La Asamblea trabaja más horas desde el 24 de mayo (Fotos: Asamblea Nacional)
La Asamblea Nacional tuvo un intenso movimiento durante el año que termina. Sin embargo, el análisis debe establecer que hubo 2 fases bien definidas: la primera, hasta el 23 de mayo, y la segunda, desde el 24 de mayo en adelante.
En la primera etapa, los partidos Revolución Ciudadana (RC5) y Social Cristiano (PSC) disfrutaron de una mayoría. Sin embargo, las elecciones generales cambiaron la correlación de fuerzas, y el manejo pasó a manos del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados.
- LEER TAMBIÉN: Expectativa en Asamblea Nacional por comparecencia de Mario Godoy
- LEER TAMBIÉN: Por poco hay una pelea entre 2 legisladores en la Asamblea Nacional
Más legisladores
De acuerdo a la ley, el número de legisladores aumentó conforme el crecimiento poblacional. De 137 pasaron a ser 151. Bajo la presidencia de Niels Olsen, se establecieron horarios más estrictos de trabajo, e incluso multas para los parlamentarios ausentes o atrasados. Estas medidas permitieron una labor mucho más eficaz.
A partir del 24 de mayo, bajo una nueva administración, el Parlamento ha aprobado 18 leyes. Algunas de ellas fueron enviadas por el presidente Daniel Noboa, con el carácter de urgencia económica.
Entre las principales mencionamos la Ley Orgánica de Transparencia Social, la Ley de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional.
Por su condición urgente, la Asamblea tuvo un plazo perentorio –un mes- para tratarlas y aprobarlas.
La Ley Orgánica de Transparencia Social tiene como objetivo prevenir el mal uso de organizaciones sin fines de lucro, y su uso en actividades ilícitas, como lavado de activos. La Ley de Inteligencia regula el Sistema Nacional de Inteligencia. Y la de Integridad Pública busca fortalecer la contratación pública y la transparencia, reformando el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código Tributario.
Otras iniciativas aprobadas fueron las enmiendas constitucionales, para permitir la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador. Pero por su condición de tal, fue necesario una ratificación en una consulta popular, celebrada en noviembre, y en la cual el país se pronunció por el “NO” en los 4 temas planteados.
Otras iniciativas que tuvieron visto bueno fueron la Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes, respecto de la discriminación por edad en el sistema laboral, y la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.
Reformas
Adicionalmente, recibieron luz verde reformas importantes, como la de Movilidad Humana, la Erradicación de Violencia Laboral y la de Fortalecimiento de Áreas Protegidas.
- LEER TAMBIÉN: Expedido oficialmente el reglamento de la nueva Ley de Inteligencia
- LEER TAMBIÉN: Asamblea da paso al juicio político contra el exministro de Salud Jimmy Martin
En cambio, fueron archivados otras propuestas por diversas razones. El archivo implica que dicha propuesta ya no será tratada. En algunos casos por violentar normas constitucionales, por contravenir normas ya existentes, por sobreponerse a leyes o por incluir atribuciones que no corresponden a la Asamblea, como la creación o modificación de impuestos, potestad única del Ejecutivo.
Entre los temas archivados destacan el Proyecto de Ley de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, debido a que violentaban, la Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, y el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior: Archivada, según el portal de proyectos archivados.
La misma suerte corrieron el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento y Registro de Productores Agropecuarios, el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En su mayoría, eran planteamientos del correísmo.
Fiscalización
La tarea fiscalizadora estuvo bien diferenciada en el presente año.
En el 2024, y mientras gozó de mayoría, el principal objetivo de la RC5 fue impulsar un juicio político contra el entonces presidente Guillermo Lasso. El proceso se vino abajo con el decreto de la “muerte cruzada”.
Tras la ruptura con el régimen de Daniel Noboa, el correísmo llevó adelante varios juicios políticos, gracias a que Pamela Aguirre, una de sus representantes, presidía la Comisión de Fiscalización.
Sin embargo, de los procesos planteados, muchos no prosperaron. El más sonado fue a la entonces fiscal general, Diana Salazar, que no recibió los votos necesarios.
Igual sucedió con el proceso contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública y Gabinete Presidencial en el gobierno de Lasso. Idas y venidas no tuvieron éxito, y la causa fue archivada 2 veces.
Más éxito tuvo la causa contra Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, censurado y destituido.
Ya en el nuevo periodo, prosperó la interpelación a Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, no se llegó al mínimo necesario para la censura y destitución.
El comienzo del 2026 tendrá como protagonista al presidente de dicho organismo, Mario Godoy, cuestionado por supuestas amenazas recibidas por un juez anticorrupción, y por los vínculos de su esposa con narcotraficantes.
La causa está planteada. Dependerá de la mayoría proceder.
