Acatando la ley, las principales autoridades de control del país presentaron su rendición de cuentas, correspondiente al año 2023.
Participaron la fiscal general del Estado, Diana Salazar; el contralor, Mauricio Torres; y los principales directivos del Tribunal Contencioso Electoral; Consejo Nacional Electoral; Función de Transparencia y Control Social; Procuraduría; Defensoría Pública y Consejo de la Judicatura (CJ).
Fiscalía pide más personal
En su intervención, la fiscal, Diana Salazar, destacó la necesidad de incorporar más personal a su institución.
De acuerdo a los estándares internacionales, lo ideal es tener 8 fiscales por cada 100.000 habitantes. Actualmente solo hay la mitad, por lo cual, agregó Salazar, se requiere incorporar a otros 546 funcionarios, además de asistentes y personal de apoyo.
Junto con ellos, es necesario implementar otros tantos puntos de atención.
Pese a las graves dificultades económicas, en el 2023 se ejecutó más del 99% del presupuesto, que alcanzó 145 millones de dólares.
Salazar precisó que se atendieron el año pasado 383.060 denuncias.
Éxito en organización electoral
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, destacó los procesos democráticos realizados en el 2023: elecciones seccionales; el referéndum; la consulta popular en Sevilla Don Bosco; primera y segunda vuelta de las elecciones anticipadas; consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuní y Chocó Andino; y, la repetición de elecciones en la parroquia Calacalí.
Esto, dijo, pese a la estrechez presupuestaria.
Lucha contra la corrupción
En materia judicial, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, destacó la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Según Román, durante el 2023 se atendieron 1.218 causas relacionadas a esa materia.
Mayor control
De su lado, el contralor del Estado, Mauricio Torres, informó que durante el año pasado se ejecutaron 1.292 acciones de control a escala nacional. Asimismo, se emitieron emitido 7.346 resoluciones de responsabilidades administrativas o civiles, por un monto global que bordea los 293 millones de dólares.
Torres informó además que se establecieron 301 informes con indicios de responsabilidad penal, que se han remitido a la Fiscalía General del Estado.
Otras intervenciones correspondieron al Defensor Público, Ángel Torres; al representante de la Función de Trasparencia y Control, César Córdova; al procurador del Estado, Juan Carlos Larrea; y al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz.
