El Consejo de Administración Legislativa (CAL) impuso una suspensión de 90 días sin sueldo a la asambleísta Mónica Palacios, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5).
La sanción es el resultado de la queja presentada por la legisladora Nataly Morillo, de Acción Democrática Nacional (ADN).
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Sin evidencias
Palacios fue denunciada por acusar sin evidencia alguna al presidente de la República, Daniel Noboa, y a su esposa, Lavinia Valbonesi, de un supuesto tráfico de influencias, con la empresa minera “Dundee Precious Metals”.
El CAL determinó que Palacios incurrió en faltas administrativas muy graves, contempladas en el artículo 171, numerales 3 y 5, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto es, “provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional, o las comisiones especializadas”, y “expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional, o de las comisiones especializadas”.
Esta es la primera vez que se sanciona a una asambleísta, con el máximo de días de suspensión.
El CAL se reunió para recibir las pruebas de cargo y de descargo, y llegó como conclusión a la suspensión ya mencionada.
La denuncia
La legisladora Murillo relató que durante la sesión 037 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, del 10 de septiembre pasado, durante el tratamiento del proyecto minero Loma Larga, situado en la provincia del Azuay, la legisladora correísta, con tono altisonante, n imputó públicamente un delito de tráfico de influencias al presidente Noboa y a su esposa.
Incluso mencionó una supuesta entrega de dinero a la “Fundación Ana”, que dirige Valbonesi.
Lejos de acatar el orden, la asambleísta del correísmo insistió en sus gritos, y en llamar la atención de los medios de comunicación, pero sin presentar pruebas de respaldo.
