La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, recibió a Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía; Heriberto Medina, viceministro de Electricidad y Energía Renovable; y, María Limongi, viceministra de Minas.
El objetivo de la comparecencia se centró en explicar el Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica.
Manzano indicó que la iniciativa legal busca fortalecer la competitividad y el desarrollo territorial, destacando por primera vez la viabilización efectiva de las regalías mineras para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), las cuales deberán destinarse exclusivamente a inversión y no a gasto corriente, generando impactos directos en el bienestar de la ciudadanía.
Asimismo, indicó que el proyecto contempla la creación de distritos autónomos eléctricos para garantizar estabilidad energética y fomentar clústeres productivos y mineros; exige a los proyectos mineros contar con su propia generación de energía; y refuerza la lucha contra la minería ilegal mediante el establecimiento de zonas de seguridad.
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Aclaró que no se eliminan las licencias ambientales, sino que se armoniza la normativa con el Código Orgánico del Ambiente mediante autorizaciones administrativas, y se amplían los plazos de exploración para brindar mayor certeza a la inversión responsable.
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Por su parte, Heriberto Medina, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, señaló que la propuesta normativa del sector eléctrico responde a la necesidad de corregir vacíos legales declarados inconstitucionales y ampliar las causales para delegar proyectos al sector privado, especialmente en casos de retrasos, emergencias, incorporación de mejoras tecnológicas o mayor conveniencia económica para el Estado.
Añadió que se incorpora la figura de los distritos autónomos energéticos, que permitirán a uno o varios usuarios generar y operar su propia infraestructura bajo título habilitante y regulación estatal, sin afectar la rectoría pública.
En tanto, María Limongi, viceministra de Minas, indicó que la normativa se sustenta en tres objetivos principales: atraer inversión minera responsable bajo el marco regulatorio nacional, armonizar la normativa vigente y promover el desarrollo territorial.
