de la consulta es establecer si es que una norma del Código de la Democracia establece la imposibilidad de iniciar un enjuiciamiento político durante el desarrollo de un proceso electoral”, señaló.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (Creo), recordó que el Código de la Democracia blinda solamente a los candidatos en general que enfrentan juicios penales, y no a quienes enfrentan juicios políticos.
“Esto se trata de un procedimiento de fiscalización, es un juicio y es político. La Ley no da, ni así estirándola con toda la fuerza, con todo el cambio de autoridad que gusten, para poderse blindar”, enfatizó.
En el escenario de que la Asamblea resuelva la censura y destitución de los consejeros de Participación Ciudadana, mencionó que la candidatura quedaría inhabilitada o no podrán ejercer el cargo, si son reelectos.
Fuente: El Universo
