También, 32 cuentas de ahorro y corriente han sido congeladas en el sistema financiero nacional, dentro de uno de los seis procesos por lavado de activos informados por la Fiscalía en el periodo de enero a septiembre de este 2023.
“Wilder S. sería el líder de la esta organización dedicada al lavado de activos, producto del narcotráfico, teniendo como antecedentes anteriores procesos judiciales por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes”, señala el informe judicial que menciona entre las causas una de junio del 2013 en la que Gato Farfán fue sentenciado como cómplice de Telmo C., alias Capi, nexo con el cartel de Sinaloa y asesinado en prisión en 2019. Los dos fueron detenidos mientras custodiaban un camión con 450 kilos de cocaína que debían entregarse en una pista clandestina en la vía Santa Lucía-Pichincha (Manabí).
Gato Farfán, aliado de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, fue condenado a tres años de prisión, pero no los terminó de cumplir, un juez le concedió la prelibertad en 2015. Dos años después, con $ 800 fundó la camaronera, que más tarde le traspasó a dos hermanos, aumentó su capital y compró dos carros, entre ellos un jeep Gladiator Rubicon del año 2021, blindado de color blanco, valorado en unos $ 200.000, además de dos viviendas rurales en Arenillas (El Oro), dos más en Urdaneta (Los Ríos) y dos haciendas en el cantón 24 de Mayo (Manabí).
La camaronera reportó ingresos por $ 2 millones, en el periodo 2017-2022, entre ellos “depósitos en efectivo” por $ 573.989 de parte de Wladimir J., un peluquero de 37 años que en 2011 registró ante el SRI un local comercial dedicado a “actividades de lavado, corte, peinado, teñido, ondulación y alisado de cabello”.
“De la verificación de campo realizada a la camaronera y de acuerdo con la dirección registrada en el RUC, se ubicó una oficina en la cual no se encontraba ninguna persona y que en la actualidad no ejerce ninguna actividad económica”, señala el reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad que figura como acusadora particular en el juicio de lavado de activos.
La empresa de Wilder S., quien fue detenido en Colombia en febrero pasado y quien espera su extradición a Estados Unidos, continúa activa. En los datos de la camaronera, registrados ante la Superintendencia de Compañías, consta el nombre de Mónica Ch., de 34 años y expareja de Wilder S. Ella figura en el SRI como dedicada a la construcción de edificios residenciales o viviendas y reportó, en el periodo 2017-2022, ingresos por $ 19.900 de su empleador, una empresa constructora, además de un patrimonio de $ 154.808.
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Mónica Ch. presenta otros ingresos por $ 133.207, que atribuye a doce clientes, entre ellos cuatro empresas y la camaronera. Y, en el lapso 2017-2022, compró bienes por $ 1.047.793, entre ellos un terreno ($ 22.280) en un balneario de Charapotó (Manabí), dos terrenos ($ 120.000) en Portoviejo (Manabí), una propiedad a nombre de sus dos hijos ($ 269.000) en Canoa (Manabí), otra propiedad ($ 143.642) en una urbanización en Samborondón (Guayas) y otra valorada en $ 492.871 a una empresa de inversiones. Esta última adquisición la realizó en 2019, a pesar de que ese año no tuvo ingresos, según el sistema financiero nacional.
A su vez, una constructora gerenciada por Mónica Ch., y constituida con $ 800 de capital en febrero del 2017, también adquirió bienes, entre ellos un terreno por $ 68.975 en el cantón 24 de Mayo (Manabí), un solar por $ 100.000 en una urbanización en Daule (Guayas), cuatro locales valorados en $ 890.000 en un centro comercial en la av. Samborondón (Guayas) y un terreno por $ 42.221 en otra urbanización de Daule (Guayas).
De estos bienes, algunos pasaron a la camaronera de Gato Farfán. La UAFE detectó que, por ejemplo, tres lotes en el cantón 24 de Mayo se vendieron luego a la camaronera por $ 450.000, y un cuarto lote se dio por $ 68.975. Una de las propiedades en Samborondón también pasó a la camaronera por $ 119.523. La constructora de Mónica Ch. también vendió a terceros un predio de 400 m² en $ 365.000, y compró siete camiones.
En la dirección reportada por esa constructura ante la Superintendencia de Compañías, en la av. Samborondón, no se ubicó dicha empresa. “De la verificación de campo realizada, no se pudo visualizar el establecimiento. Se tomó contacto con una persona que tiene negocio en la dirección registrada, quien indicó que esta empresa le arrienda el espacio físico y no tiene relación comercial con la misma”, señalaron los investigadores policiales.
