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CAL analiza hoy nuevo proyecto urgente enviado por el Ejecutivo

Imagen de Por: Fernando Castilla Fassio

Por: Fernando Castilla Fassio

Ultima actualización: 2025-05-29 12:32:21

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizará este jueves, el nuevo proyecto urgente enviado por el presidente Daniel Noboa, y que se denomina Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.

La iniciativa establece importantes reformas en el sistema de contratación pública, con miras a volverla rápida y transparente.

El CAL debe calificar la propuesta por mayoría de votos, y enviarla a la comisión respectiva, que sería la de Desarrollo Económico. La misma se encargaría de emitir sus informes para los 2 debates de rigor.

Informe previo
La Asamblea debe resolver 2 proyectos urgentes del Ejecutivo.

Como primer paso, la Unidad Técnica Legislativa (UTL) realiza el análisis del proyecto de ley, para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 136 de la Constitución. Es decir, que se refiera a una sola materia, que tenga la suficiente exposición de motivos, y si respeta los derechos y las garantías constitucionales.

En base a su informe, que no es vinculante, el CAL tomará una decisión.

De ser calificado, la Asamblea Nacional tendrá 30 días para aprobarlo o negarlo. En caso de no llegar a una decisión, el proyecto entrará en vigor por el ministerio de la ley.

Actualmente, la contratación pública abarca cada año 8.000 millones de dólares, equivalentes al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Las reformas pondrían fin a prácticas de corrupción.

Viernes, primer debate de Ley de Solidaridad Nacional
El informe fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea.

Mientras tanto, para este viernes quedó fijado el primer debate el Proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, remitido antes por el Ejecutivo, también con el carácter de urgencia económica.

Esta normativa busca desarticular la economía criminal.

El pleno analizará el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, que reconoce la necesidad de aplicar regímenes especiales en materias tributaria y penal.

El proyecto señala incentivos económicos para que el sector privado contribuya al sector público, mediante donaciones destinadas a combatir la delincuencia organizada, a cambio de deducciones tributarias.

En materia penal, endurece las sanciones contra los grupos armados.

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