La Fiscalía General emitirá este viernes su dictamen oficial, sobre el denominado “Caso Reconstrucción de Manabí”.
El mismo estableció un presunto sobreprecio, en la contratación de ciertas obras para la reconstrucción de la citada provincia, a raíz del terremoto de abril del 2016.
Glas, principal implicado
Dentro del caso está señalado el exvicepresidente, Jorge Glas, como principal acusado. Glas está recluido en la Cárcel “La Roca”, de Guayaquil, la de mayor seguridad del país, desde abril pasado, pues debe cumplir 2 sentencias por los casos “Sobornos” y “Odebrecht”.
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También están procesados el exministro Walter Solís, y Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, comenzará a las 08h30 en la Corte Nacional de Justicia, octavo piso.
Este será el sexto intento de instalar la diligencia. Las anteriores fueron pospuestas por diversos motivos.
Malos manejos de fondos
De acuerdo a la Fiscalía, hubo malos manejos de recursos recaudados a los contribuyentes, por concepto del alza el IVA. Tales fondos debían destinarse a reconstruir la zona afectada por el terremoto.
Sin embargo, un informe de la Contraloría detectó irregularidades, en especial en los contratos suscritos para la construcción del Parque Las Vegas, ubicado en Portoviejo; y la construcción del proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento provino de los fondos de Ley de Solidaridad.
Dicha ley permitió recaudar 1.614 millones de dólares, que debían destinarse exclusivamente a la reconstrucción. Pero se priorizaron 584 proyectos, ejecutados por Ecuador Estratégico, MTOP, Inmobiliar y Secob, por más de 367 millones de dólares.
La investigación de Fiscalía determinó que varias de esas obras, no tenían relación con el objetivo de la Ley, y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto. Además, hubo abuso de fondos públicos en beneficio de terceros, tanto de personas naturales como jurídicas, que actuaron como contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.