La constructora no solo fue creada por la esposa de Wilder S., también por José A., a quien la Policía identifica como pareja sentimental de Diana M., fundadora de una empresa dedicada a la venta de vehículos, accesorios y repuestos.
Esta concesionaria reportó al SRI ingresos por $ 568.850 en el periodo 2017-2023, pero a la UAFE le presentó valores por $ 124.108. “De la verificación en campo realizada y de acuerdo a la dirección registrada en el RUC (en el norte de Guayaquil), no se pudo visualizar el establecimiento (..,) Se verificó un presunto inmueble donde funcionaría la empresa sin visualizar ningún letrero o distintivo con el nombre de la empresa”, señala el informe de UAFE.
En la nómina de empleados de la concesionaria figuró entre 2018 y 2022, Gladis S., quien también estuvo afiliada en ese periodo a la camaronera que creó Wilder S., y en la que ella fue accionista hasta el año pasado. Con el registro autorizado para dedicarse a la crianza de camarones, Gladys S. reportó ingresos al SRI por $ 200.991 y a la UAFE por $ 521.757. “Los ingresos declarados ante la administración tributaria son menores a los ingresos reportados al sistema financiero nacional”, concluyeron los analistas de lavado de activos. Además, ella adquirió bienes inmuebles en Guayas por más de $ 3 millones. Entre ellos dos predios en Samborondón: uno por $ 280.500 y otro de 3,8 hectáreas en Tarifa por $ 3,1 millones; además de una edificación en Daule.
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Gladis S. también integró la nómina de una empresa dedicada al transporte de carga pesada a nivel nacional, la misma que presentó en el periodo 2018-2022 ingresos al SRI por $ 1,6 millones, sin embargo, a la UAFE le reportó $ 863.965, es decir una diferencia de más de $ 770.000.
En la dirección registrada de esta transportista, en una urbanización en Daule, no se ubicó a ninguna persona. “La recepcionista del edificio indicó que no tiene conocimiento que dicho contribuyente se encuentre registrado en esa dirección”.
Una segunda empresa constructora también fue vinculada en esta trama de lavado de activos. Entre sus clientes y proveedores constan entre 2018 y 2020 Mónica Ch., la camaronera, la constructora, la concesionaria y la transportista. Los ingresos de la segunda constructora marcaron una diferencia de $ 510.861 entre los valores reportados al SRI ($ 545.861) y la UAFE ($ 35.000), la compañía tampoco fue ubicada en su sede, en la vía a Samborondón.
Tres hermanos de Gato Farfán, completan la estructura de lavado que la UAFE les identificó en Ecuador: Lenin, Deice y Milto. Lenin S., de 41 años y administrador de la camaronera, reportó ingresos al SRI por $ 897.015, mientras que en el sistema financiero nacional registró $ 1,4 millones, además de la compra de tres propiedades en Los Ríos por $ 115.000, dos volquetas y un camión.
Deice F., de 52 años, acumuló terrenos en el cantón Las Naves (Bolívar), Urdaneta (Los Ríos) y en la vía a Samborondón (Guayas). Sus reportes de ingresos tampoco coincidieron: al SRI presentó $ 424.123 y en el sistema financiero $ 952.958.
Lo mismo ocurrió con Milto S., de 45 años. Al SRI reportó $ 9.900 y a la UAFE $ 63.932. En cambio, adquirió bienes por más de $ 200.000, entre ellos dos lotes en Urcuquí (Imbabura) por $ 83.946 y $ 151.709, dos predios en Manta. Para construir una edificación en Urcuquí, se contrató a un arquitecto por $ 350.000, los pagos se hacían de acuerdo con el avance de obra y en diciembre pasado se liquidó el valor total.
Los abogados de Wilder S. defendieron “el origen lícito” de los dineros, pues señalaron que su representado se dedicaba a la crianza de camarones; mientras que la defensa de su expareja pidió que la orden de prisión sea reemplazada por otras medidas y que no se considere entre las incautaciones los bienes que figuran a nombre de sus hijos, pues al ser de su propiedad y de ella como su representante legal los menores no pueden ser procesados.
Lenin S. y Gladis S., en cambio, negaron que el dinero tenga origen ilícito. Mientras que el abogado de Milto S. señaló que “no existe ni un solo incremento en el patrimonio que provenga del señor Wilder S.”.
Milto se encuentra afiliado –argumentó su defensa jurídica- a la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, creencia religiosa que también profesa su hermano Wilder S., según declaró antes los jueces en una audiencia por narcotráfico en 2013.
