Equipos de rescata trabajan desesperadamente en el poblado de Kaokalm, a 600 kilómetros de Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, donde se estima que más de 2.000 personas quedaron sepultadas a consecuencia de una avalancha.
Muchos de los desaparecidos son desplazados, producto de los conflictos civiles que sufre el país.
El desastre ocurrió el pasado viernes, pero los graves daños causados por el alud en las vías de acceso, así como la inestabilidad del terreno, han retrasado el inicio de las labores de búsqueda.
La población queda en una zona remota del norte del país.
De acuerdo a los reportes, hasta ahora se confirman 670 personas fallecidas por el derrumbe, que podrían sumar muchas más conforme, avance la remoción de tierra en la región afectada.
El alud provocó una gran destrucción de edificios, jardines y ha generado un gran impacto en el sustento económico del país. La principal carretera de acceso a la mina de Porgera, la más importante del sector, está completamente bloqueada.
Todavía se desconocen las causas del deslave.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), proveyó asistencia médica a 6 supervivientes, incluido un niño.
El Ministerio de Defensa lidera el operativo de rescate, con apoyo de autoridades locales y provinciales.
Sin embargo, 4 días después del desastre, quedan pocas posibilidades de rescatar a ciudadanos con vida.
La tragedia coincide con una crisis del gobierno del primer ministro, James Marape, quien podría enfrentarse a una moción de desconfianza.
Papúa Nueva Guinea se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica, que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría de ellos moderados.
